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La visión de PGA es contribuir a la creación de un orden internacional basado en el imperio de la ley para un mundo más equitativo, seguro, sostenible y democrático.

Campaña para abordar el comercio ilícito de armas pequeñas y armas ligeras (APAL) y promover la universalidad e implementación del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA)

El reto: armas pequeñas y ligeras (APAL), una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad

El uso indebido y generalizado de armas pequeñas y ligeras (APAL) ha generado una amplia gama de consecuencias humanitarias y socioeconómicas negativas, incluyendo la pérdida de vidas y lesiones graves y la contribución a la comisión de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El comercio ilícito de APAL se ve impulsado, en gran parte, por una regulación inadecuada de las mismas, la falta de legislación adecuada y/o la implementación inadecuada de regulaciones y legislación existentes. Estos factores, de manera individual o en combinación, constituyen una amenaza grave a la paz, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo sostenible en muchas regiones del mundo.

A fin de abordar este desafío, la comunidad internacional ha adoptado una serie de tratados e instrumentos políticamente vinculantes, incluyendo el Protocolo sobre armas de fuego de las Naciones Unidas, el Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y erradicar el comercio ilícito de armas pequeñas y armas ligeras (PdA), el Instrumento de Rastreo Internacional (IRI) y, más recientemente, el Tratado de Comercio de Armas (TCA).

A pesar de los progresos realizados hasta la fecha, siguen existiendo desafíos importantes. Uno de ellos es la falta de disponibilidad de información confiable o detallada sobre la escala y las fuentes de los flujos o tenencias ilícitas de APAL, lo que dificulta evaluar el impacto preciso de las mismas de manera cuantificable. En segundo lugar, existen desafíos políticos notables, ya que las capacidades de implementación y aplicación varían mucho según la región y el país, lo que hace que sea más complejo generar soluciones.

Hay varios desafíos que son comunes en todas las regiones. Por lo tanto, es possible idear soluciones a través de enfoques más globales. Éstos incluyen:

  • La cuestión de la capacidad inadecuada en las instituciones nacionales, como las fiscalías policiales y las aduanas.
  • El desafío de transmitir medios de vida alternativos a hombres jóvenes para quienes el uso de armas de fuego sirve como un medio para incrementar su estatus social y generar de ingresos.
  • La necesidad de planes nacionales de acción integrales sobre APAL con puntos de referencia claros y objetivos alcanzables.
  • La necesidad de un mayor compromiso de recursos para combatir el tráfico de armas.
  • La necesidad de fortalecer las medidas de control fronterizo en muchas regiones afectadas.
  • La falta de coordinación de la cooperación y asistencia internacional.
  • La participación insuficiente de la sociedad civil y las mujeres en la toma de decisions para responder a las consecuencias del comercio ilícito de APAL.

La pandemia del COVID-19 ha incrementado las desigualdades y los niveles de inseguridad en todo el mundo con consecuencias inmediatas y a largo plazo para las poblaciónes residentes en regiones afectadas por conflictos armados. A pesar de la actual incertidumbre, es evidente que la pandemia causará daños colosales en Estados frágiles, provocará disturbios y desafiará severamente los sistemas internacionales de gestión de crisis. El costo humanitario de la proliferación de APAL y su tráfico ilícito en poblaciones frágiles se intensificará aún más a medida que los ciudadanos lidian con el impacto del COVID-19 y los gobiernos toman medidas para mitigar su propagación. Las infraestructuras de salud pública en Estados frágiles, que de por sí son débiles y con pocos recursos, continuarán siendo desafiadas por las demandas generadas por la crisis del COVID-19, con lo que la capacidad de gestionar y responder a otros desafíos de paz y seguridad nacionales será limitado, incluyendo el comercio ilícito de APAL. Existe un riesgo significativo de que actores no estatales deshonestos exploten los puntos vulnerables de la gestión y seguridad de las APAL, profundizando comercio ilícito y las consecuencias humanitarias.

Otra situación grave que se ve magnificada por la crisis de la salud pública es la utilización de la situación actual por gobiernos autoritarios para aumentar su poder, sofocar a la oposición y potencialmente hacer uso de herramientas de gran alcance para ejercer control sobre la ciudadanía. En este caso, el uso potencial de la inteligencia artificial armada, con el pretexto de responder a una mayor vulnerabilidad de los ciudadanos, también ha sido planteado por expertos en desarme humanitario y comercio de armas.

Dada la amenaza continua que plantea la proliferación, el transporte y el uso de APAL ilícitas como consecuencia directa de la pandemia del COVID-19 y su impacto en contextos frágiles, PGA concede gran importancia a continuar avanzando en su trabajo de campaña en esta área crítica de paz y seguridad internacionales. En términos generales, el impacto de los desastres nacionales e internacionales, incluidas las pandemias, informa el trabajo del Programa Internacional de Paz y Seguridad de PGA en todo momento.

