El 15 de mayo de 2017, en los márgenes del Taller Parlamentario Regional para Promover la Ratificación y la Aplicación de la Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas (CABT) organizado por PGA en colaboración con el Congreso Nacional de Chile, una delegación parlamentaria de PGA fue recibida por el Sr. Edgardo Riveros Marín, Subsecretario de Relaciones Exteriores, y el Sr. Jaime Campos, Ministro de Justicia de Chile, para discutir la plena implementación del Estatuto de Roma y la cooperación con la Corte Penal Internacional (CPI). La delegación de PGA estaba compuesta por el Dip. Ronny Monge (Costa Rica), miembro del Comité Ejecutivo de PGA, el Dip. Luis Petri (Argentina), Presidente del Comité de Seguridad Interna y miembro de PGA, y el Dip. Tucapel Jiménez (Chile), Presidente del Grupo Nacional de PGA, quien desde hace mucho tiempo apoya la participación proactiva de Chile en el sistema de justicia internacional. La delegación de PGA también discutió la implementación nacional de la CABT.
El 3 de mayo de 2016, el Dip. Tucapel Jiménez presentó una Resolución Parlamentaria a la Cámara de Diputados, apoyada por otros miembros del Parlamento, solicitando al Presidente de Chile que depositara el instrumento de ratificación de las enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma, así como solicitando un proyecto de ley para implementar dichas enmiendas.
El 25 de mayo de 2016, el Dip. Tucapel Jiménez, también en su calidad de miembro de la Comisión de Derechos Humanos, se reunió con el Subsecretario de Relaciones Exteriores Riveros para discutir temas relacionados con la CPI, incluyendo la ratificación de las enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma y la cooperación con la CPI. En relación a las enmiendas de Kampala, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, compuesta por cinco senadores, presentó una moción parlamentaria para incluir el crimen de agresión y la prohibición del uso de ciertas armas en conflictos armados de carácter no internacional en el ordenamiento jurídico nacional de Chile, modificando la Ley 20.357, que tipifica los crímenes contra la humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra. La enmienda a la Ley 20.357 se encuentra actualmente en el Senado pendiente ante esta Comisión, esperando un análisis de los comentarios hechos por los senadores sobre el proyecto de ley.
El 23 de septiembre de 2016, el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile depositó los instrumentos de ratificación de las enmiendas al Estatuto de Roma de la CPI en las Naciones Unidas en Nueva York. Gracias al liderazgo y el apoyo de los miembros de PGA, que han desempeñado un papel fundamental en el proceso parlamentario que llevó a la ratificación, los nacionales chilenos y el territorio de Chile están ahora vinculados por la prohibición del uso de ciertas armas en conflictos armados de carácter no internacional, así como por la criminalización de las agresiones derivadas de las formas más graves de uso ilegal de la fuerza en el ámbito internacional.
Otra prioridad del gobierno chileno, discutida con la delegación parlamentaria de PGA, es asegurar el establecimiento de mecanismos de cooperación con la CPI. Actualmente, el Ministerio de Justicia, en consulta con otras instituciones, está examinando un proyecto de ley titulado Ley de Cooperación y Relación con la Corte Penal Internacional antes de que sea presentado en el Congreso en los próximos dos meses. Este significativo progreso se ha producido después del compromiso proactivo de los miembros de PGA.
De hecho, el 6 de abril de 2016, la Cámara de Diputados de Chile aprobó por unanimidad la resolución 526, presentada por miembros de PGA y otros cuatro legisladores de diferentes partidos políticos, en la que se pide al Ejecutivo que envíe un proyecto de ley de cooperación con la Corte Penal Internacional, en conformidad con las obligaciones del país como Estado Parte del Estatuto de Roma.
Durante las reuniones del 15 de abril de 2017 en los Ministerios de Relaciones Exteriores y Justicia, el Subsecretario Riveros y el Ministro Campos informaron a la delegación de PGA de que el proyecto de ley de cooperación estaba siendo revisado en el Ministerio de Justicia. Ambas autoridades del Gabinete expresaron el compromiso de Chile de priorizar los mecanismos nacionales e internacionales de rendición de cuentas por los crímenes internacionales en el marco de la promoción del Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos, la paz, la justicia y la democracia.
