Parlamentarios y parlamentarias impulsando reformas legislativas progresistas

Aquí puede encontrar una entrevista (en inglés) con la defensora de los derechos humanos María Rachid, en la que habla de la experiencia de aprobar el matrimonio igualitario en Argentina.

Algunos acontecimientos nacionales clave en los primeros años del siglo XX convencieron a un grupo de organizaciones LGBTI en Argentina de que había llegado el momento de promover los derechos civiles de la comunidad LGBTI del país. Estos incluían el reconocimiento de que los derechos de las familias compuestas por parejas del mismo sexo son iguales a los de las familias tradicionales y la aprobación del matrimonio igualitario y las leyes de identidad de género en España, un país que, como Argentina, tiene una fuerte presencia de la Iglesia Católica.

La Federación LGBT de Argentina nació en 2005 dentro de este contexto. La Federación, junto con la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTTA) convocó a: a) aprobar la ley de identidad de género y matrimonio igualitario; b) derogar las leyes que criminalizaban la homosexualidad y el travestismo; c) incluir las cuestiones de diversidad sexual en los planes de estudio para la educación sexual integral; y d) adoptar una nueva ley antidiscriminación. La estrategia planeada para estas acciones fue sencilla: avanzar desde todos los frentes posibles.

La ley de matrimonio igualitario fue el elemento que se encontró con menor oposición y fue seleccionada como punta de lanza de la campaña pública que sirvió como enlace para la propuesta y la aprobación de la ley de identidad de género. La primera versión del proyecto de ley de matrimonio igualitario se presentó en 2005 y la primera sobre identidad de género en 2007. Ambas propuestas llevaban la firma de al menos un delegado de cada bloque político representado en el parlamento.

El objetivo era asegurarse el apoyo y el compromiso activo de todos los ministros. Se organizaron varias reuniones con los ministros y los secretarios más cercanos a la causa. A través de ellos, se llegó a otros ministros en un efecto bola de nieve que dio lugar a una reunión con el Jefe del Gabinete de Ministros. Se establecieron dos grupos de trabajo para garantizar un diálogo continuo entre los parlamentarios y obtener apoyo para los proyectos de ley entre los diferentes partidos políticos.

Otro ángulo fue un plan de promoción que se acordó con organizaciones LGBTI con sede en otros países. Cuando el Presidente de Argentina se encontraba en misiones oficiales en el extranjero, estas organizaciones solicitaban audiencias con el Presidente, y aprovechaban la oportunidad para abogar por las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género en Argentina.

La estrategia hacia el poder judicial se dirigió principalmente a litigios estratégicos. Se presentaron ante los tribunales más de 100 casos relacionados con matrimonio igualitario y más de 100 casos sobre identidad de género. Las autoridades judiciales tuvieron que decidir si denegar la identidad a las personas transgénero violaba dos disposiciones de jurisprudencia fuertemente enraizadas en Argentina: el derecho a la autonomía y el derecho a la identidad, un concepto que había sido definido por la jurisprudencia argentina como el "derecho a ser uno mismo y no otra persona".

Los casos judiciales desencadenaron numerosos debates en el Congreso. Al mismo tiempo, brindaron una oportunidad de compartir historias únicas, de la "vida real", de ciudadanos que buscaban el reconocimiento de sus matrimonios o sus identidades de género. Una y otra vez, las autoridades judiciales señalaron que el derecho de las personas a su identidad debería basarse solamente en la expresión de su voluntad y no en signos o elementos externos, como informes médicos, testimonios de testigos, etc. Estas declaraciones judiciales recalcaron el mensaje de que el cambio jurídico de identidad de género debía ser un simple y sencillo proceso administrativo, que solo exigiese la expresión de la voluntad de la parte interesada. Esta visión fue mantenida luego en la ley aprobada.

Tanto la Federación LGBTI como la ATTTA establecieron una alianza exitosa con los medios de comunicación masivos. Un grupo de periodistas y cronistas que apoyaban la causa tuvieron, sistemáticamente, la máxima prioridad para cubrir las noticias y las historias de las personas que llevaban adelante acciones jurídicas. Se produjo una guía periodística sobre la ley de identidad de género como un mecanismo para promover mensajes positivos dirigidos a la población en general. Entablar relaciones estrechas con los integrantes de los medios de difusión fue fundamental para crear un entorno favorable dentro del discurso público a las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género.

A lo largo de años de intenso activismo, la Federación LGBTI y la ATTTA incorporaron más actores y aliados estratégicos a la lucha: sindicatos de trabajadores, miembros de la academia, centros de estudiantes, personalidades públicas y miembros de diversas organizaciones religiosas. Representantes de todos estos segmentos de la sociedad respaldaron públicamente el proyecto de ley, uniéndose por la misma causa, en una sola voz.