La respuesta: la Campaña APAL/ TCA

La Campaña de PGA para abordar el comercio ilícito de APAL y promover la universalidad e implementación del TCA se lanzó en 2006 en Dakar, Senegal. PGA organizó actividades en Tblisi, Georgia y Manila, Filipinas. Posteriormente, varios miembros de PGA participaron activamente en varias sesiones del Comité Preparatorio que condujeron a la adopción del TCA en 2013. PGA también encabezó la firma de la Declaración Parlamentaria Global en apoyo de la adopción del TCA por más de 2,000 parlamentarios de 110 países en todo el mundo en 2012 y 2013.

Esta campaña reconoce la relación entre la regulación de APAL, la paz y la seguridad y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, particularmente en lo que respecta al ODS 16, que busca “Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”. Más específicamente, la Meta 16.4 y el Indicador 16.4.2, que abordan la reducción del flujo de armas y el rastreo o establecimiento de orígenes ilícitos de armas respectivamente, son de importancia central para el trabajo de esta campaña. El ODS 11, que se refiere a las ciudades y sociedades seguras y resistentes, también informa en parte a la campaña.

Además, esta campaña busca cumplir con los objetivos y disposiciones clave delineados por la Agenda para el Desarme del Secretario General, particularmente dentro del alcance del pilar "Desarme que salva vidas”. Al respecto, el Secretario General pide a los Estados que contribuyan a "mitigar el impacto humanitario de las armas convencionales" y "abordar la acumulación excesiva y el tráfico ilícito de armas pequeñas". Este último objetivo es altamente relevante, ya que hace un llamamiento a los Estados para que "comprendan el impacto de las armas en la gestión de conflictos", "aseguren reservas excesivas y mal mantenidas" y "promuevan el diálogo regional para generar confianza en asuntos militares”, tal como se describe en las Acciones 21, 22 y 23, respectivamente. Todos estos objetivos informan a la organización y ejecución del trabajo de esta campaña

Para lograr su objetivo, la campaña moviliza a Miembros del Parlamento (MPs) dentro y fuera de PGA y alrededor del mundo, que tengan un historial demostrado de éxito en la promoción de la firma y ratificación de tratados internacionales, para participar en la promoción de:

PGA concede gran importancia a la incorporación de consideraciones de género en las actividades y productos de sus campañas. Como tal, PGA realiza esfuerzos concertados para garantizar que el 50% de aquellos a quienes se dirige esta campaña sean parlamentarias. Además, todos los talleres y misiones de campo de PGA, nacionales e internacionales, abordan temas cruciales como la intersección entre consideraciones de género, la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad (AMPS) de la ONU, el comercio Ilícito de APAL y la promoción del TCA. En este sentido, es de gran importancia abordar el relación entre la RCSNU 1325 (2000), la RCSNU 2493 (2019), otras RCSNU de la AMPS relacionadas, resoluciones de la Asamblea General de la ONU y la proliferación, comercio y uso ilícito de APAL.

Además, a través de talleres y misiones de campo nacionales y regionales y el apoyo técnico luego de las reuniones, PGA busca sensibilizar a los parlamentarios sobre los impactos específicos de género del comercio ilícito de APAL; apoyar el desarrollo de capacidades para el control de APAL bajo una perspectiva de género; ilustrar la importancia y la manera de incorporar dimensiones de género en la implementación del Programa de Acción de las Naciones Unidas (PoA); y crear un foro para demostrar el valor e intercambiar experiencias nacionales, lecciones aprendidas y mejores prácticas sobre la incorporación de dimensiones de género en las políticas y programas pertinentes.

 

Logros

Nivel nacional

Los miembros de PGA han contribuido a garantizar la aprobación de legislaciones nacionales de armas de fuego más robustas en 2 países.

  • Liberia (2016): el miembro del PGA, el Senador Stephen Zargo, abogó firmemente por la aprobación de las "leyes de armas de fuego" y aseguró su aprobación.
  • República Dominicana (2016): el miembro del Comité Ejecutivo de PGA y co-coordinador del Programa de Paz y Seguridad Internacionales, el Dip. Víctor Bisonó, encabezó la codificación de una nueva legislación que endurece significativamente el control nacional de armas de fuego existentes, así como la penalización del uso o la fabricación de armas de destrucción masiva. La ley fue aprobada en agosto de 2016.

Varios miembros de PGA continuan trabajando en pos de la redacción y aprobación de legislaciones nacionales de armas de fuego más robustas en África y América, entre ellos:

  • El Salvador (2017): la Dip. Nidia Díaz (Relatora) y el Dip. Lorenzo Rivas Echeverría, miembros de PGA y miembros del Comité de Defensa de la Asamblea Legislativa de El Salvador, apoyaron la aprobación unánime de un proyecto de ley para reformar la legislación nacional sobre armas de fuego, explosivos y municiones, lo que dificulta el acceso a dicho material para ciertos miembros de la sociedad. El proyecto de ley se presentó ante el pleno de la Asamblea Legislativa para su votación.
  • Honduras (2017): el Dip. Mario Pérez, miembro de PGA, confirmó que la Decisión de la Comisión de Seguridad sobre los proyectos de ley relacionados con la regulación de armas de fuego estaba lista para ser sometida a discusión en sesión plenaria del Parlamento.
  • Costa Rica (2017): el 5 de septiembre, el miembro del Comité Ejecutivo de PGA, el Dip. Ronny Monge, se unió sus colegas y al Ministro de Seguridad de Costa Rica en la presentación de un nuevo proyecto de ley para controlar más estrictamente la posesión de armas de fuego y municiones en el país.
Nivel regional

Miembros de PGA en todo el mundo han promovido la adopción de la Convención sobre APAL de la CEDEAO y su ratificación en 3 países.

