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Durante mis doce años de actividad congresual he constatado dolorosamente que la infra representación de las mujeres nos coloca a las legisladoras en el doble reto de enfrentar los problemas de género relativos a salud reproductiva, violencia, discriminación, política, cultura, etc., al mismo tiempo en que luchamos por reducir los déficits en el cumplimiento de nuestras funciones y de lograr ejercerlas de una manera vinculante con los problemas que aquejan a toda la ciudadaní
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La diputada independiente Minou Tavárez Mirabal consideró alarmante que el 96 por ciento del presupuesto del capítulo Salud Colectiva, del Ministerio de Salud dominicano, se destine a los embarazos y a la maternidad de adolescentes, en lugar de que se inviertan más recursos para la prevención de este problema.
Sostuvo que la prevención sería la única manera de que estas niñas y jóvenes alcancen la adultez con la posibilidad de haber estudiado y tener mejores oportunidades de insertarse a la vida productiva.
“Es escandaloso el hecho de que se invierta 33 veces más en la atención a embarazos en adolescentes que en lo proyectado para prevenirlos. Y las estadísticas regionales dan igualmente cuenta de manera muy clara de la necesidad de implementar la educación y la prevención, especialmente en las poblaciones social y económicamente más vulnerables”, dijo.
Recordó que las cifras del Ministerio de la Mujer de la República Dominicana, de cada mil mujeres madres, 98 son adolescentes de entre 13 y 17 años que, en muchos casos han sido víctimas de violaciones.
Advirtió que esta situación coloca al país entre los cinco con más altas tasas de fecundidad en adolescentes en América Latina y el Caribe, solo superado por Nicaragua (109), Honduras (108), Venezuela (101) y Ecuador (100), según los mismos datos.
Recordó que según la Organización Panamericana de la Salud, en el 2010, la mortalidad materna entre mujeres embarazadas de 15 a 19 años en República Dominicana llegó a un 19%, casi una de cada cinco era una adolescente.
La legisladora habló en la Asamblea Regional de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF).
A continuación el discurso completo de Minou Tavárez Mirabal:
Muy buenos días
Ante todo quisiera saludar a todos los delegados y delegadas de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF) aquí presentes y agradecer la confianza puesta en mí para compartir con ustedes unas palabras en este encuentro.
Para mí, como legisladora, integrante de la Comisión de Asuntos de Género de la Cámara de Diputados y en su momento asambleísta en el proceso de reforma de la Constitución firmada en el año 2010, pero sobre todo como mujer, el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres no solamente en mi país sino a nivel global ha sido de constante preocupación y reflexión.
Durante mis doce años de actividad congresual he constatado dolorosamente que la infra representación de las mujeres nos coloca a las legisladoras en el doble reto de enfrentar los problemas de género relativos a salud reproductiva, violencia, discriminación, política, cultura, etc., al mismo tiempo en que luchamos por reducir los déficits en el cumplimiento de nuestras funciones y de lograr ejercerlas de una manera vinculante con los problemas que aquejan a toda la ciudadanía.
Lo cierto es que mantener vivo el tema que hoy nos ocupa en las agendas legislativas es una prioridad a nivel global, lo mismo que trabajar para garantizar que los Estados cumplan su deber de entregar un abanico de políticas que no tengan más limitaciones que el bien común, para que los ciudadanos y ciudadanas puedan elegir, ser efectivamente libres.
En nuestro país, por ejemplo, el 96% del presupuesto de salud colectiva del Ministerio de Salud Pública se invierte en atención al embarazo y maternidad en adolescentes, a sabiendas de que la prevención sería la única manera de que estas niñas y jóvenes alcancen la adultez con la posibilidad de haber estudiado y tener mejores oportunidades de insertarse a la vida productiva.
Es escandaloso el hecho de que se invierta 33 veces más en la atención a embarazos en adolescentes que en lo proyectado para prevenirlos. Y las estadísticas regionales dan igualmente cuenta de manera muy clara de la necesidad de implementar la educación y la prevención, especialmente en las poblaciones social y económicamente más vulnerables.
De acuerdo con las cifras del Ministerio de la Mujer de la República Dominicana, de cada mil mujeres madres, 98 son adolescentes de entre 13 y 17 años que, en muchos casos han sido víctimas de violaciones.
Esto coloca al país entre los cinco con más altas tasas de fecundidad en adolescentes en América Latina y el Caribe, solo superado por Nicaragua (109), Honduras (108), Venezuela (101) y Ecuador (100), según los mismos datos.
Según la Organización Panamericana de la Salud, en el 2010, la mortalidad materna entre mujeres embarazadas de 15 a 19 años en República Dominicana llegó a un 19%. Es decir, casi una de cada cinco era una adolescente.
