Los comentarios de bienvenida del Dip. José Carlos Mahía, Presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay, se centraron en la importancia de contar con un espacio donde los legisladores, los miembros del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la sociedad civil pudiesen intercambiar puntos de vista y reflexiones sobre la justicia internacional. De hecho, es una herramienta fundamental para la paz, el desarrollo sostenible y la no repetición de crímenes internacionales. Dip. Mahía dio la bienvenida a la distinguida audiencia de activistas y legisladores de nueve países latinoamericanos, y reiteró el compromiso de su país de apoyar el mandato de PGA y la justicia internacional a nivel nacional, regional e internacional.

Los comentarios del Dip. Mahía se hicieron eco en los de la Sra. Graciela Dede, Asesora de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Uruguay, quien enfatizó la importancia de la justicia internacional en el sistema de las Naciones Unidas. De hecho, la justicia es un componente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS) y los parlamentarios desempeñan un papel fundamental para garantizar que se adopte una legislación adecuada para fortalecer el marco jurídico nacional de derechos humanos, el estado de derecho y la democracia. Dip. Macarena Gelman, Presidenta del grupo nacional de PGA en Uruguay, cuyos padres fueron secuestrados y desaparecieron, compartió una parte de su historia y la importancia de llevar justicia a las víctimas de crímenes internacionales, mientras expresa profunda preocupación por una decisión reciente de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay que declaró como supuestamente inconstitucional la norma uruguaya que incorpora un principio general de Derecho Internacional, a saber, la no aplicabilidad de los Estatutos de Limitación a los crímenes de Derecho Internacional.

En la misma línea, la  Dip. Margarita Stolbizer, Presidenta de PGA, resumió brevemente el trabajo de PGA para promover la universalidad y la implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), única Corte permanente e independiente competente para juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y, después de su activación, el crimen de agresión. Los Estados Partes de la CPI deben hacer su parte como miembros del sistema del Estatuto de Roma para garantizar su eficacia en el enjuiciamiento de los autores de crímenes internacionales, su prevención y la reparación a las víctimas. La competencia de la Corte es complementaria a la de los Estados que tienen la obligación principal de investigar y enjuiciar crímenes internacionales. Un sistema eficaz del Estatuto de Roma exige que los Estados incorporen los principios y los crímenes del Estatuto de Roma, así como los mecanismos para cooperar con la Corte. El señor Jorge Díaz Almeida, Procurador General de Uruguay, mencionó acertadamente que las obligaciones del Estado no se limitan a la ratificación de los tratados, sino que comienzan con ella. El paso más importante es la implementación, que suele ser el problema, incluido en Uruguay, país que ha ratificado un número consecuente de convenciones internacionales.

El primer día del Seminario se centró en los diferentes mecanismos regionales e internacionales para luchar contra la impunidad de los perpetradores de graves violaciones de los derechos humanos.

En este sentido, destacados ponentes como el Sr. Ricardo Domínguez, Representante Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dieron una visión general del sistema multifacético de la OEA: un foro político, una vía judicial para los Estados miembros y un órgano de supervisión de políticas y prioridades de gobernabilidad democrática, con un fuerte énfasis en la justicia y el Estado de Derecho. La Dra. Mariana Mota, Presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, presentó diferentes vías para la justicia en la región, incluido el tremendo trabajo de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han guiado a los países de la región en cumplimiento de las normas de derechos humanos. Por ejemplo, las opiniones consultivas de la Comisión Interamericana sobre leyes de amnistía son respaldadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte) que emitió sentencias declarando la invalidez de legislación que, bajo la apariencia de promover la paz y la reconciliación, de hecho impide la investigación y el enjuiciamiento de los autores de crímenes atroces cometidos durante las dictaduras. La jurisprudencia de la Corte, que prohíbe las leyes de amnistía, sirvió más adelante como guía para los jueces nacionales. En los países donde todavía existen leyes de amnistía, la jurisprudencia de la Corte ayudó a generar reformas legislativas y constitucionales. Además, las sentencias de la Corte han sido herramientas legales fundamentales para que las víctimas hagan valer su derecho a obtener justicia y aseguren que el Estado procese a los responsables de las violaciones más graves de los derechos humanos, y establezcan garantías efectivas de no repetición de estas violaciones. Todos los miembros de las tres ramas del gobierno y la sociedad civil tienen mucho trabajo por hacer, incluso en un país como Uruguay, donde la Suprema Corte de Justicia en su decisión número 680/2017 estipuló recientemente que los crímenes cometidos durante la dictadura supuestamente no constituyen "crímenes de lesa humanidad".