Finalmente se alcanzó el éxito cuando se aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario en julio de 2010. Los preparativos para una campaña legislativa en pos de la aprobación de la Ley de Identidad de Género comenzaron de inmediato, y la primera firma en apoyo del proyecto de ley vino directamente del Jefe de Gabinete de Ministros. Una vez más, la campaña fue fructífera y la Ley de Identidad de Género se aprobó en el Senado en mayo de 2012. En este caso fue aprobada casi por unanimidad.

En 2014, la Federación de Bosnia y Herzegovina (FBiH) se mantenía como la única unidad administrativa en Bosnia y Herzegovina que no abordaba los delitos de odio en su Código Penal. El Grupo de Mujeres Parlamentarias de la Cámara de Diputados de FBiH trabajó activamente en nombre de una coalición de la sociedad civil que combatía el discurso discriminatorio y los delitos de odio para elaborar una enmienda al Código Penal que incluyese disposiciones sobre delitos de odio por razón de la orientación sexual y la identidad de género. En 2014, El Grupo de Mujeres Parlamentarias presentó al parlamento de FBiH un proyecto de Ley de Enmiendas al Código Penal. En febrero de 2016, se adoptó en la Cámara de Diputados de la Legislatura en Sarajevo el proyecto de Ley de Enmiendas al Código Penal.

Las nociones culturales acerca de que la homosexualidad era "no africana" fueron desafiadas con éxito en julio de 2015 cuando el Parlamento de Mozambique aprobó un nuevo Código Penal que descriminalizó la homosexualidad. Muchos parlamentarios y parlamentarias consideraron esta aprobación un factor fundamental, dado que la criminalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo viola los derechos a la privacidad y a la no discriminación, ambos protegidos por la legislación internacional, y constituye un incumplimiento sustancial de los Estados de su obligación de proteger los derechos humanos de todas las personas y el principio de igualdad de todos ante la ley.

Las personas involucradas en el proceso de Mozambique compartieron algunas de las lecciones aprendidas sobre cómo puede usted como parlamentario o parlamentaria lograr un cambio:

• Colabore y forme asociaciones. Pida a organizaciones como PGA o agencias multilaterales asistencia técnica y oportunidades de establecer contactos con parlamentarios y parlamentarias de otros países involucrados en la lucha por la igualdad y la no discriminación.

• Benefíciese de la experiencia de países vecinos para ayudar a desarrollar argumentos y ofrecer ejemplos concretos de reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBTI.

• Inicie consultas parlamentarias, mociones, resoluciones y declaraciones en apoyo a la reforma legislativa (es decir, medidas de protección contra delitos de odio) y la despenalización, especialmente en lo que respecta a leyes anticuadas e incompatibles con los derechos humanos.

La violencia contra los miembros de la comunidad LGBTI y la impunidad de los ataques perpetrados por agentes privados, particularmente bandas y la policía, son un problema continuo en El Salvador. El sistema de justicia penal no ha logrado reconocer e investigar los delitos de odio hacia las personas LGBTI, dejando así a los individuos en un estado de vulnerabilidad a los ataques y sin recursos legales. En particular, las personas transgénero han sido blanco de asesinatos brutales. La mayoría de estos casos no se investigan y ninguno ha dado lugar a un procesamiento judicial exitoso.

En septiembre de 2015, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma del Código Penal que aumenta las sanciones por asesinatos (artículo 129) y amenazas (artículo 155) motivados por el odio, incluidos los prejuicios basados en la raza, etnicidad, punto de vista político, religión, género, identidad y expresión de género, orientación sexual o cualquier otro equivalente.

Según Karla Avelar, Directora Ejecutiva de COMCAVIS TRANS, una organización de derechos LGBTI de El Salvador, "Este es el comienzo de todas las otras reformas que debemos lograr en este pequeño país". (En este artículo en inglés puede leer más sobre la inspiradora historia personal de Karla Avelar).

El caso de El Salvador muestra que proteger los derechos de todos los grupos vulnerables, e incluir a la orientación sexual y la identidad y expresión de género dentro de un conjunto de categorías, puede ser un buen método para garantizar las protecciones. La inclusión de una variedad de motivos para la protección, como la raza, la etnicidad, la religión y el género, puede ayudar a obtener más apoyo
de otros sectores de la sociedad y a reunir la mayoría necesaria para aprobar las reformas.

En Uruguay se aprobó una ley sobre uniones civiles en 2007. Dos años más tarde, se aprobó una nueva ley de protección de los niños, que hizo posible la adopción por parte de parejas gay. Ese mismo año, también se sancionó la Ley de Identidad de Género. Seis años más tarde, en abril de 2013, Uruguay aprobó la ley de matrimonio igualitario. Esta ley había sido promovida desde 2011 por grupos de la sociedad civil, y la primera versión fue redactada por Ovejas Negras, el colectivo LGBTI nacional.

