28-29 de septiembre de 2016 | Montevideo/ La Haya/ Nueva York
Los días 28-29 de septiembre de 2016, en el marco de la Campaña Parlamentaria para la Efectividad y la Universalidad del Estatuto de Roma, Parlamentarios para la Acción Mundial (PGA, por sus siglas en inglés) organizó un Seminario Parlamentario titulado Apoyo a la Corte Penal Internacional: dile No a la impunidad de los crímenes internacionales y Sí a la reparación para las víctimas, en colaboración con el Senado del Uruguay.
Este seminario tuvo como objetivo proporcionar un espacio en el cual legisladores y otros actores relevantes de distintos países de América Latina pudieran intercambiar los avances realizados y los desafíos que persisten en sus respectivos países, en relación a la plena aplicación de los principios y los crímenes del Estatuto de Roma, al establecimiento de mecanismos nacionales de cooperación con la Corte Penal Internacional (CPI) así como a la ratificación de las enmiendas de Kampala del Estatuto de Roma, adoptadas en 2010.
El evento, el cual recibió el apoyo de la Intendencia de Montevideo y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), contó con la participación activa de legisladores de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Durante la sesión de apertura del evento, Dip. Alfredo Asti (Uruguay), vicepresidente de Uruguay ante el Parlamento Latinoamericano (Parlatino) y en representación de la Presidenta, la Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (México), el Dip. Daniel Radio (Uruguay), miembro de PGA, y el Dip. Ronny Monge (Costa Rica), miembro del Consejo Ejecutivo de PGA, hicieron hincapié en la responsabilidad de los parlamentarios en la promoción y logro para fortalecer los marcos jurídicos nacionales permitiendo la prevención y el enjuiciamiento de graves violaciones de los derechos humanos de conformidad con las normas nacionales e internacionales. En este sentido, el Estatuto de Roma de la CPI es una herramienta fundamental por haber establecido el primer y único tribunal permanente con jurisdicción para enjuiciar los crímenes más graves de trascendencia internacional, como lo son los crímenes contra la humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra y, en perspectiva, el crimen de agresión.
El primer día del seminario se centró en la implementación de los principios generales del derecho y los crímenes del Estatuto de Roma, temas introducidos por los expertos de PGA y del CICR, así como los desafíos que los países de la región deben enfrentar para lograr dicha implementación. En efecto, el Sr. Ricardo Domínguez, Representante Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Uruguay, describió un panorama general desde una perspectiva regional, destacando la importancia de los parlamentarios como actores principales para el reconocimiento del rol de la CPI y del derecho internacional en general. En estos tiempos, cuando la democracia y el Estado de Derecho pueden estar amenazados, el poder legislativo se vuelve aún más importante para la implementación efectiva de las normas internacionales dentro de los marcos jurídicos nacionales. El Dip. Jorge Cálix (Honduras), miembro de PGA, presentó la situación en Honduras y renovó su compromiso de seguir avanzando en el proceso de implementación en su país. La Sra. Ina Zoon, Project Manager de la Open Society Justice Initiative, presentó un informe sobre la situación en México que fue publicado este año (2016), describiendo la situación actual de violaciones de derechos humanos que podrían ser calificadas como crímenes internacionales ante el contexto de las violaciones masivas caracterizadas por la impunidad.
Como una introducción al tema que nos ocupó, el Dip. Daniel Radio (Uruguay), miembro de PGA, recordó al público los tres pilares principales del sistema del Estatuto de Roma: la complementariedad, la no retroactividad y el principio de no impunidad. Empezando con el principio de complementariedad, destacó que el Estatuto de Roma reconoce en su preámbulo y texto que la responsabilidad primaria de enjuiciar los crímenes internacionales corresponde a las autoridades nacionales. Además, el Dip. Radio hizo hincapié en que, debido a la implementación no retroactiva del Estatuto, la Corte sólo tiene competencia sobre los crímenes cometidos después de la entrada en vigencia del Estatuto en un país determinado. Concluyó explicando que un gran paso para la comunidad internacional en la lucha contra la impunidad fue la inclusión del principio de irrelevancia de la capacidad oficial dentro del texto del Estatuto de Roma, de conformidad con el derecho internacional consuetudinario. Este principio significa que todas las personas son iguales ante la ley y que no habrá impunidad para los crímenes internacionales, independientemente del cargo oficial de los acusados, incluso si él/ ella es Jefe/a de Estado, de Gobierno o legislador/a.
