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Maharashtra se ha convertido en el segundo estado de la India en establecer un Comité de Bienestar y el primero en establecer un instituto cultural (en proceso) dedicado a la comunidad transgénero. Estos desarrollos positivos se produjeron luego de una consulta pública de 2013, apoyada por el PNUD, que llevó a miles de personas transgénero a interactuar directamente con el Primer Ministro y otros representantes gubernamentales con el fin de analizar las necesidades específicas de la comunidad transgénero en relación con el bienestar.
La comunidad transgénero, una minoría visible en la India, sigue estando en los márgenes de los programas de desarrollo y bienestar, con poco acceso a bienes y servicios públicos. El gobierno estatal de Maharashtra está tratando de abordar estas brechas por medio del Comité de Bienestar, que brindará vías para la educación formal, la ampliación del empleo y las oportunidades de trabajo por cuenta propia, llevará adelante programas de salud y proporcionará ayuda legal a la comunidad.
La Profesora Varsha Gaikwad, Miembro permanente de la Asamblea Legislativa de Maharashtra, desempeñó un rol importante al incluir a los trabajadores y las trabajadoras sexuales y las personas transgénero en las deliberaciones para la Política sobre la Mujer propuesta en Maharashtra. Cuando la Profesora Gaikwad era Ministra de Desarrollo de la Mujer y la Infancia del Estado, representantes de la comunidad transgénero elaboraron una presentación detallada para la ministra que resaltaba la falta de establecimientos de salud y educación para la comunidad transgénero. La Profesora Gaikwad formó un comité que incluyó a miembros del parlamento, la asamblea legislativa y organizaciones no gubernamentales para que emprendieran un ejercicio de revisión. Ordenó que ese comité incluyera a representantes de la comunidad de trabajadores sexuales y personas transgénero para que sus inquietudes se vieran plenamente reflejadas en el documento de la política. La redacción de la Política sobre la Mujer de Maharashtra concluyó y fue aprobada por el gabinete estatal el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2015.
En este vídeo se documenta el proceso:
En 2011, el Congreso Nacional de la República Dominicana aprobó una Ley sobre VIH y SIDA que representó un hito en la historia del país. La ley creó un Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA), un organismo multisectorial responsable de coordinar y llevar adelante la respuesta nacional al VIH. La sociedad civil y representantes de poblaciones clave, en particular personas que viven con VIH, habían trabajado codo a codo con los comités existentes del Senado y la Cámara de Diputados para lograr este resultado. Las personas que viven con VIH y los grupos vulnerables, como las mujeres, los jóvenes y las personas LGBTI, ganaron voz y voto a través de CONAVIHSIDA.
En 2012, un político progresista, Víctor Terrero, fue designado Director Ejecutivo de CONAVIHSIDA. En junio de 2013, con el liderazgo de Terrero, CONAVIHSIDA celebró un Diálogo Nacional sobre VIH y la Ley con el apoyo del PNUD y ONUSIDA. Una de las recomendaciones del diálogo fue crear una Ley de Igualdad y No Discriminación.
Una ley así impediría la exclusión social, la estigmatización y la discriminación en línea con la Constitución Dominicana, que reconoce la igualdad de todas las personas ante la ley, y con los instrumentos internacionales.
Terrero coordinó el establecimiento de un comité de trabajo multisectorial para la preparación de la versión preliminar de la Ley de Igualdad y No Discriminación, que se convirtió en un grupo permanente conocido como Grupo Nacional para la Eliminación de Toda Forma de Estigmatización y Discriminación (o GRUNEED). El GRUNEED tiene la misión de promover, diseñar e implementar políticas y regulaciones integrales para fomentar la igualdad y la no discriminación. El GRUNEED representa a todos los actores interesados y los sectores involucrados en la respuesta nacional al VIH y a aquellos agentes que trabajan en la estigmatización, la discriminación y los derechos humanos en el país.
