Nueva York/La Haya, 17 de julio de 2023
Hoy, Parlamentarios para la Acción Global (PGA) conmemora el 25º Aniversario de la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), un hito en la búsqueda colectiva de la justicia, la rendición de cuentas y el Estado de Derecho. PGA, una red global de parlamentarios comprometidos con la promoción de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, reafirma su apoyo inquebrantable al sistema del Estatuto de Roma y a sus objetivos.
Desde la creación de la CPI, PGA ha desempeñado un papel vital en la promoción de la universalidad del Estatuto de Roma. Reconocemos la importancia de su ratificación universal, incluyendo la de todas sus enmiendas, para fortalecer el mandato de la CPI y garantizar su eficacia. Sólo mediante la ratificación/adhesión universal al Estatuto de Roma y a todas sus enmiendas por parte de todos los Estados, la competencia de la Corte, es decir, su facultad de investigar, procesar y juzgar un caso, podrá extenderse a los crímenes internacionales cometidos por cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Por este motivo, elogiamos los esfuerzos de los Estados que ya han ratificado el Estatuto de Roma, así como los que ya están inmersos en el proceso, e instamos a los que aún no lo han hecho a que se unan a la comunidad internacional en este importante compromiso.
La plena implementación del Estatuto de Roma es primordial. El sistema del Estatuto de Roma se basa en la premisa de que la competencia y la autoridad principal para iniciar investigaciones sobre crímenes internacionales corresponde a las jurisdicciones nacionales de los Estados. Los Estados, por lo tanto, tienen la obligación de contribuir a la lucha global contra la impunidad. Esto sólo puede lograrse mediante una legislación nacional que, como mínimo, incorpore la definición de los crímenes principales, los principios generales del derecho y los procedimientos de cooperación con la CPI. Una legislación eficaz permite a los Estados juzgar los crímenes más graves a nivel nacional de conformidad con las normas internacionales, pero también aumenta la seguridad jurídica y refuerza el marco jurídico nacional de los Estados.
PGA sigue exhortando una mayor cooperación por parte de los Estados, ya que, sin ella, la Corte no puede llevar a cabo su mandato con eficacia. Los Estados reconocen desde hace tiempo la importancia de la eficacia y eficiencia de los juicios y de las garantías procesales, los derechos de la defensa y de otras partes y participantes, y el coste de los juicios. Esto no puede lograrse sin una legislación nacional que aplique las disposiciones sobre cooperación con la CPI, pues permite a los Estados ejecutar rápidamente las órdenes de detención, las decisiones y las solicitudes de asistencia emitidas por la Corte.
Más aún, los cuatro acuerdos de cooperación ad hoc sobre protección de víctimas y testigos, ejecución de sentencias, libertad provisional y puesta en libertad de personas absueltas, permiten un marco más vigoroso y sólido de colaboración con la Corte. En consecuencia, una mayor cooperación entre los Estados y la CPI reforzará la capacidad de la Corte para investigar y enjuiciar a los responsables de los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional, es decir, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.
Además, es fundamental que se asignen recursos suficientes a la Corte. Instamos a todos los Estados Partes y a la comunidad internacional a que garanticen que la CPI recibe el apoyo financiero necesario. Una financiación adecuada ayudará a la Corte a llevar a cabo sus actividades judiciales y no judiciales, facilitará sus programas de divulgación y sensibilización en los países en los que tiene exámenes preliminares o investigaciones abiertas y proporcionará reparaciones a las víctimas y a las comunidades afectadas de todo el mundo a través de su Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas.
La calidad de los magistrados tiene una importancia fundamental para el rendimiento, la eficiencia y la eficacia de la CPI que está en el centro del éxito a largo plazo y de la integridad del sistema del Estatuto de Roma. Por consiguiente, instamos a los Estados Partes a que mejoren sus procedimientos nacionales de designación de candidatos a magistrados de la CPI y adopten buenas prácticas que garanticen que estos procesos sean justos, transparentes, basados en los méritos y libres de injerencias políticas. Un proceso de designación de calidad mejorará la independencia de los magistrados de la CPI y reforzará la credibilidad de la Corte.
En éste primer cuarto de siglo de existencia de la CPI, es crucial activar la competencia de la Corte sobre el crimen de agresión con el fin de fortalecer las normas establecidas por la Carta de las Naciones Unidas, disuadir futuros actos de agresión y asegurar que aquellos en posiciones de liderazgo responsables de tales crímenes rindan cuentas. Una enmienda al Estatuto de Roma que permita a la CPI juzgar a un Estado no Parte si cometió el crimen de agresión en el territorio de un Estado Parte que haya aceptado la competencia sobre el crimen de agresión, será un paso significativo para reconocer y abordar las devastadoras consecuencias de la agresión, el inmenso sufrimiento causado a la población víctima, así como su amenaza a la paz y la seguridad internacionales y violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.
La CPI ha surgido como un faro de esperanza y una institución indispensable. En la coyuntura actual con crecientes amenazas a la CPI, su personal, los actores de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, la Corte necesita más apoyo ante la escalada de atrocidades y crímenes cometidos en todo el mundo. La Corte es un testimonio del compromiso con la justicia y la rendición de cuentas y es un elemento disuasorio vital: los responsables de los crímenes más atroces no quedarán impunes.
Al conmemorar este 25 aniversario, renovamos nuestra determinación de fortalecer la CPI, apoyar su labor y garantizar que sigue desempeñando un papel crucial a la hora de brindar justicia a las víctimas de crímenes internacionales.
