Caracas/La Haya, el 14 de septiembre de 2020

El régimen autoritario impuesto en Venezuela que, día tras día se va consolidando más, ha provocado una crisis sin precedentes y una erosión de la democracia tal como lo refleja el Índice de Democracia elaborado anualmente por “The Economist”. La tiranía en Venezuela y los agravios cometidos en contra de su población, no sólo han acarreado una preocupante regresión en materia de protección de los derechos humanos, sino también una clara restricción de los valores y principios democráticos como la justicia social, el pluralismo político, la participación política y las libertades civiles. Ante este declive, Parlamentarios para la Acción Global (PGA, por sus siglas en inglés)ve con gran preocupación los constantes ataques hacia las instituciones democráticas y la campaña de persecución y amedrentamiento sistemático hacia aquellos quienes la representan y la defienden.

El 29 de agosto de 2020, en un intento de detención del hermano del Diputado Armando Armas, varios funcionarios del Comando Antiextorsión y Secuestro (CONAS) allanaron la vivienda de la Sra. Nidia Cuartín, madre del Diputado.La Sra. Cuartín, quien, como funcionaria pública ocupó los cargos de Magistrada de la Corte Suprema de Justicia y Magistrada del ya extinto Consejo de la Judicatura, fue posteriormente trasladada a un lugar desconocido para ser presuntamente interrogada. Dicha actuación, se da un día después de que al Diputado Juan Requesens se le diera arresto domiciliario tras estar en cautiverio dos años por su presunta responsabilidad en el atentado contra Maduro que tuvo lugar el día 4 de agosto de 2018.

En un contexto donde el Estado de Derecho se ha visto relegado a un segundo plano y donde hay una cooptación de los poderes del Estado, el Gobierno de Maduro refleja un accionar que recoge los elementos típicos de una persecución política. Desafortunadamente, estos casos no son aislados, ya que son cientos los legisladores y opositores del régimen dictatorial los que han sido privados de su libertad y de sus derechos humanos.

Venezuela actualmente se encuentra en una situación de emergencia causado por el modelo interpuesto por Hugo Chávez y que, con el Gobierno de Maduro, se ha venido agudizando. Con la llegada de la pandemia del coronavirus, Maduro ha visto una nueva oportunidad para seguir reprimiendo y deteniendo de forma arbitraria a los defensores de derechos humanos, periodistas y disidentes que se atreven a criticar su gobierno. PGA, que ya advirtió sobre la gravedad de los hechos en Venezuela en la Alerta de Acción Urgente que elaboró en el marco de la Campaña para la Renovación Democrática y los Derechos Humanos, hace un nuevo llamado al Ejecutivo para que se abstenga de seguir usando el miedo y la opresión como herramientas o medios de gobierno.

De igual forma, PGA urge al Gobierno a respetar las diferentes instituciones y representantes que conforman el Estado, así como la separación de poderes, los derechos humanos y la constitución, pues es la ley fundamental que otorga el poder al pueblo y a las autoridades de Venezuela para desconocer “cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos” (Art. 350 de la Constitución).