Nivel internacional

Los miembros de PGA tienen un historial inigualable de contribución al avance del proceso de ratificación de/ adhesión al TCA en 49 de los 106 Estados miembros de la ONU que lo han ratificado hasta la fecha.

Algunos ejemplos recientes incluyen:

  • Honduras (2015/ 2017): tres miembros de PGA en el Congreso Nacional de Honduras desempeñaron un papel fundamental en la ratificación parlamentaria del TCA en noviembre de 2015. El instrumento de ratificación fue depositado en 2017.
  • Brasil (2018): la Senadora Ana Amélia, miembro de PGA, así como la Oficina de la Orden del Día del Senado de Brasil, notificaron a PGA acerca de la aprobación del proyecto de ley del TCA por el pleno Senado el 8 de febrero. La ratificación entró en vigor oficialmente en noviembre de 2018.
  • Mozambique (2018): el Hon. Antonio Niquice, miembro del Comité Ejecutivo de PGA, desempeñó un papel crucial en la ratificación histórica del TCA el 23 de mayo.
  • Guinea Bissau (2018): luego de esfuerzos considerables por parte de la miembro del Comité Ejecutivo de PGA, la Dra. Suzy Barbosa, la ratifiación del TCA fue aprobada por la Asamblea Nacional en julio.
  • Surinam (2018): La ratificación del TCA por parte de Surinam en octubre fue posible gracias a la membresía de PGA en la Asamblea Nacional, incluido el Hon. Patrick Kensenhuis y la Dra. Ruth Wijdenbosch.
  • Palau (2019): en 2012, ocho miembros del Parlamento de Palau, por invitación de PGA, firmaron la Declaración Parlamentaria Global en apoyo de la adopción del TCA. El país ratificó el TCA en abril de 2019.
  • Canadá (2019): desde el 2016, la miembro de PGA, la Hon. Hélène Laverdière ha sido una partidaria abierta de que Canadá se uniera al TCA. En diciembre de 2018, el miembro del Comité Ejecutivo de PGA, el Hon. Ali Ehsassi, elogió al Gobierno de Canadá por la Aprobación Real de una ley de enmienda la regulación de los permisos de exportación e importación y al Código Penal, permitiendo a Canadá acceder al TCA. El país accedió al TCA en junio de 2019.
  • Maldivas (2019): el país accedió al TCA en agosto en parte a los esfuerzos del Hon. Ahmed Mahloof, ex miembro activo de PGA y actual Ministro, quien persuadió al Gabinete del Gobierno de Maldivas para que se adhiera.
  • Colombia (2019/ 2020): tras los esfuerzos de los miembros de PGA, el Senador Iván Cepeda Castro y la Representante Ángela María Robledo Gómez, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó en febrero que la adhesión al TCA estaba sujeta a un proceso de revisión inter-institucional entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa. En comunicaciones recientes con PGA, se observó que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha indicado que el Ministerio de Defensa Nacional ha priorizado la aprobación del TCA y, en consecuencia, se ha implementado un nuevo proyecto de ley. El proyecto de ley está pendiente de ser firmado por los Ministros pertinentes y está destinado a ser devuelto al Congreso en el próximo período parlamentario.
  • Namibia (2020): desde 2013, los miembros de PGA, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, han abogado por la ratificación del TCA. Estos esfuerzos se materializaron en abril de 2020, cuando Namibia depositó su Instrumento de Ratificación del TCA ante el Secretario General de la ONU en Nueva York, convirtiéndose así en el 106º Estado Parte del TCA.

Los miembros de PGA también han abogado por un mejor cumplimiento del Programa de Acción para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos (PdA), incluido el cumplimiento de los requisitos nacionales de presentación de informes. PGA concede gran importancia a la presentación de informes nacionales obligatorios que destacan los pasos tomados para mejorar las leyes nacionales de APAL, los controles de importación y exportación, la gestión de la armas existentes y la cooperación y la asistencia.

 

Cómo trabajamos

Mediante el uso de una metodología de igual a igual y estrategias adecuadas a cada país, la Secretaría de PGA y sus miembros trabajan juntos para educar, sensibilizar, desarrollar capacidad técnica y fortalecer la voluntad política de los parlamentarios para que tomen iniciativas concretas y acciones legislativas y lograr resultados en el marco de las campañas de PGA.

PGA trabaja con parlamentarios individuales en sus contextos y parlamentos nacionales y a partir de allí crea redes internacionales que conectan a la sociedad civil y los parlamentarios, así como también como los responsables políticos y partes interesadas a nivel nacional e internacional.

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