Es nuestra responsabilidad como líderes y representantes mantener nuestros valores e implementar políticas penales que respeten plenamente los derechos humanos de todos.
Cada año, más Estados optan por declarar una moratoria sobre el uso de la pena de muerte o abolirla por completo. Sin embargo, en el último tiempo, en algunos casos atípicos se ha defendido abiertamente la reanudación de las ejecuciones o la reintroducción de la pena de muerte en los ordenamientos jurídicos nacionales, incluyendo en algunos regímenes autoritarios.
Recientemente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció, el 25 de julio de 2019, que el gobierno federal reanudaría las ejecuciones, poniendo al país en contradicción con la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte. Este cambio de política pública se dio después de una moratoria de facto de 16 años a nivel federal. 21 estados de los Estados Unidos han abolido oficialmente la pena de muerte, incluyendo el más reciente, el estado de New Hampshire, gracias a una iniciativa encabezada por el representante Renny Cushing, miembro de la Cámara de Representantes de New Hampshire y miembro de PGA. Otros cuatro Estados tienen moratorias impuestas por sus gobernadores, incluyendo California, Colorado, Oregón y Pensilvania, y varios otros están reconsiderando la efectividad y pertinencia de la pena de muerte.
Un retroceso en el camino abolicionista en cualquier parte del mundo nos preocupa a todos y, como miembros de Parlamentarios para la Acción Global (PGA, por su sigla en inglés), nos oponemos a tales iniciativas en todos los países. Sin embargo, cuando los Estados influyentes y poderosos revierten su posición de tal manera, las consecuencias se sienten más allá de sus fronteras y pueden poner en peligro los esfuerzos de valientes activistas contra la pena de muerte en todo el mundo.
Por ejemplo, la Embajada del Reino de Bahréin mencionó específicamente el uso de la pena capital en los Estados Unidos en una declaración sobre las ejecuciones recientes de dos hombres que fueron condenados después de un juicio extremadamente injusto, en base a supuestas confesiones obtenidas mediante presuntos actos de tortura.
Denunciamos enérgicamente cualquier decisión que promueva la pena de muerte, renovamos nuestro compromiso con la lucha abolicionista y apoyamos a nuestros colegas estadounidenses, quienes han utilizado sus prerrogativas legislativas y políticas para oponerse a la pena de muerte. En particular, PGA acoge con beneplácito las iniciativas de la representante Ayanna Pressley, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y del senador Richard Durbin, miembro de PGA, quienes presentaron leyes para prohibir la pena capital (H.R. 4052 y S.2390, respectivamente).
A pesar de los desafíos y las amenazas, la mayoría de nuestros países han rechazado la pena de muerte o están avanzando hacia la abolición y por décadas no han llevado a cabo ejecuciones. Todo esto nos vuelve más comprometidos como líderes de la lucha abolicionista. Hon. Marguerite Dissaké, miembro de la Asamblea Nacional de Camerún y miembro de PGA
Los principios democráticos son frágiles; no podemos dar por hecho que las salvaguardas de nuestros derechos no serán anuladas en el futuro. La pena de muerte es una pena cruel e irremediable que pertenece al pasado, y es desalentador que algunos gobiernos opten por darle la espalda al progreso logrado en el camino hacia la abolición. Como parlamentarios, debemos utilizar nuestras prerrogativas para defender los derechos humanos y asegurar que no se malogre el avance que ha logrado nuestra sociedad. Dip. Tucapel Jiménez, miembro de la Cámara de Diputados de Chile y miembro del Comité Ejecutivo de PGA
No podemos subestimar el impacto que los Estados Unidos puede tener en todo el mundo. Aunque los miembros del Senado filipino, yo incluida, hasta ahora hemos podido bloquear cualquier intento del Ejecutivo de reintroducir la pena de muerte en nuestro sistema legal, del cual fue abolida en 2006, esta decisión del gobierno estadounidense sólo sirve para socavar nuestros esfuerzos y justificar las decisiones políticas de los gobiernos que ignoran por completo los derechos humanos. Sólo puedo instar a nuestros homólogos estadounidenses a tomar medidas urgentes contra la reanudación de las ejecuciones en su país y promover los derechos humanos en todo el mundo. Sen. Leila de Lima, miembro del Senado de Filipinas y miembro de PGA
Pido a nuestros colegas estadounidenses que hagan uso de todo su peso para oponerse al uso de la pena de muerte. No sólo es cruel e inhumana, sino que ha sido durante mucho tiempo una herramienta de opresión contra las minorías y los opositores políticos. Los asuntos que afectan profundamente los derechos humanos no deberían ser cuestiones partidistas y deberían incitarnos a unirnos para evitar que nuestras instituciones maten en nuestro nombre. Hon. Dorcas Sibanda, miembro de la Asamblea Nacional de Zimbabue y miembro de PGA
Pedir que se restablezca la pena de muerte es un llamamiento simplista a las emociones y la angustia de las personas frente a crímenes horribles. Muchos activistas, incluyendo parlamentarios, están haciendo un gran esfuerzo para crear consciencia que la pena de muerte no sólo es completamente ineficaz para disuadir la comisión de crímenes, sino también altamente discriminatoria y una puerta de entrada al uso sistemático de la tortura. Es nuestra responsabilidad como líderes y representantes de nuestros respectivos pueblos mantener nuestros valores e implementar políticas penales que respeten plenamente los derechos humanos de todos. Insto a los miembros del Congreso de los Estados Unidos a hacer todo lo posible en contra de la pena capital. Sra. Julie Ward, miembro del Parlamento Europeo (Reino Unido) y miembro de PGA