La Dra. María Elena Martínez Salgueiro, experta en derechos humanos, dio la bienvenida a este seminario para fortalecer el compromiso de los legisladores, quienes, como representantes de los ciudadanos, deben garantizar a nivel nacional el respeto absoluto de los derechos humanos por parte de las instituciones nacionales al promulgar leyes. La Dra. Martínez hizo hincapié en la particularidad del sistema del Estatuto de Roma como uno destinado a erradicar la impunidad, basado en el principio de complementariedad, por lo tanto, asignando una gran responsabilidad a los legisladores. La Dra. Martínez recordó a la audiencia que la lucha contra la impunidad no es un asunto confinado, sino una lucha cotidiana, a medida que seguimos presenciando las atrocidades en el mundo. Además, algunos países permanecen fuera del ámbito de aplicación del Estatuto de Roma, incluidos tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: Estados Unidos, Rusia y China. La CPI sigue enfrentando desafíos con dos retiros intentados y uno finalizado, respectivamente por Sudáfrica, Gambia y Burundi. Todas las partes interesadas pertinentes deben continuar promoviendo la universalidad del Estatuto y defender los derechos humanos para reforzar la construcción de un Estado de Derecho internacional y modificar las estructuras sociales que mantienen a tantas personas en una situación de marginación.

La distinguida audiencia tuvo la oportunidad de escuchar a la Sra. Michelle Reyes, Coordinadora Regional para las Américas de la Coalición por la CPI (CICC), quien ofreció una descripción general del funcionamiento de la CPI y de los principios y crímenes del Estatuto de Roma. La Sra. Reyes ilustró durante su presentación el vínculo entre la justicia, el Estado de derecho y el desarrollo sostenible. Los legisladores desempeñan un papel fundamental en el sistema del Estatuto de Roma al implementar mecanismos de rendición de cuentas, lo que contribuye, entre otras cosas, a la naturaleza preventiva del Estatuto de Roma. El Sr. Hugo Relva, Asesor Jurídico de Amnistía Internacional (AI) amplió la aplicación del Estatuto de Roma en la región de América Latina, proporcionando ejemplos de países que han aplicado normas y principios de complementariedad y/o cooperación. Durante su análisis comparativo, ofreció recomendaciones a los parlamentarios para leyes más efectivas con respecto al enjuiciamiento de crímenes internacionales, lo que ganó el interés y el apoyo de los legisladores ecuatorianos presentes.

El Dip. Reynaldo Cardoza (El Salvador), integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y miembro de PGA, mencionó en su presentación las dificultades políticas que existen en el Parlamento, incluyendo prioridades encontradas en la agenda política nacional que retrasan la aprobación de la implementación de la legislación sobre cooperación con la CPI, actualmente pendiente ante su Comisión. Sin embargo, también explicó el proceso inspirador que condujo a la adhesión de El Salvador al Estatuto de Roma y renovó su compromiso de avanzar en la implementación de los principios y crímenes del Estatuto de Roma, así como el establecimiento de mecanismos de cooperación con la CPI.

El Estatuto de Roma es un pilar fundamental de la lucha contra la impunidad en el mundo, pero no es perfecto. Hay tipos de conducta delictiva que expertos como el Dr. Oscar López Goldaracena, abogado, experto en derecho internacional, derechos humanos y derecho económico quisieran ver incluidos en los crímenes del Estatuto de Roma, como el "genocidio cultural", que es la destrucción sistemática de todos los elementos culturales que caracteriza a un grupo. Tal destrucción encuentra ilustraciones históricas y contemporáneas con grupos como el Estado Islámico/Daesh.

Las víctimas de crímenes internacionales desempeñan un papel central en el sistema del Estatuto de Roma. Se les brinda la oportunidad de participar en los procedimientos de la Corte y de recibir reparaciones, que incluyen restitución, compensación y rehabilitación que pueden conllevar formas de asistencia psicosocial del Fondo Fiduciario para las Víctimas, que pueden ser solicitadas para implementar las reparaciones ordenadas por la Corte. El Dr. Felipe Michelini, integrante de la Junta Directiva del Fondo Fiduciario presentó el mandato del Fondo Fiduciario para apoyar e implementar programas que abordan los daños resultantes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y compartió su preocupación por la falta de apoyo financiero del Fondo. Tener una Corte que enjuicie a las personas responsables de crímenes internacionales también significa que los Estados deben apoyar financieramente al Fondo Fiduciario para que la justicia reparadora se convierta en una realidad efectiva.

