El 23 de Octubre de 2019, Parlamentarios para la Acción Global (PGA) hizo un llamado a las autoridades nacionales ecuatorianas, incluyendo a la Presidencia de la Asamblea Nacional, a garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los parlamentarios en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
Legisladores ecuatorianos que han expresado una línea política más cercana a la del expresidente Correa están siendo atacados y privados de sus derechos civiles y políticos como miembros elegidos democráticamente de la Asamblea Nacional. Entre ellos se encuentra la Asambleísta Soledad Buendía, presidenta del Grupo Nacional de PGA en Ecuador.
La Asambleísta Buendía ha sufrido serias violaciones a sus derechos fundamentales de integridad física y psicológica debido a su línea política. Amenazas de muerte, persecución y linchamiento mediático son algunos ejemplos de las vejaciones que la han forzado a buscar protección en la Ciudad de México bajo asilo político. Desde la emergencia de salud del COVID-19, la Asambleísta expresa que no se han respetado sus derechos como legisladora, impidiéndole participar de manera virtual en las sesiones programadas. Esto se suma a que, al encontrarse bajo protección internacional, se le ha retirado administrativamente su sueldo. A continuación, encontrará el testimonio de la Asambleísta Buendía donde relata la violencia sistemática que ha sufrido.
A la luz de las nuevas declaraciones de la miembro de nuestra red, PGA reitera que la persecución política es contraria al Estado de Derecho nacional e internacional e insta a todas las instituciones nacionales de Ecuador a respetar los derechos fundamentales de los representantes electos del pueblo.
TESTIMONY BY ASSEMBLYWOMAN SOLEAD BUENDIA
María Soledad Buendía Herdoíza, con cédula de ciudadanía 1710086685, de sexo femenino, solbuendia@hotmail.com. En calidad de Asambleísta de la República del Ecuador electa para el periodo 2017-2021, en ejercicio de mis propios y personales derechos, pongo en conocimiento de la organización Parlamentarios para la Acción Global (PGA), de la cual soy miembro, la presente denuncia:
Antecedentes de Hecho
Por mi posición política desde hace más de dos años he sido víctima constantemente de persecución, linchamiento mediático, acusaciones falsas y amenazas. Las amenazas de muerte iniciaron hace meses, fueron denunciadas a las autoridades competentes, como la fiscalía. Luego continuó el acoso y la suplantación de identidad lo cual fue nuevamente denunciado a la fiscalía. Posteriormente bajo sustitución de mi identidad lograron entrar dos hombres armados a mi despacho en la Asamblea Nacional, nuevamente denunciado al presidente de dicha institución. Ataques e insultos en redes y en medios de comunicación se sumaron a una amenaza de bomba en el conjunto habitacional donde resido.
En el marco del paro nacional la violencia se incrementó contra nuestro grupo político en la Asamblea, siendo acusados directamente en cadena nacional por el propio presidente de la Republica, el día ocho de octubre de 2019 donde nos llaman “dirigentes inescrupulosos que con un interés firme: queremos atentar a la estabilidad del país, mediante la alteración del orden democrático”, y sacan imágenes de nuestros rostros y publicaciones en nuestras redes sociales. Allanamientos, seguimientos extrajudiciales y la prisión de varios dirigentes fueron el marco del 14 de octubre, día en que salgo de mi casa y me percato de que me siguen, a pocos minutos recibo otra llamada amenazante. En la desesperación junto con mi esposo llegamos a la embajada de México donde nos auxiliaron y dieron protección, hoy me encuentro en la ciudad de México con asilo político.
La Asamblea Nacional lejos de darme protección y respetar mis derechos como legisladora me ha vulnerado, el presidente del parlamento me ha retirado administrativamente el sueldo al encontrarme bajo protección internacional y me ha impedido participar de manera virtual en las sesiones programadas durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Las mujeres ecuatorianas aún nos enfrentamos a diario contra múltiples formas de violencia de género que, al parecer y a pesar de ejecutarse de forma sistemática, no constituyen una problemática relevante para las instituciones públicas, pues pasan a ser calificadas como hechos aislados que atañen al ámbito personal, que debe ser enfrentado individualmente por cada víctima fomentándose la naturalización de la violencia contra la mujer.