Según datos de las diversas encuestas de salud del país, las deficiencias en la provisión de servicios requeridos por los adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva se expresan en el menor uso de anticonceptivos declarado por las embarazadas adolescentes (84%, en comparación con 35% por parte de las no adolescentes). El porcentaje de nacimientos en adolescentes de 15 años ha ido aumentando notablemente: fue de 1.6% en 1991, 2.6% en 1996, 3.2% en 2002 y 4.4% en 2007. Es decir, ha ido en aumento.
Las adolescentes que se embarazan son las de menor nivel educativo, las más pobres y las que viven en zonas rurales, por lo que en la región sur, la más pobre del país, el índice es de 33.3 por ciento y en el Cibao (norte), de 11.4 por ciento.
Estos números demuestran la profundidad y el alcance del problema, y la necesidad urgente de promover cambios en legislaciones, políticas y/o programas que garanticen la reducción de un flagelo que evidencia la violación de derechos de las mujeres, y nos pone ante la obligatoria faena de construir Estados más democráticos.
A pesar de que desde el 2012, el gobierno Dominicano puso en marcha el Plan Nacional de Prevención del Embarazo en la Adolescencia, cuya ejecución está prevista hasta 2016, los avances se van manifestando de manera muy lenta. Lentitud que resulta una cuestión permanente cuando se trata de derechos, cuando se trata de mujeres y cuando se trata de Estados y gobiernos que hacen de la restricción de los derechos su práctica favorita.
De igual manera se quiere desarrollar un sistema de información y estadísticas sobre salud sexual y salud reproductiva de los adolescentes, en virtud de que América Latina, se encuentra entre las regiones con mayor número de embarazos en adolescentes. Los hechos revelan que las cifras que se invierten en la República Dominicana en atenciones de salud relacionadas con el embarazo en menores de edad (más de 2,100 millones de pesos, unos 48.2 millones de dólares) continuarán creciendo mientras no se garantice la información, educación y prevención.
Hoy se termina la presente legislatura en el Congreso Nacional. Deberíamos estar celebrando la aprobación de un nuevo Código Penal en nuestro país que, luego de largos años de discusión, significara entre otros muchos avances, la incorporación de la figura del feminicidio y la adopción del “Estado de Necesidad” para permitir la interrupción del embarazo cuando esté en peligro la vida de la madre. Al margen de principios y procedimientos democráticos, el Senado, cediendo a los tradicionales chantajes y presiones por parte de sectores religiosos sobre su presidente, eliminó esta razonable modificación.
Esos intentos de dominación de sectores francamente perversos que se empecinan en utilizar el poder coercitivo del Estado para imponer políticas inquisidoras, se manifiestan igualmente organizando marchas y manifestaciones para exigir restricciones de derechos fundamentales a la comunidad LGBT, con argumentos tales como que su existencia es contraria a las creencias religiosas y a los valores familiares.
Preocupa constatar que no sólo en mi país y en nuestra región se están viendo casos como estos en que los avances en el tema se han detenido y en muchos casos los derechos están siendo restringidos.
Afortunadamente no todas son malas noticias. También es importante celebrar los avances y las conquistas.
En Chile, uno de los cinco países donde la interrupción del embarazo es penalizada, la Presidenta Bachelet ha declarado que en el segundo semestre de este año la despenalización podría convertirse en ley. En ese país, el Congreso ha sometido un proyecto que despenalice la interrupción del embarazo bajo las causales de riesgo de vida de la madre, violación o inviabilidad fetal, tal y como intentamos conseguir en nuestro país durante la reforma de la Constitución vigente desde el 2010, encontrándonos de frente con el muro de los prejuicios religiosos, de la preeminencia precisamente de las Iglesias mayoritaria, de la ausencia de políticos y políticas progresistas y el protagonismo de quienes equivocadamente hacen cálculos electorales con la vida de las mujeres y actúan demostrando ante todos y todas su escasa sensibilidad acompañada de un exceso de cobardía.
En Perú, ya tienen un avance concreto en este sentido. Luego de 90 años, el Estado aprobó un protocolo para el procedimiento cuando la vida de la madre peligra. Desde 1924, el Código Penal autorizaba la interrupción del embarazo cuando está en riesgo la vida de la madre o para evitar un mal grave y permanente. Sin embargo, ante la falta de un protocolo que estandarizara el procedimiento, en algunos establecimientos esta opción era denegada por temor a posibles incriminaciones, dada la falta de un procedimiento regulado por el ministerio de Salud.
