PGA condena ataque sistemático a la Asamblea Nacional de Venezuela y respalda la ruta política para superar la tragedia que vivimos los venezolanos y poner fin a la dictadura, persecución a la disidencia y violación de los derechos humanos en Venezuela.
El año 2019 la dictadura de Maduro ha intentado acabar con la voluntad popular del pueblo venezolano persiguiendo a los diputados de la Asamblea Nacional, el diputado Edgar José Zambrano Ramírez, Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, luego de ser allanada su inmunidad parlamentaria, fue detenido arbitrariamente en fecha 8 de mayo de 2019 por agentes de la policía científica portando armas largas y con los rostros tapados, interceptaron el vehículo en el que se trasladaba, llevándolo remolcado en una grúa custodiada por siete patrullas, trasladándolo a los tribunales el día 9 de mayo en horas de la madrugada sin informar a sus familiares ni contando con la debida asistencia y defensa de sus abogados de confianza.
No obstante, este ataque al parlamento no fue un hecho aislado, anteriormente el 21 de marzo, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) allanaron la vivienda y detuvieron a Roberto Marrero, ex Secretario de la AN y jefe de Despacho del gobierno interino que encabeza el presidente (E) Juan Guaidó, el 26 de abril los organismos de seguridad al servicio del régimen usurpador de Nicolás Maduro, secuestraron en la madrugada del viernes al diputado Gilber Caro, sin saber hasta la fecha su lugar de detención, constituyendo de esta manera un crimen en el derecho internacional de desaparición forzada.
El régimen usurpador de Maduro en repetidas oportunidades mediante actos de aparente legalidad, ha acusado, detenido y/o allanado la inmunidad parlamentaria de los diputados Germán Ferrer, Rosmit Mantilla, Juan Requesens, Julio Borges, Freddy Guevara, inclusive contra Juan Guaidó, así mismo, los diputados Ismael García, Sonia Medina, Gaby Arellano, Adriana D´Elia, Dinorah Figuera y José Manuel Olivares se encuentran forzosamente en el exilio a causa de fuertes ataques y persecuciones por parte del régimen de Maduro.
En fecha 30 de abril, el Presidente Encargado de Venezuela, Juan Guaidó, acompañado por miembros activos de la Fuerza Armada Nacional, se congregaron en el Distribuidor Altamira, una autopista principal de la ciudad de Caracas, con fin de seguir tomando acciones de protesta para llevar al fin de lo que se ha denominado la usurpación del cuestionado gobierno de Nicolás Maduro y la recuperación de la Democracia en Venezuela, a la cual a lo largo de la mañana se le sumaron líderes políticos y miles de ciudadanos de la sociedad civil.
En fecha 02 de mayo, quienes usurpan la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencias N°17, 18 y 19 de fechas 02, 07 y 08 de mayo respectivamente, decidieron comprometer la responsabilidad de los diputados Edgar José Zambrano Ramírez; Luis Germán Florido Barreto, Henry Ramos Allup, Richard José Blanco Cabrera, Mariela Magallanes López, José Simón Calzadilla Peraza y Américo Giuseppe de Grazia Veltri; Freddy Francisco Superlano Salinas, Sergio de Jesús Vergara Gonzalez y Juan Andrés Mejía Szilard, por supuestamente haber cometido delitos de Traición a la Patria, Conspiración, Instigación a la Insurrección, Rebelión Civil, Concierto para Delinquir, Usurpación de Funciones; Instigación Pública a la desobediencia de las leyes y el odio, ordenando remitir copia certificada de las actuaciones al
ilegítimo e inconstitucional Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para que decida el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados mencionados. Asimismo, según esa información, el TSJ acordó remitir copia certificada del fallo a quien usurpa el cargo fiscal general de la República, Dr. Tarek William Saab, para que continúe la tramitación de la causa penal correspondiente.
El 7 de mayo, la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, allanó inconstitucionalmente la inmunidad parlamentaria de los diputados Henry Ramos Allup, Luis Florido, Mariela Magallanes, José Calzadilla, Edgar Zambrano, Américo De Grazia y Richard Blanco.
Estas acciones sin lugar a dudas violan la inmunidad parlamentaria, prerrogativa institucional del Parlamento ampliamente reconocida en el derecho internacional, el cual guarda como objetivo resguardar la composición y el libre funcionamiento del Parlamento, y con ello, la independencia de este poder público del Ejecutivo, el artículo 200 de la Constitución Nacional, consagra tal prerrogativa estableciendo como garantía la inmunidad de los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional, asimismo, los presuntos delitos que cometan los mismos, los debe conocer en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, siendo ésta la única autoridad que podrá ordenar, previa autorización
de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En casos de delitos flagrantes, cometidos por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia, en virtud del artículo 187, numeral 20 de la Constitución, le corresponde exclusivamente a este cuerpo legislativo calificar a sus miembros.
La Carta Magna señala que “los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los y las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley”. Además, el artículo constitucional 25 expresa que: “todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”.
A tal evento, hasta la fecha, 24 diputados titulares y cinco suplentes se encuentran perseguidos por el régimen por apoyar la ruta trazada por el presidente Juan Guaidó del cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres. Tres continúan presos, 10 en el exilio, tres desproclamados por el ilegítimo TSJ, dos con medidas cautelares, ocho con la inmunidad allanada y cuatro refugiados en embajadas.
Bajo ningún respecto, es aceptable que la ilegítima e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente pueda decidir sobre el allanamiento de la inmunidad de ningún Diputado integrante de la Asamblea Nacional Legítima, por no estar prevista dicha posibilidad en la Constitución, cuyo texto no deja posibilidad de duda o interpretación en contrario.
En tal sentido, solicitamos muy respetuosamente a Parliamentarians for Global Action y a todos sus miembros afiliados:
- Respaldo de PGA y su directiva a la Asamblea Nacional como único órgano legítimo en Venezuela
- La solidaridad activa de los parlamentarios miembros de Parliamentarians for Global Action a través de mensajes escritos o por medio de video en sus redes sociales
con la campaña #PGAConVenezuela #SOSVenezuela - El acompañamiento en la ruta política que busca encontrar soluciones para superar la tragedia que vivimos los venezolanos, recuperando la Democracia, el Estado de
derecho y la gobernanza a través del Cese de la Usurpación, la instalación de un gobierno de transición para que en el menor tiempo posible podamos tener unas
elecciones libres, Limpias y Justas con veeduría internacional.
Sólo a través del respeto a los Derechos Humanos y el Estado de Derecho será posible un mundo democrático, equitativo y seguro.
Diputado Armando Armas
Presidente del Grupo Nacional de PGA en Venezuela
