Nueva York/La Haya, 22 de agosto de 2014:

Los miembros de PGA de 139 países de todo el mundo, bajo la dirección del Presidente de PGA Ross Robertson (Presidente Adjunto del Parlamento de Nueva Zelandia), instan a la comunidad internacional a incrementar la ayuda humanitaria en Irak y piden que cesen los actos inhumanos contra la población civil y, en particular, contra grupos religiosos y étnicos minoritarios en el estado de Irak, donde algunas áreas se encuentran bajo el control del Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS).

En los últimos dos meses, ISIS ha llevado a cabo ataques mortales en Irak y continúa haciéndolo. Estas atrocidades no pueden quedar impunes. Iraq debería ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y además, aceptar su jurisdicción especial en virtud del artículo 12.3 del Estatuto de Roma debido a la situación con ISIS y a la crisis actual que ha dejado un saldo de aproximadamente 2.000 muertos desde junio de 2014, 300 mujeres yazidíes esclavizadas y miles de personas internamente desplazadas pertenecientes al grupo étnico minoritario yazidí, quienes huyeron a la región del Kurdistán iraquí.

El 15 de agosto, luego de que el Primer Ministro iraquí Nouri al-Maliki dejara su cargo ante la presión en aumento por parte de los dirigentes chiíes de su país y la devastadora campaña militar en curso, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitió la Resolución 2170 que condena “la matanza indiscriminada de civiles y los ataques deliberados contra ellos, las numerosas atrocidades, las ejecuciones en masa y las ejecuciones extrajudiciales, incluso de soldados, la persecución de personas y comunidades enteras a causa de su religión o sus creencias, el secuestro de civiles, los desplazamientos forzados de miembros de grupos minoritarios, la muerte y mutilación de niños, el reclutamiento y la utilización de niños, la violación y otras formas de violencia sexual, las detenciones arbitrarias, los ataques contra escuelas y hospitales, la destrucción de lugares de importancia cultural y religiosa, y la obstrucción del ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho a la educación (…) especialmente en las provincias de Tamim, Saladino y Nínive”.

Conforme a la política de un Estado u organización o con el fin de promover esa política, los ataques generalizados o sistemáticos dirigidos contra cualquier población civil a causa de su origen étnico o político, su religión o sus creencias pueden constituir un crimen de lesa humanidad, y los actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, pueden constituir genocidio. Los responsables de esos crímenes deben ser llevados ante la justicia.

PGA, una red parlamentaria con más de 1.100 miembros, alienta al actual vicepresidente del parlamento iraquí, Haider al-Abadi, quien está a cargo de formar un nuevo gobierno durante el próximo mes, a instar a la fiscal de la Corte Penal Internacional, la Sra. Fatou Bensouda, para solicitar la ayuda inmediata para poner fin a la violencia sectaria y a la limpieza étnica en Irak, que está sucediendo desde junio.

PGA también alienta a la Unión Europea y otros miembros clave de la comunidad internacional a que promuevan estos pasos en Irak para que se envíe el proyecto de ley del Estatuto de Roma al parlamento para su examen y adopción de la ratificación. La ratificación de la CPI por parte de Irak puede tener un efecto disuasivo sobre ciertos grupos que han apoyado a ISIS y puede ayudar a frenar los ataques generalizados o sistemáticos contra civiles y el genocidio por motivos de religión y origen étnico. El momento de actuar es ahora.