Varios factores influyeron en el resultado positivo. En primer lugar, el proyecto de ley de la sociedad civil era técnicamente sólido y estaba bien documentado, al haber sido desarrollado por profesionales del derecho con amplio conocimiento sobre la legislación de derechos humanos. En segundo lugar, Uruguay tiene un movimiento de la sociedad civil muy bien informado y organizado. En tercer lugar, hay una gran cantidad de jóvenes políticos que promueven reformas legales innovadoras y progresistas y que también son miembros del parlamento y los partidos políticos. En cuarto lugar, la aprobación de la ley se benefició de un contexto internacional y regional favorable, en particular, por las experiencias positivas de otros países como Argentina y España. Por último, el programa del gobierno apoyaba legislación progresista.

Asimismo, encuestas públicas realizadas a la población en general demostraron un fuerte apoyo a las nuevas leyes. Además, la mayoría de los medios de comunicación respaldaron los avances legislativos y no expresaron opiniones negativas acerca del proyecto de ley de matrimonio igualitario. Al contrario, la primera boda gay en Uruguay fue cubierta por más de 100 medios.

Gracias a la reforma legislativa, el Ministerio de Educación y Cultura creó una comisión en contra de la homofobia. La Ley de Matrimonio Igualitario también dio lugar a la creación de oficinas de derechos humanos, como la Secretaría de Diversidad Sexual en el Ministerio de Desarrollo Social y una oficina similar en la municipalidad de Montevideo. El Ministerio de Desarrollo Social ahora tiene una Política de Protección Social para Grupos Vulnerables, incluidas las personas LGBTI y los trabajadores y las trabajadoras sexuales. Se han establecido acuerdos entre una facultad de psicología y el Ministerio de Desarrollo Social para brindar asistencia psicológica a la comunidad LGBTI.

Leer más: artículo (en inglés) sobre la legislación en Vietnam que permite a las personas que se han sometido a una cirugía de reasignación registrarse bajo un género nuevo.

El 24 de noviembre de 2015, la Asamblea Nacional de Vietnam votó unánimemente proteger los derechos de las personas transgénero consagrando en el Código Civil el derecho de reconocimiento de género de quienes se han sometido a una cirugía de reasignación de sexo. La nueva disposición es un gran paso adelante en la protección de los derechos humanos de las personas transgénero y se hizo siguiendo las propuestas y los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil LGBTI con el apoyo directo del PNUD.

Desde el comienzo, se adoptó un planteamiento de coparticipación y se desarrolló una coalición de socios aprovechando la relación existente de PNUD con el Gobierno de Vietnam en una amplia variedad de cuestiones, entre ellas algunos temas relacionados con derechos que se consideran delicados. Se facilitaron conversaciones entre los miembros de la Asamblea Nacional y los representantes de la comunidad LGBTI con respecto al impacto humano de la legislación que denegaba derechos a las personas transgénero. La importancia otorgada a la creación de relaciones directas entre los miembros de la Asamblea Nacional y los miembros de la comunidad LGBTI tuvo un impacto notable en el cambio de actitudes que un última instancia dio lugar a que más del 86 por ciento de la Asamblea Nacional votara la adopción de la disposición de reconocimiento de la reasignación de género.

Una estrategia adaptada para desarrollar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil fue otro componente clave del proyecto. En lugar de abordar el desarrollo de capacidades como una serie de eventos aislados, el PNUD nutrió a los participantes del programa durante el proyecto, concentrándose en garantizar un liderazgo y una defensa de las cuestiones LGBTI sostenible más allá del ciclo de vida del proyecto. Esto incluía una relación de mentorazgo entre los activistas LGBTI más experimentados y los que tenían menos experiencia, el desarrollo de capacidades para padres, fortaleciendo sus capacidades de divulgación y, lo que es más importante, la participación en demostraciones públicas de apoyo y amor por sus hijos, lo que envió señales y mensajes contundentes acerca de la aceptación.

Finalmente, el PNUD vinculó el objetivo del proyecto y la labor de las organizaciones nacionales de la sociedad civil con la práctica internacional existente en este área, adoptando un enfoque basado en los derechos humanos y la igualdad, para proporcionar a los miembros de la Asamblea Nacional un marco internacional y un estándar para eliminar la discriminación hacia las personas LGBTI. La combinación de estas estrategias logró resultados que superaron las expectativas que había al inicio del proyecto.

El artículo sobre "cambio de sexo" en el nuevo Código Civil de Vietnam (artículo 37) se aplica a quienes quieren cambiar el sexo que les fue asignado al nacer y garantiza el derecho de las personas transgénero que se han sometido a una terapia de reasignación de sexo a modificar su marcador de género en los documentos de identificación. A pesar de este logro, el examen corporal sigue siendo una condición para la reasignación de sexo, y esto descalifica a muchas personas transgénero que no están dispuestas o no pueden acceder a intervenciones médicas intrusivas para modificar su cuerpo. Estos problemas siguen ahí y el PNUD continúa abogando por que las personas transgénero tengan el derecho a reasignar sus marcadores de género de acuerdo con su identidad, independientemente de la cirugía.