Durante los 11 días que duró el Paro Nacional y las protestas del movimiento indígena del Ecuador, desde el 3 al 13 de octubre de 2019, la Defensoría del Pueblo registró un total de 11 personas fallecidas, incluyendo un menor de edad de 15 años en Durán. 1192 personas fueron detenidas, de las cuales 76% fueron detenidas arbitraria e ilegalmente. 1340 personas resultaron heridas. 11 de ellas perdieron un ojo. Una persona perdió un ojo y el 90% de visibilidad del otro ojo. Otra persona perdió la audición en uno de sus oídos por lo que se presume fue el impacto de bomba lacrimógena. Estas no son sólo cifras: representan las vidas de seres humanos que han sido violentadas por el uso excesivo de la fuerza pública.

La grave crisis política, social y económica que vive el Ecuador ha despertado la atención de la comunidad internacional. A finales de los años ‘90, nosotros ya habíamos sido víctimas de una crisis económica neoliberal, social y política en Ecuador, la cual nos obligó a una migración dolorosa hacia varios países del mundo, especialmente en Europa. Y no estamos dispuestos a que nuestras familias, los ciudadanos ecuatorianos, lo vuelvan a vivir.

Después de dos años y medio de gobierno del presidente Moreno, la vida de la mayoría de los ecuatorianos se deterioró notablemente. La pobreza a nivel nacional incrementó 2.4 puntos, de 23.1% en junio de 2017 a 25.5% en junio de 2019. La pobreza extrema de 8.4% en junio de 2017 pasó a 9.5% en junio 2019. Si consideramos que en Ecuador viven cerca de 17 millones de personas, casi 6 millones (35% del total de la población) vive en la pobreza y la pobreza extrema. El crecimiento del PBI también se ha desacelerado. En el año 2017, el PIB creció al 3%. En el 2018, creció al 1.4% y se prevé que el crecimiento en 2019 sea del 0,2%. Estas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador nos muestran un evidente estancamiento en la economía ecuatoriana y el empobrecimiento de su población.

En este contexto socio-económico, el 1ro de octubre de 2019, el presidente Moreno emitió el Decreto Ejecutivo No.883, que contenía una serie de medidas económicas neoliberales, conocidas como el “paquetazo”, afectando directamente la economía familiar de la mayoría de la población ecuatorian. El presidente también anunció el próximo envío de un proyecto de ley en el ámbito económico, financiero, monetario y laboral que profundizaría las desigualdades en el país y provocaría una regresión de los derechos de los trabajadores.

Estas medidas muy probablemente cumplían los compromisos asumidos luego del acuerdo entre el gobierno ecuatoriano y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el cual se recibió un préstamo de USD 4.200 millones. De conformidad con Constitución de la República del Ecuador (artículo 419), los tratados internacionales que comprometan la política económica del Estado a condiciones de instituciones financieras internacionales y que contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley, requieren la aprobación de la Asamblea Nacional previa a su ratificación o denuncia. Sin embargo, estos acuerdos jamás fueron remitidos a la Asamblea Nacional.

El gobierno, aún sabiendo que propondría medidas económicas que afectarían a casi todos los sectores sociales, excepto a los más ricos—beneficiarios de estas medidas—no impulsó un proceso de diálogo y consenso previo con los diferentes actores económicos y sociales directamente involucrados. De hecho, unos días antes del anuncio de este paquete económico, el vicepresidente de la República públicamente manifestó que esperaba “que la ciudadanía sepa comprender” dichas medidas; es vez de discutirlas con los actores sociales.

El 3 de octubre, luego del anuncio de las medidas económicas, el gremio de transportistas se declaró en paro nacional.  Junto a los transportistas, se unen a manifestar pacíficamente las organizaciones de estudiantes, mujeres, ecologistas, jubilados, trabajadores y otras organizaciones sociales. A partir del 4 de octubre, se inició el levantamiento del movimiento indígena, liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-CONAIE, quienes se dirigieron desde todo el país hacia Quito y capitales de diferentes provincias, entre ellas: Guayaquil, Cuenca, Ambato, Riobamba, Guaranda, Ibarra, Latacunga, Puyo, Macas, Tena y otras.

En respuesta a este paro y protesta social, el 3 de octubre el presidente Moreno emitió el Decreto Ejecutivo No. 884 y declaró el Estado de Excepción en todo el territorio nacional por el tiempo máximo permitido por la Constitución (60 días) incluyendo un toque de queda de 20:00 a 05:00 (9 horas). Este toque de queda se extendió a 24 horas el 12 de octubre, sin respetar los parámetros de proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y racionalidad, y violando estándares internacionales. El 7 de octubre, la Corte Constitucional emitió un dictamen de constitucionalidad de la medida, mediante el cual redujo el Estado de Excepción a 30 días.

Este levantamiento indígena y protesta social pacífica finalizó - temporalmente - el 13 de octubre, al iniciarse las negociaciones entre el gobierno nacional y la CONAIE. La posición de esta última fue la derogatoria del Decreto No.883, lo cual se consiguió. Sin embargo, ahora varios dirigentes del movimiento indígena son injustamente denunciados por rebelión, secuestro y terrorismo.

Para intentar minimizar la masiva protesta social contra las medidas contenidas en el Decreto No.883 y ocultar el evidente desastre económico de los últimos dos años en el país, el presidente Moreno acusó nuevamente al ex presidente Rafael Correa y líderes políticos afines a él por la situación en Ecuador.

Exhortamos a las autoridades competentes a que se respeten los derechos humanos, políticos y civiles de todos los ciudadanos y de todos los Asambleístas de la República del Ecuador elegidos democráticamente en las urnas, quienes representamos al pueblo a través de la legítima diversidad del pensamiento y acción política. Hacemos un llamado a los organismos internacionales regionales y mundiales encargados de proteger, promover y garantizar los derechos humanos, civiles y políticos de los ciudadanos, que obtengan información y analicen de manera objetiva, la situación de vulneración de derechos humanos, políticos y civiles durante y a partir de las protestas sociales de octubre en Ecuador y durante el Estado de Excepción.

Esther Cuesta Santana, Ph.D
Asambleísta por el exterior, Circunscripción de Europa, Asia y Oceanía
Miembro de PGA