El segundo día del Seminario se centró en el papel de los Estados en el sistema del Estatuto de Roma de conformidad con los principios de complementariedad y cooperación, así como la activación futura de las enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma sobre el crimen de agresión.

Los parlamentarios desempeñan un papel importante para garantizar que su legislación nacional cumpla con sus obligaciones internacionales como Estados Partes en el Estatuto de Roma. Se han realizado muchos progresos en la región y el miembro de PGA Dip. Juan Félix Bogado Tatter presentó el ejemplo de Paraguay. Durante su presentación, enfatizó el largo proceso legislativo de casi 12 años que culminó con la aprobación por el Parlamento y la promulgación por parte del Ejecutivo en septiembre de 2017 de la Ley número 5877 que implementa el Estatuto de Roma creando la CPI; esta ley ha recibido el aporte sustantivo de muchas organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional Paraguay, la Coalición para la CPI y Parlamentarios para la Acción Global. Según el miembro del Parlamento Paraguayo, una ley tan amplia no habría sido aprobada por el Parlamento si PGA no hubiera creado un respaldo bipartidista para esto, también a través de los Seminarios anuales de Montevideo de los últimos 6 años y aportes específicos en términos de asistencia legislativa, que empoderaron a los legisladores paraguayos.

El Dip. Bogado, compartió una parte de su historia personal cuyos familiares fueron víctimas de crímenes contra la humanidad, y enfatizó cómo el trabajar en esta legislación de implementación, trajo un consenso entre sus colegas de muy diversos partidos políticos y antecedentes, para defender los derechos humanos y fortalecer el Estado de Derecho como objetivos comunes para Paraguay, más allá de las afiliaciones políticas e ideológicas.

El proceso de implementación del Estatuto de Roma se encuentra en diferentes etapas en la región. La Asambleísta Marcela Aguiñaga Vallejo (Ecuador), Presidenta del Comité de Justicia y miembro de PGA, renovó su compromiso de impulsar la implementación de los principios y crímenes del Estatuto de Roma, así como los mecanismos de cooperación con la CPI. Existe un gran dossier de enmiendas al nuevo Código Penal Orgánico, que está sujeto a un intenso debate en la Asamblea Nacional: esto explica la duración del proceso actual. PGA proporcionó comentarios sustantivos a las disposiciones de complementariedad incluidas en el Código Penal adoptado en 2014, así como las propuestas de enmienda de cooperación que el Comité de Justicia tuvo la oportunidad de discutir con expertos de PGA, CICC y CICR, a principios de este año.

Otro proceso de implementación que ha estado en curso se refiere a Guatemala. El Congresista Oliverio García, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y miembro de PGA, enfatizó el hecho de que el principio de complementariedad es "una garantía de justicia para la protección de la humanidad". El Congresista García también enumeró una serie de principios que fueron incorporados en el proyecto de legislación de implementación de Guatemala. El proyecto de legislación de implementación de Guatemala incluye un capítulo sobre la cooperación con la CPI. Enfatizó que es difícil sensibilizar a los colegas sobre la relevancia del Estatuto de Roma debido a temores arraigados en conceptos erróneos. El 26 de abril de 2016, el Congresista García presentó en sesión plenaria el proyecto de legislación de implementación del Estatuto de Roma que incluye principios y crímenes del Estatuto de Roma, así como mecanismos de cooperación que toman en cuenta las recomendaciones de PGA. El 6 de octubre de 2016, el proyecto de ley recibió la aprobación del Comité de Legislación. La legislación de implementación se encuentra actualmente en su tercer debate ante el Congreso.

La Sra. Romina Morello, Oficial Asociada de Relaciones Externas y Cooperación, de la Secretaria de la Corte Penal Internacional, intervino vía video-enlace desde La Haya para presentar el régimen de cooperación así como los diferentes tipos de acuerdos de cooperación que cada Estado puede negociar y firmar con la CPI; como son: (i) la reubicación de testigos, (ii) la ejecución de las sentencias, (iii/iv) la liberación provisional y definitiva. La CPI no tiene un territorio y, por lo tanto, necesita el apoyo de los Estados para proteger la integridad de los procesos judiciales, incluida la protección de los derechos del acusado.

El Dip. Ronny Monge (Costa Rica), Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales y miembro de la Junta Directiva de PGA, presentó el estado del proyecto de ley 19.665 sobre la cooperación con la Corte Penal Internacional, basado en la "Ley Modelo" de Cooperación de PGA. Este proyecto de ley recibió la aprobación del Comité de Seguridad y Narcóticos el 19 de enero de 2017 y actualmente está pendiente de la aprobación del Plenario. El Dip. Monge también reiteró su compromiso de impulsar una aprobación rápida del segmento de cooperación de la legislación y alentar a su gobierno y a otros a concluir acuerdos de cooperación con la Corte sobre reubicación de testigos, cumplimiento de penas, liberación provisional y final. Del mismo modo, el Dip. Tucapel Jiménez (Chile), integrante de la Comisión de Derechos Humanos y miembro del PGA, durante una presentación en video enfatizó la necesidad de que los países adapten su legislación para incorporar en el ordenamiento jurídico interno los mecanismos de cooperación con la Corte, sin los cuales la Corte no puede cumplir eficientemente su mandato. Actualmente, el proyecto de ley de cooperación de Chile se encuentra en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en proceso de consulta, y el Dip. Jiménez espera tener una reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores pronto, para que el Ministerio pueda enviar el proyecto de ley al parlamento para su aprobación.

La Dra. Carolina Vergara Pisoni, Jefa de la Sección Criminal, Autoridad Central para la Cooperación Jurídica Internacional, Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, explicó en su presentación los diferentes mecanismos de cooperación nacional disponibles en su país, a pesar de que su sección no recibió, hasta la fecha, muchas solicitudes de cooperación de la CPI.

A la luz de todas las atrocidades en curso en el mundo de hoy, la ratificación de las enmiendas de Kampala y la activación de la jurisdicción de la Corte sobre el crimen de agresión son primordiales.

En este sentido, el Sr. Jean Franco Olivera, responsable de programas con autoridades políticas nacionales y medios académicos, del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) presentó la enmienda sobre crímenes de guerra. Esta enmienda sirve de mayor protección para los beligerantes y civiles en los conflictos armados no internacionales. La prohibición de ciertas categorías de armas [incluso veneno, armas envenenadas, venenosas y otros gases, balas que se expanden o aplanan fácilmente en el cuerpo humano] es un avance hacia la protección de la humanidad.

El Dr. David Donat Cattin, Secretario General de PGA, explicó la importancia de ratificar e implementar el crimen de agresión en el contexto actual, y el momento propicio para su activación en la 16a Asamblea de los Estados Partes. Siguiendo esta línea, el Dip. Jorge Cálix (Honduras), integrante de la Comisión Especial de Revisión del Código Penal del Comité Especial, informó a la distinguida audiencia sobre el proceso de ratificación y aplicación de las Enmiendas de Kampala en su país. El 19 de abril de 2017, el plenario del Congreso hondureño aprobó la inclusión de la enmienda de Kampala sobre el crimen de agresión. Debido a las elecciones generales que se acercan rápidamente, la discusión sobre el proyecto de ley de cooperación y la reforma del código penal se detuvo. El Dip. Cálix solicitó la asistencia de PGA para alentar al Ministerio de Relaciones Exteriores a enviar el proyecto de ley de ratificación de las enmiendas de Kampala al Congreso, después de las elecciones que se llevarán a cabo el 26 de noviembre de 2017.

Los países latinoamericanos están avanzando en la implementación del Estatuto de Roma, fortaleciendo su compromiso con el principio de 'Nunca más'.

Luego del Seminario de Montevideo, el 2 de noviembre de 2017, PGA realizó consultas con su Grupo Nacional en Buenos Aires, Argentina. Varios miembros destacados de PGA, incluidos los Dip. Carla Pitiot, Dip. Luis Petri, Dip. Lucila Duré, Dip. Horacio Alonso, Dip. Guillermo Snopek, y varios asesores parlamentarios participaron en la reunión. Por la tarde, una delegación de PGA liderada por la Dip. Margarita Stolbizer, Presidenta de PGA, se reunió con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, el Min. Germán Garavano, para promover la negociación y firma de acuerdos de cooperación con la Corte Penal Internacional (CPI) sobre liberación interina y definitiva. La delegación de PGA aprovechó la oportunidad para discutir sobre el fortalecimiento del liderazgo de Argentina en la promoción de la justicia internacional y el Estado de Derecho..