Luego de la adopción del Plan de Acción de Santo Domingo por legisladores en el seminario de PGA Protegiendo los Derechos Humanos, Combatiendo la Discriminación y Abordando el VIH/SIDA en Personas con Diversas Orientaciones Sexuales e Identidades de Género, y para generar sinergias con el parlamento, Terrero alentó a los legisladores conocidos por su trabajo en materia de derechos humanos y protección de los más vulnerables a participar en el GRUNEED. PGA también está brindando asistencia técnica a dicho grupo.
La participación pública y los esfuerzos de defensa en torno a la Ley de Igualdad y No Discriminación propuesta han creado un espacio para que los representantes de la comunidad LGBTI se involucren en la toma de decisiones. La legislación propuesta es un objetivo tanto del Plan Nacional de Derechos Humanos 2015-2020 como del Plan de Gobierno 2016-2020. Esta propuesta para la primera ley en la República Dominicana que incluya artículos sobre orientación sexual e identidad de género marca un gran logro nacional.
La campaña Por el Derecho a una Educación Inclusiva ha publicado un folleto (en inglés) que recopila algunos de los materiales de evidencia y defensa utilizados para la campaña. El folleto fue entregado a todos los miembros del Parlamento escocés en 2015.
El historial de Escocia en asuntos LGBTI en materia de educación presenta estadísticas que incitan a la reflexión. Informes recientes indican que el 54 por ciento de los alumnos LGBTI no se sienten parte de sus comunidades escolares, y un 71 por ciento falta a la escuela regularmente. El 54 por ciento de quienes experimentan un acoso homofóbico directo se autolesionan y un alarmante 26 por ciento ha intentado suicidarse.
Aprovechando una ola de activismo político tras el referendo de Escocia de 2014, dos activistas, Jordan Daly y Liam Stevenson, lanzaron la campaña Por el Derecho a una Educación Inclusiva (Time for Inclusive Education, TIE) que se propuso convertir la educación LGBTI en un requisito del plan de estudios de las escuelas escocesas. Esto impediría que las escuelas optaran por no aplicar los programas LGBTI, cosa que ahora pueden hacer libremente, y establecería una base firme para un ambiente más inclusivo, seguro y protector para los alumnos LGBTI.
Para asegurar una acción política en todo el país, la Campaña fue llevada al parlamento. Se presentó una petición electrónica ante el Comité de Peticiones Públicas de Escocia que convocó al Parlamento Escocés a "instar al gobierno de Escocia a hacer que la enseñanza de temas y asuntos LGBTI+ fuera obligatoria en todas las escuelas, con la introducción de un programa educativo totalmente inclusivo y diverso que aborde, reconozca y destaque cuestiones relacionadas con la comunidad LGBTI+ de una manera positiva y progresista".
Aunque la petición obtuvo un gran apoyo del público y una cálida recepción de los Miembros del Comité de Peticiones Públicas, en última instancia fue rechazada. El Comité explicó su decisión diciendo que: "si bien simpatizamos con la petición, el solicitante pide que se consagre algo en el plan de estudios, y eso no va a ocurrir. Sin embargo, se plantearon una serie de cuestiones que el comité decidió seguir tratando por lo que se solicitó un análisis integral de la situación".
Al darse cuenta de que no era posible hacer cambios en el plan de estudios en ese momento, la Campaña cambió su estrategia. Habida cuenta del amplio apoyo de base que había logrado la Campaña TIE (incluyendo un respaldo unánime de los sindicatos del sector público y el sindicato de docentes más grande de Escocia), la Campaña por una Educación Inclusiva se dirigió a los partidos políticos. Los alentó a adoptar la capacitación docente para LGBTI en sus manifiestos para las elecciones del 5 de mayo de 2014, convenciendo a los candidatos aspirantes a bancas parlamentarias de que esto resonaría con el electorado. En la actualidad, los manifiestos de los partidos políticos de los partidos líderes de Escocia han incluido la propuesta de capacitación docente sobre LGBTI de la Campaña TIE en sus promesas electorales. En adelante, esto garantiza una sólida plataforma parlamentaria para la acción sobre cuestiones LGBTI en materia de educación.