Como bien recordase la Sen. Emilia Alfaro (Paraguay), quien fue una fuerza impulsora para la aprobación de la ley de implementación en el Senado de su país, la implementación sustantiva del Estatuto de Roma dentro de los marcos jurídicos nacionales puede ser un proceso largo. En su presentación, explicó que dicho proceso tomó el tiempo necesario considerando que varias consultas se llevaron a cabo con todas las partes interesadas, incluyendo a los ministerios pertinentes, el Tribunal Supremo, a la oficina del Fiscal General, los legisladores y la sociedad civil local e internacional. Muchos de los aspectos jurídicos y políticos tuvieron que ser discutidos, y en última instancia, el 4 de agosto de 2016 culminó dicho proceso con la aprobación en el Senado del proyecto de ley que implementa los crímenes y los principios incluidos en el Estatuto de Roma, así como establece los mecanismos nacionales de cooperación con la CPI.
Otro legislador del Paraguay presente, el Dip. Juan Félix Bogado (Paraguay), miembro de PGA, destacó que la promoción del sistema del Estatuto de Roma es una manera de fomentar la reconciliación en su país luego de la dictadura militar. Bajo estos regímenes violentos, los países de América Latina, incluso Paraguay han sufrido violaciones de los derechos humanos atroces: la tortura, el encarcelamiento ilegal, las desapariciones forzadas y hasta ejecuciones extrajudiciales. Su perspectiva es particularmente conmovedora ya que es el nieto e hijo de víctimas de la dictadura.
Asimismo, subrayó que ha habido muchos avances en la comprensión del sistema del Estatuto de Roma en Paraguay como una manera de construir el Estado de derecho para el futuro, gracias también a los esfuerzos de su colega el Dip. Clemente Barrios Monges, quien es miembro del partido político mayoritario y apoya algunas de las políticas del antiguo régimen. El trabajo sobre la implementación del Estatuto de Roma es una contribución que cada legislador debe, en beneficio de su pueblo y de la comunidad internacional, llevar a cabo. En Paraguay, diferentes partidos políticos están trabajando en conjunto para implementar plenamente el Estatuto de Roma y apoyar a la CPI. El Dip. Bogado se comprometió a presionar por la aprobación del proyecto de ley que implementa el Estatuto en la Cámara de Diputados y de reunirse con el ministro de Justicia, junto con otros miembros de PGA, para discutir la plena cooperación con la Corte.
Una historia similar de reconciliación social a través de un proceso relacionado con el Estatuto de Roma fue presentada por la Dip. Iris Guerra (El Salvador), quien destacó que la ratificación del Estatuto era un compromiso de todos los partidos que apoyaron frente a sus electores en relación a la no repetición de los últimos crímenes violentos que ocurrieron en El Salvador. Asimismo, destacó el trabajo de los parlamentarios de su partido político, así como de otros actores que hicieron posible la adopción del proyecto de ley de ratificación del Estatuto, el 26 de noviembre de 2015, pocos días antes del Foro Anual de PGA en San Salvador. La Dip. Guerra afirmó que el establecimiento de los mecanismos nacionales para cooperar con la CPI es ahora una prioridad para su país como una manera de demostrar que su compromiso era real cuando votaron a favor de la ratificación.