En cuanto a la Agenda Post-2015, actualmente en negociación, el Grupo de Trabajo Abierto (OWG, en inglés) que presentará las Metas de Desarrollo Sostenible en la Asamblea General de Naciones Unidas el próximo mes de Septiembre de 2014, se aspira que sean mucho más concretas y claras que los Objetivos del Milenio así como que cuente cada una con indicadores y objetivos para el año 2030.
La Meta/Objetivo 5 “Lograr la equidad de género y el empoderamiento de la mujer y las niñas en todas partes”, por ejemplo, tiene seis indicadores, entre los que se incluye la eliminación de “todas las prácticas tradicionales nocivas como el matrimonio infantil y forzado y la mutilación femenina, así como asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y a los derechos reproductivos conforme al Programa de Acción del CIPD y la Plataforma de Acción de Beijing.
Como algunos saben, además de ser diputada al Congreso de la República Dominicana, desde casi el inicio de mis funciones pertenezco a Parlamentarios para la Acción Global (PGA), una importante organización internacional que agrupa legisladores de todo el mundo. En la actualidad soy Presidenta del Consejo Internacional de esta organización que está jugando un rol determinante en cuanto a legislaciones que combatan la violencia intrafamiliar y de género, y que garanticen a las mujeres los derechos reproductivos y sexuales, y los de toda índole. Hasta el momento, los puntos siguientes han constituido una agenda importante para PGA:
Movilización de legisladores a nivel global y nacional con el objetivo de avanzar los compromisos internacionales en derechos humanos, en particular: el empoderamiento de la mujer, la protección y la prevención de la violencia en contra de las niñas y mujeres, y la equidad de género.
Dar visibilidad al tema y alentar la participación activa de los legisladores a nivel internacional y regional.
Campaña Parlamentaria para Prevenir y Eliminar las Prácticas Tradicionales Nocivas como el Matrimonio Infantil y Mutilación Genital Femenina iniciada en 2014. El enfoque integral de la Campaña incluye abogacía por los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y las mujeres; el acceso a servicios de salud integrales y de calidad, a la educación en la materia para prevenir embarazos no deseados y la trasmisión de enfermedades venéreas, etc.
Se realizó una actividad en el Parlamento de Ghana, en la ciudad de Accra el 3 y 4 de marzo de 2014, con la participación de legisladores de Ghana, Kenia, Liberia, Tanzania, Sierra Leona y Zimbabue. En la clausura, los legisladores se comprometieron a trabajar con líderes religiosos y comunitarios para prevenir el matrimonio infantil, promover programas educativos que sensibilicen a las comunidades acerca de la práctica y revisar la legislación actual a fin de armonizarla con las obligaciones internacionales en la materia.
El camino es ancho y largo, y sin dudas nos encontramos con muchos obstáculos. Por eso es fundamental la labor que en nuestro país realiza PROFAMILIA, una labor titánica, en medio de la soledad que acompaña siempre a los visionarios y de las presiones y chantajes de quienes quieren imponer sus doctrinas y creencias, una labor orientada a endosar de manera efectiva la observancia y garantía de los derechos que vamos adquiriendo con mucho trabajo. Y por eso debemos, las legisladoras, las mujeres políticas seguir apoyando su trabajo, así como saludar que actividades como esta sean realizadas en nuestro país.
Los fundamentos que rigen los derechos sexuales y reproductivos, tanto a nivel regional como global, establecen claramente que son derechos humanos y que los Estados deben, por tanto, disponer de servicios integrales y gratuitos de salud sexual y reproductiva para las mujeres y facilitar los recursos educativos e informativos sobre esa materia.
Es imprescindible promover su conocimiento para un mayor empoderamiento de los ciudadanos y ciudadanas en especial las mujeres y las personas jóvenes de países como los nuestros, cuyas estadísticas reflejan inmensas lagunas en el cumplimiento de lo que deben ser prioridades para nuestros Estados: el cumplimiento de la ley, garantizar las libertades fundamentales y asegurar la progresividad de los derechos de las humanas y los humanos.
Sobre los temas que nos convocan hoy y sobre todos aquellos asuntos que claman justicia, tenemos que comenzar a abandonar nuestra aparente ingenuidad. Nada podemos esperar de quienes nunca nos han dado nada que no sea sufrimiento, engaños e injusticia. Tenemos que caminar lo nuevo. No es suficiente el acercamiento con quienes toman decisiones, es la hora de cambiar a quienes toman esas decisiones. Sólo así construiremos de manera efectiva una verdadera democracia que nos reconozca los derechos tantas veces negados.
Muchas gracias,
Minou Tavárez Mirabal
