El 11 de marzo de 2025, las autoridades filipinas detuvieron al expresidente Rodrigo Duterte en Manila y lo trasladaron a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. Este hecho se produce tras la orden de arresto emitida por la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI y transmitida a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

El expresidente Rodrigo Duterte está acusado de ser presunto coautor indirecto de crímenes contra la humanidad, incluidos asesinato, tortura y violación, cometidos en Filipinas entre noviembre de 2011 y marzo de 2019. Durante este período, el Sr. Duterte fue alcalde de la ciudad de Davao (2013-2016) y presidente de la República de Filipinas (2016-2022). Poco después de su elección en 2016, lanzó una «guerra contra las drogas», una polémica campaña que supuestamente constituyó un «ataque generalizado y sistemático contra la población civil» y provocó la muerte de entre 12 000 y 30 000 civiles, según la CPI.

• La exsenadora Leila de Lima (Filipinas)

Esto es algo muy personal para mí. Durante casi siete años, estuve encarcelada por cargos falsos, acusada de delitos que no cometí, todo porque me atreví a hablar en contra de la guerra contra las drogas de Duterte. Mientras yo estaba entre rejas, miles de filipinos fueron asesinados sin que se hiciera justicia, y sus familias quedaron desconsoladas sin respuestas, sin rendición de cuentas.

Hoy, se está haciendo que Duterte responda, no a mí, sino a las víctimas, a sus familias, a un mundo que se niega a olvidar. No se trata de venganza. Se trata de que la justicia finalmente siga su curso.

- Exsenadora Leila de Lima (Filipinas), miembro de PGA.

Crédito: Rappler

Esta detención marca la primera vez que un líder del sudeste asiático ha sido acusado por la CPI de violaciones de los derechos humanos, lo que ofrece esperanza a las comunidades de víctimas en Filipinas y más allá. Reafirma el papel de la CPI en la impartición de justicia para los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional, ya que la Corte es a menudo la única vía para que los supervivientes obtengan justicia y reparación.

Desafíos para lograr la rendición de cuentas

La magnitud de las ejecuciones extrajudiciales y otros presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en Filipinas durante la presidencia de Duterte llevó a la Fiscalía de la CPI a abrir un examen preliminar en 2018. En respuesta, el entonces presidente Duterte retiró a Filipinas del Estatuto de Roma, una decisión que entró en vigor el 16 de marzo de 2019.

En ese momento, los miembros de PGA expresaron su profundo pesar y oposición, advirtiendo que esta acción estaba «privando a la población filipina de la garantía de una cultura de justicia, legalidad y derechos humanos como base para la paz y la seguridad» y denunciando la «falta de voluntad del presidente de Filipinas para abordar las graves violaciones presuntamente cometidas por los escuadrones de la muerte patrocinados por el Gobierno», según las palabras de los exmiembros del Senado Leila de Lima y Antonio Trillanes IV.

A pesar de la retirada de Filipinas del Estatuto de Roma, la CPI mantuvo su jurisdicción sobre los crímenes cometidos mientras Filipinas era un Estado Parte. En consecuencia, la Corte pudo continuar investigando la situación de los crímenes ocurridos hasta el 16 de marzo de 2019.

Posteriormente, el gobierno de Filipinas solicitó un aplazamiento, un procedimiento consagrado en el principio de complementariedad, según el cual la CPI solo puede ejercer su jurisdicción cuando un «Estado no quiere o no puede realmente llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento» (artículo 17 del Estatuto de Roma). Como resultado, las investigaciones de la Fiscalía de la CPI se suspendieron temporalmente. Sin embargo, la CPI consideró que las investigaciones de las autoridades filipinas (que solo dieron lugar a ocho condenas de agentes de policía de bajo rango por cinco ejecuciones extrajudiciales) no eran lo suficientemente relevantes, ni demostraban que Filipinas estuviera haciendo un esfuerzo genuino para llevar a cabo tales investigaciones y los consiguientes procesos penales. Por lo tanto, se concedió a la Fiscalía la autorización para reanudar su investigación en 2023.

Participación de los miembros de PGA

Desde 2005, PGA ha colaborado con sus miembros en Filipinas, cuyos esfuerzos y compromisos contribuyeron a la ratificación del Estatuto de Roma por parte del país el 30 de agosto de 2011. Este hito se logró apenas una semana después de la abrumadora aprobación por parte del Senado de Filipinas del proyecto de ley de ratificación de la CPI. Los miembros de PGA, la difunta senadora Miriam Defensor Santiago y la senadora Loren Legarda desempeñaron un papel fundamental en este logro. La senadora Legarda también facilitó una sesión informativa crucial del expresidente de la CPI en el Senado de Filipinas en marzo de 2011, reforzando el apoyo a la ratificación.

Tras la notificación de retirada del Estatuto de Roma, PGA proporcionó asistencia jurídica a seis senadores de la oposición, entre ellos los miembros de PGA, la senadora Leila De Lima y el senador Antonio «Sonny» F. Trillanes IV, con la redacción de una petición que se presentó el 16 de mayo de 2018, solicitando al Tribunal Supremo de Filipinas que declarara la retirada «inválida o ineficaz» y obligando al Ejecutivo a cancelar, revocar o retirar la notificación de la retirada, que fue depositada el 17 de marzo de 2018 ante el Secretario General de las Naciones Unidas.

A pesar de la retirada de Filipinas del Estatuto de Roma en 2019, los miembros de PGA en el país mantuvieron su compromiso de defender los valores universales y los derechos humanos. Esta dedicación tuvo importantes repercusiones para la exsenadora Leila de Lima, que fue encarcelada arbitrariamente en febrero de 2017 por denunciar abusos contra los derechos humanos, entre ellos, dirigir una investigación del Senado sobre ejecuciones extrajudiciales relacionadas con la «guerra contra las drogas». La PGA pidió en repetidas ocasiones su inmediata e incondicional liberación. Tras más de siete años de detención arbitraria, durante los cuales siguió cumpliendo su mandato parlamentario, fue absuelta en junio de 2024. Sin inmutarse, hoy sigue siendo una firme defensora comprometida con la lucha por la rendición de cuentas y la defensa de la justicia internacional.