Montevideo/ Nueva York, 16 de mayo de 2019
El 6 y 7 de mayo de 2019, la Cámara de Representantes del Uruguay alojó a cuarenta participantes de América Latina, incluyendo parlamentarios de diez países, autoridades estatales y autónomas del Uruguay, representantes de la comunidad diplomática y representantes de organizaciones internacionales y la sociedad civil. ¿La razón? Reflexionar sobre la justicia internacional como herramienta fundamental para fortalecer el Estado de derecho, la protección de los derechos humanos y la gobernanza democrática, en el taller subregional co-organizado por Parlamentarios para la Acción Global (PGA).
Vivimos en tiempos donde el multilateralismo está siendo cuestionado como vía eficaz para resolver asuntos globales. Nuevas amenazas y la evolución de las armas y los métodos de guerra socavan la paz y los valores democráticos. Aún hoy, seguimos siendo testigos de la comisión de crímenes internacionales, a saber, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra y el crimen de agresión, y los intentos de sus autores de evadir el proceso de rendición de cuentas pertinente. En la región latinoamericana, sin ir más lejos, la situación de atropello de derechos humanos en Venezuela y Nicaragua continúa en escalada, mientras que países como El Salvador y Guatemala debaten la aprobación de leyes de amnistía para crímenes internacionales.
Es por ello que los participantes del Taller Subregional sobre la Justicia Internacional redoblaron la apuesta a favor del sistema de rendición de cuentas del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). La implementación del mismo en los órdenes jurídicos nacionales es un un requisito clave para reforzar el Estado de derecho doméstico, la protección de los derechos humanos de la población civil y la integridad de los territorios. El evento se enmarca en una continuidad de seminarios parlamentarios y talleres organizados por PGA en Montevideo, Uruguay, desde el año 2012.
El compromiso latinoamericano con el “Nunca Más”
La lucha en contra la impunidad no debería tener contrarios Dip. Cecilia Bottino, Presidenta de la Cámara de Representantes del Uruguay
América Latina ha contribuido considerablemente a la consolidación de un sistema de justicia penal internacional basado en la CPI. El esfuerzo mancomunado de los parlamentarios latinoamericanos y PGA condujo a la ratificación del Estatuto de Roma en todos los países de la región, a excepción de Nicaragua, y a la ratificación de las enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma sobre el crimen de agresión por siete países. Sin embargo, a pesar de estos logros, quedan aún muchos retos para la lograr la universalidad y efectividad del sistema del Estatuto de Roma y la rendición de cuentas por la comisión de crímenes internacionales y violaciones graves de derechos humanos.
En esta ocasión, entre los temas indagados estuvieron:
- Los mecanismos regionales de lucha contra la impunidad de las violaciones de los derechos humanos
- La iniciativa COPLA (Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el crimen transnacional organizado)
- La iniciativa de una Convención para la prevención y la sanción de los crímenes de lesa humanidad
- El mandato reparatorio del Estatuto de Roma de la CPI implementado a través del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas (FFBV)
- El caso de Colombia antes y después de los Acuerdos de Paz de 2016
- Los avances y desafíos en la región para la plena implementación del Estatuto de Roma en los ordenamientos jurídicos nacionales
- Las enmiendas al Estatuto de Roma.
Acción, no retórica
Al final de la jornada, y como es costumbre en los eventos organizados por PGA, los parlamentarios presentes se comprometieron a usar sus prerrogativas legislativas y políticas para avanzar ciertos objetivos pertinentes a cada país, incluyendo: la ratificación y plena implementación del Estatuto de Roma y enmiendas de Kampala en los ordenamientos jurídicos internos; la adopción de proyectos de ley de cooperación con la CPI y la firma de acuerdos de cooperación bilaterales; el compromiso a apoyar el sistema del Estatuto de Roma y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en foros nacionales e internacionales; y el impulso a la Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales.