PGA presenta argumentos de Derecho Internacional ante el Comité de Justicia del Parlamento Sudafricano sobre la propuesta del Gobierno de derogar la Ley de Implementación de la CPI de 2002 (en inglés)
Parlamentarios para la Acción Global (PGA, por su sigla en inglés) celebra la decisión del gobierno de Sudáfrica de parar el proceso de retirada de la CPI, notificada el 7 de marzo a través de un depósito del tratado al Secretario General de la ONU, el depositario del tratado. Hace dos semanas, la Corte Suprema de Gauteng (Pretoria) decidió que la decisión del Ejecutivo de retirar al Estado del Estatuto de Roma era inconstitucional, y por lo tanto nula y sin efecto, porque no fue debidamente autorizada por el Parlamento sudafricano que había promulgado una ley autorizando la ratificación en el año 2000.
Es sólo ahora, con la reciente acción del Ejecutivo, que Sudáfrica puede permanecer efectivamente en el sistema de la CPI contra la impunidad de las atrocidades masivas. Sin embargo, el Gobierno de Sudáfrica sigue apoyando un proceso parlamentario para derogar la legislación relacionada con la CPI, que puede volver a abrir las puertas para la salida del sistema del Estatuto de Roma, y pronto podría proponer al Parlamento un proyecto de ley sobre la retirada.
Esta decisión provisional de Sudáfrica sigue la decisión permanente de Gambia, en donde el nuevo Presidente Adama Barrow revocó la notificación de retirada de la CPI de febrero 2017 de su predecesor. De las tres naciones africanas que enviaron a la ONU una notificación de retirada de la CPI en el último trimestre de 2016, Burundi es el único país que no ha retraído de alguna forma esta decisión dramática, que solo puede entrar en vigor un año después de la notificación a la ONU.
Ahora, el Parlamento sudafricano tiene que deliberar sobre una propuesta del gobierno para derogar la legislación nacional de 2002 que incorpora las normas y los principios del Estatuto de Roma en las leyes sudafricanas. En este respeto, PGA entregó un documento a la Comisión de Justicia del parlamento de Sudáfrica que enfatiza el carácter de derecho internacional consuetudinario de los principios más importantes contenidos en el Estatuto de Roma. Ningún Estado se puede retirar del derecho internacional consuetudinario. Entre tales principios, ocupa un lugar central la irrelevancia de la capacidad oficial o el principio de no inmunidad, base sobre la cual cada Tribunal Internacional establecido desde 1945 tiene el mandato de enjuiciar a los individuos capaces de ordenar a las fuerzas armadas la comisión de ataques amplios y sistemáticos contra una población civil. Estos individuos incluyen a jefes de estado, cuya impunidad es una causa que contribuye a la repetición de atrocidades masivas, así como conflictos internos y guerras.
La jurisdicción de la CPI, en virtud del artículo 5 del Estatuto de Roma, lista el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Estos son los crímenes bajo el derecho internacional derivados del precedente de Núremberg de 1946. Bajo la propuesta de Sudáfrica de la administración de Nelson Mandela, el 17 de julio de 1998 se incorporó el crimen de apartheid como un delito en el ámbito de los crímenes de lesa humanidad. Definiciones anteriores de los crímenes de lesa humanidad en los Tribunales de Núremberg, Tokio, Ex Yugoslavia y Ruanda no criminalizaron el apartheid como tal.
Si el Parlamento decidiera derogar la Ley sudafricana de la CPI (2002) y autorizar al gobierno a empezar de nuevo el proceso de retirada del Estatuto de Roma, negaría el legado del Presidente Nelson Mandela y su Ministro de Justicia, Dullah Omar, quien encabezó la delegación sudafricana a la Conferencia Diplomática de Roma en 1998, que acordó por unanimidad la propuesta sudafricana de incluir el apartheid como un crimen de lesa humanidad, para que nadie pudiera esconderse detrás de un escudo de inmunidad u otras barreras procedurales para evitar el enjuiciamiento.
PGA pide a todos los miembros del Parlamento sudafricano, empezando por la Comisión de Justicia y Asuntos Constitucionales, que rechacen la propuesta de derogar la histórica Ley de Implementación de la CPI de 2002, que inspiró la acción legislativa de cientos de legisladores de todas regiones del mundo para apoyar el sistema del Estatuto de Roma contra la impunidad, y que empoderó a los tribunales sudafricanos a asegurar una conformidad completa entre las leyes domésticas e internacionales de acuerdo con la Constitución de una Sudáfrica libre. Presidenta de PGA, Dip. Margarita Stolbizer (Argentina), en nombre de 1400 legisladores individuales de 143 países en la red de PGA.