En la región, el caso de Venezuela expuesto por la Dip. Delsa Solórzano (Venezuela) es un gran motivo de preocupación. Sin embargo, ella indicó que ya ha empezado junto con otros parlamentarios a trabajar en un proyecto de ley para implementar plenamente el Estatuto de Roma en su país. La Dip Solórzano anticipó que el proyecto de ley podría ser aprobado al comienzo del próximo año. En una línea similar, el Dip. Jean Wyllys (Presidente del Grupo Nacional de PGA en Brasil), al hablar de las dificultades de su propio país, explicó que muchas violaciones graves de los derechos humanos, en particular de las poblaciones vulnerables se producen, por ejemplo, en las cárceles, donde la tortura sigue siendo una práctica común. El sistema del Estatuto de Roma sigue siendo sumamente relevante frente a las atrocidades que ocurren en el mundo y en ciertas partes de América Latina. El legislador brasileño se comprometió a trabajar para conseguir el apoyo de otros parlamentarios para aprobar la ley de implementación pendiente en el Parlamento desde el año 2007.
El Estatuto de Roma es un instrumento de facetas múltiples, diseñado para tener un efecto disuasorio, llevar a cabo el procesamiento de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional, y la reparación en beneficio de las víctimas de estos crímenes atroces. El elemento de reparación es a menudo un aspecto olvidado del Estatuto de Roma, que incluye el Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas (TFV, por sus siglas en inglés). El Dr. Felipe Michelini, miembro del Consejo de la TFV, explicó en su presentación el rol del Fondo en el apoyo y la implementación de programas que tratan los daños resultantes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. El TFV cumple las reparaciones por orden judicial y proporciona apoyo físico, psicológico, así como material a las víctimas y a sus familias. Desde 2008, el Fondo Fiduciario ha aliviado el sufrimiento de 110.000 víctimas de las cuales más de 5.000 son víctimas de violencia sexual y de género. El Dr. Michelini expresó su preocupación por la falta de apoyo financiero para el Fondo Fiduciario e insistió entre los legisladores presentes, tener en mente la institución a la hora de interactuar con los miembros de su gobierno.
El segundo día de la actividad se centró en el fortalecimiento de los mecanismos nacionales de cooperación con la Corte y la ratificación de las enmiendas de Kampala.
El Dip. Ronny Monge (Costa Rica), miembro del Consejo Ejecutivo de PGA, se refirió a la importancia de la sensibilización sobre el sistema del Estatuto de Roma para que todos los actores nacionales pertinentes puedan familiarizarse con dicho sistema. Aunque Costa Rica haya estado a la vanguardia de la ratificación de diversos instrumentos internacionales, no había una verdadera identificación con el Estatuto de Roma. Uno no sólo debería concentrarse en votar las leyes, sino que también asegurarse de que la sociedad comprenda la herramienta presentada en su beneficio. El legislador explicó el hecho de que Costa Rica puede ser un país pacífico, pero siempre y cuando hay crímenes atroces que se cometen en otros lugares del planeta, cada país es responsable de luchar contra la impunidad de los que cometen este tipo de delitos. Por lo tanto, es fundamental que todos los Estados cooperen plenamente con la CPI. En esta línea, se comprometió a alentar a los miembros de la Comisión de Seguridad, que él preside, para adoptar el proyecto de ley que establece los mecanismos nacionales para cooperar con la CPI antes del final del año.
Sobre el tema de la cooperación con la CPI, el Dip. Demóstenes Martínez (República Dominicana), miembro de PGA, reiteró el compromiso de su país en la lucha contra la impunidad, especialmente por la aprobación de la Cámara de Diputados del Código Penal modificado, que contiene las definiciones de los 4 crímenes incluidos en el Estatuto de Roma, de conformidad con los comentarios proporcionados por PGA durante todo el proceso de revisión.
