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Garantizar que los presupuestos nacionales asignen recursos adecuados a programas y políticas que den respuesta a las necesidades de las personas LGBTI en toda su diversidad.
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Incluir y promover el debate sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género dentro del marco de los mecanismos de cooperación regional existentes y facilitar el intercambio de información y las mejores prácticas entre los países miembros.
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Monitorear la implementación de planes y políticas gubernamentales que promuevan la igualdad y la no discriminación, y asegurarse de que respondan específicamente a las necesidades de las personas LGBTI.
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Monitorear y supervisar la capacitación y las acciones de las instituciones públicas (incluida la policía) relacionadas con los derechos y la inclusión de las personas LGBTI y, si surgen inquietudes significativas, considerar la posibilidad de convocar a una consulta parlamentaria.
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Exhortar a los gobiernos a proteger a los activistas LGBTI que enfrentan amenazas de violencia o muerte.
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Identificar barreras sistémicas a la igualdad creadas por la implementación de políticas, planes o leyes particulares.
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Garantizar la asignación de recursos adecuados para las leyes y políticas existentes que defiendan el respeto a los derechos humanos de las personas LGBTI y garantizar su eficacia.
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Colaborar con Instituciones Nacionales de Derechos Humanos para zanjar la brecha entre la sociedad civil y el gobierno.
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Promover una cultura de cumplimiento con las obligaciones de notificación en virtud de los tratados de derechos humanos, protocolos, revisiones especiales, etc.
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Fomentar la inclusión de las personas LGBTI en los planes nacionales de desarrollo y los informes sobre ODS, lo que incluye apoyar la participación de movimientos y organizaciones LGBTI juveniles en la implementación, seguimiento y responsabilidad por los ODS.