He sido víctima de un sin número de ataques, insultos, improperios, humillaciones y hostigamiento por mi sola condición de ser una mujer política, que han sido llevados a cabo por personas - hasta ahora inidentificadas – que utilizan especialmente los medios tecnológicos, tales como redes sociales y portales o plataformas informativas y de opinión, generando, reproduciendo y transmitiendo informaciones, opiniones, notas, imágenes y videos falsos y calumniosos con los que se pretende degradar mi imagen personal y pública utilizando estereotipos de género y afectando en forma permanente y sistemática mis derechos humanos a la integridad personal, psíquica y moral, a llevar una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, a la igualdad, a la no discriminación y a mi derecho al honor y buen nombre, que son derechos contemplados y garantizados por la Constitución de la República del Ecuador y los instrumentos internacionales.
Los medios digitales ecuatorianos y las redes sociales, especialmente Twitter y Facebook, se han convertido en un instrumento utilizado por detractores políticos para generar y promover compulsivamente el ejercicio de una flagrante violencia psicológica en mi contra como mujer política y persona pública, ya que sus constantes publicaciones están dirigidas a causarme daño emocional, disminuir mi autoestima, afectar mi honra, provocar descrédito, menospreciar mi dignidad personal, perturbarme, degradarme, cuestionar mis creencias, criterios o decisiones mediante la humillación, afectando mi estabilidad psicológica y emocional. Se me acosa y hostiga con palabras, actos, comentarios y caricaturizaciones difundidas través de mensajes electrónicos con la clara intención de perseguirme y degradarme por mi condición de mujer, pretendiendo anular con ello mi dignidad, mi prestigio y no solamente mi integridad psíquica y emocional personal sino también la de mi familia.
Vulneración de derechos por parte de la Asamblea Nacional
Ante los ataques en redes sociales y medios de comunicación, y como Asambleísta electa por el pueblo ecuatoriano, el 21 de octubre, solicité al Presidente de la Asamblea Nacional, el respeto a las normas, al debido proceso, y las garantías de ejercicio pleno al derecho la legítima defensa. Sin embargo, el 22 de octubre sin respuesta a mi requerimiento y sin permitirme argumentar mi estado de vulnerabilidad, el Consejo de Administración Legislativa decide suspender el pago de los Asambleístas asilados en la Embajada de México..
Sobre la situación de varios Legisladores, hemos resuelto en el #CAL:
— César Litardo (@cesarlitardo) October 22, 2019
Suspender el pago del sueldo a los Asambleístas asilados en la Embajada de México. De igual manera al Asambleísta Yofre Poma, durante el tiempo que dure la privación de su libertad. pic.twitter.com/uMx0GCEsLF
Aviso de salida de la Asamblea Nacional por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Luego de la resolución N° CAL-2019-2021-111 emitida por el Consejo de Administración Legislativa, el 24 de octubre de 2019, donde se aprueba la principalización provisional del asambleísta suplente y la suspensión de sueldo del asambleísta principal, me llega una notificación de aviso de salida de la Asamblea Nacional con fecha 31 de octubre de 2019. Aquí se evidencia una clara vulneración de mis derechos.
Notificación a la Asamblea Nacional
Se me notifica para comparecer ante la Comisión Especial Ocasional Multipartidista y dar una versión sobre los hechos ocurridos durante las protestas en el Paro Nacional, sin pueda aportar al caso, ya que en las fechas me encontraba delicada de salud.
Asilo político
El gobierno Mexicano después del análisis de la solicitud realizada el 14 de octubre de 2019, me otorga protección de manera inmediata y me concede asilo político el 6 de noviembre de 2019 junto con mi esposo Edwin Jarrín, inmediatamente solicita el correspondiente salvoconducto al gobierno ecuatoriano. El 9 enero de 2020 viajo a México bajo la protección del gobierno Mexicano, donde vivo con residencia permanente hasta poder regresar a mi país.
Asamblea vulnera mis derechos: participación en sesiones del Pleno durante la crisis del COVID-19
He sido debidamente convocada por correo electrónico a la sesión 659 del pleno de la Asamblea Nacional, de acuerdo en lo dispuesto en los Artículos 5, 6 y 7 del Reglamento para la implementación de las sesiones virtuales y teletrabajo, contenido en la resolución CAL-2019-2021-213. Sin embargo, el 24 de marzo de 2020, me fue negado mi derecho de participación como asambleísta electa por el pueblo ecuatoriano para el periodo 2017-2021.