Como un compromiso con su electorado y la comunidad internacional, se comprometió a avanzar en el trabajo sobre el proyecto de ley de cooperación, así como la ratificación de las enmiendas de Kampala mediante el trabajo conjunto con los miembros de PGA de otros partidos políticos y, también, desde el Senado. El Dip. Oswaldo Ramos Soto (Honduras), miembro de PGA, también se comprometió a avanzar en la discusión sobre las enmiendas al Código Penal, a las que PGA ha contribuido, así como colaborar con el Ministerio de Relaciones Exteriores para la ratificación de las enmiendas de Kampala e incluir en la agenda de la Comisión que preside la discusión del proyecto de ley que establece los mecanismos para cooperar con la CPI. Este proyecto de ley ya ha recibido dictamen favorable de la Fiscalía y del Tribunal Supremo de Honduras.
Muchos avances tuvieron lugar en la región sobre la ratificación de las Enmiendas de Kampala, y la Presidente Interina de PGA, la Dip. Margarita Stolbizer (Argentina) anunció en el marco del Seminario, que la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el 28 de septiembre, la ratificación de las Enmiendas de Kampala y que se espera que el Senado apruebe pronto dicha ratificación. La Dip. Stolbizer también compartió que PGA convocó a una reunión con el Ministro de Justicia y la Presidenta de la CPI para generar la voluntad política necesaria del gobierno para la firma de acuerdos de cooperación. Destacando que la CPI ha sido una política de Estado para Argentina, ya que todos los partidos políticos, cuando están en el gobierno han apoyado la CPI, anunció la celebración de un seminario con los jueces federales, fiscales y legisladores para sensibilizarles sobre los deberes que Argentina tiene como Estado Parte del Estatuto de Roma.
El Dip. Mario Tenorio (El Salvador), miembro de PGA desde hace mucho tiempo, compartió la experiencia de El Salvador como el primer país que ha ratificado el Estatuto de Roma modificado y puso de relieve lo que significa la protección de las Enmiendas de Kampala sobre el crimen de agresión para países pequeños como El Salvador. El Sen. Julio César Valentín (recientemente elegido Presidente del grupo PGA en República Dominicana) destacó la labor que ha llevado junto con sus colegas para dar seguimiento al compromiso público de los miembros del gobierno en su presentación en el Seminario organizado por PGA en Santo Domingo, en 2015. Hizo hincapié en que el pueblo de República Dominicana está dispuesto a apoyar la CPI en el cumplimiento de su mandato para luchar contra la impunidad. Por último, el Sen. Carlos Pablo Klinsky Fernández (Bolivia) subrayó la importancia de las lecciones aprendidas por los parlamentarios de Paraguay y El Salvador con respecto a la necesidad de que todos los partidos políticos colaboren en aspectos que son esenciales para la comunidad internacional en su conjunto. El senador Klinsky se comprometió a reunirse con todos los miembros de PGA en Bolivia y poner en marcha el plan de acción para Bolivia hacia la implementación plena del Estatuto de Roma y la ratificación de las enmiendas de Kampala.
Con miras a reforzar la lucha contra la impunidad, el embajador argentino en Uruguay Sr. Guillermo Montenegro presentó una Declaración Permanente, co-escrita por los gobiernos de Países Bajos, Bélgica, Senegal, Eslovenia y Argentina, titulada Iniciativa Internacional para la Apertura de Negociaciones sobre un Tratado Multilateral de Asistencia Jurídica Mutua y de Extradición en el Juzgamiento de Delitos Atroces Locales (delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra). También conocido como la iniciativa del tratado de asistencia jurídica mutua (MLA), que está diseñada para crear un marco legalmente vinculante para la cooperación entre Estados en su lucha contra los crímenes atroces masivos. PGA apoya esta iniciativa desde el año 2013.
El seminario concluyó con la adopción del Plan de Acción de Montevideo 2016, a través del cual parlamentarios se comprometieron a avanzar, en sus respectivos parlamentos, las reformas legislativas para la implementación efectiva del Estatuto de Roma y para pedir a sus gobiernos enviar proyectos de ley al Parlamento para la ratificación de las enmiendas de Kampala y la firma de acuerdos de cooperación ad hoc con la CPI.
