El 11 de julio, ParlAmericas y Parlamentarios para la Acción Global (PGA) organizaron conjuntamente una reunión virtual titulada, "Hacia una gobernanza medioambiental efectiva: Acceso a la información, participación y justicia", que reunió a parlamentarios y representantes de la sociedad civil de las Américas y el Caribe para identificar y reflexionar sobre los desafíos y oportunidades vinculados a la gobernanza ambiental efectiva e inclusiva, aprovechando el impulso creado por la 2nd Conferencia de las Partes (COP2) del Acuerdo de Escazú de este año.
La Hon. Valerie Woods (Belice), Miembro del Comité Ejecutivo de PGA y Representante de la Campaña de Acción Climática, Presidenta de la Cámara de Representantes, y la Sen. Rosa Gálvez (Canadá), Presidenta de la Red Parlamentaria sobre Cambio Climático de ParlAmericas, dieron la bienvenida a los participantes y señalaron la importancia del Acuerdo de Escazú para reconocer, proteger y promover los derechos de todos los defensores de los derechos humanos en asuntos medioambientales y para una gobernanza medioambiental eficaz.
El Acuerdo de Escazú es un acuerdo regional pionero para América Latina y el Caribe que garantiza los tres derechos de acceso a la información, participación y justicia para todos los defensores de los derechos humanos en asuntos medioambientales. Informando a los participantes sobre la situación actual del Acuerdo, el Sr. David Barrio Lamarche, Oficial de Asuntos Ambientales, Secretaría del Acuerdo de Escazú, CEPAL, señaló la necesidad de que más países ratifiquen el Acuerdo y movilicen recursos para apoyar su aplicación efectiva, subrayando el importante papel de los parlamentarios en este proceso. El Sr. Barrio Lamarche destacó la importancia del Acuerdo para garantizar el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible mediante la aplicación efectiva de los derechos de acceso del Acuerdo para fundamentar políticas basadas en evidencias para la reparación y prevención de la degradación ambiental a través de la cooperación multiactoral.
La Dip. Margarita Stolbizer (Argentina), miembro del Comité Ejecutivo de PGA,moderó el segmento titulado "Perspectivas de múltiples partes interesadas para la gobernanza ambiental inclusiva" y dio la bienvenida al intercambio de lecciones aprendidas para garantizar la aplicación efectiva y la protección de los derechos de acceso a la justicia, la información y la participación en asuntos ambientales. La Dip. Stolbizer subrayó el papel único que desempeñan los parlamentarios para garantizar la protección de los derechos humanos mediante la aplicación efectiva de este innovador Acuerdo regional.
La Sen. Sophia Frazer-Binns (Jamaica), Ministra en la sombra de Tierra, Medio Ambiente y Cambio Climático, subrayó el impacto positivo que el Acuerdo de Escazú podría tener en Jamaica para hacer avanzar la justicia y los derechos de acceso en materia medioambiental. La Sen. Frazer-Binns señaló el papel fundamental de los parlamentarios en la sensibilización a través del compromiso activo con el público, compartiendo diversas iniciativas parlamentarias para dar prioridad a este debate dentro de sus agendas nacionales, y la importancia de la cooperación interpartidista entre los parlamentarios para garantizar la protección de los derechos humanos para todos. La Sen. Frazer-Binns destacó la importancia del derecho de acceso a la información del Acuerdo, reconociendo que beneficia a todas las personas, y subrayó el valor de la participación de las múltiples partes interesadas, ya que los impactos de las decisiones sobre el medio ambiente son relevantes para todos y deben ser accesibles al público.
El Sen. Emilio Álvarez Icaza (México), miembro del Comité Ejecutivo de PGA y Secretario de las Comisiones de Derechos Humanos y de Zonas Metropolitanas y Movilidad, reflexionó sobre la necesidad de actuar con rapidez y de aprender de otros en la región acciones concretas para aplicar este tratado único, que está a la vanguardia del derecho internacional de los derechos humanos. Destacando que el Acuerdo permitió generar colaboración y consenso interpartidario en México, el Sen. Álvarez Icaza señaló la especial importancia del derecho de acceso a la justicia en materia medioambiental del Acuerdo, donde los mecanismos existentes en toda la región no son suficientes ni eficaces para proteger a los que están a la vanguardia de la defensa de este derecho humano recientemente reconocido. El Sen. Álvarez Icaza exhortó los participantes a actuar para proteger los derechos humanos de los defensores del medio ambiente y aumentar la visibilidad de su impacto en todas las comunidades, subrayando además que los que están en primera línea son normalmente aquellos cuyos derechos ya están marginados: las mujeres, los afrodescendientes y los pueblos indígenas.
El Sr. Tyrell Gittens, representante de los jóvenes de Trinidad y Tobago, destacó el importante papel de la sociedad civil en la aplicación efectiva del Acuerdo, y reflexionó sobre la necesidad de tomar medidas para lograr procesos de toma de decisiones medioambientales más inclusivos y para aumentar la cooperación en toda América Latina y el Caribe. Recalcando la importancia del derecho del Acuerdo a acceder a la participación, el Sr. Gittens señaló la necesidad tanto de salvaguardar los derechos existentes para la participación pública como de garantizar que los jóvenes puedan participar en el proceso de toma de decisiones para la protección de sus vidas, de los medios de subsistencia, de la biodiversidad y del patrimonio amenazados por la degradación medioambiental.
Durante el segmento de preguntas y diálogo, la Sen. Janelle Chanona (Belice) reflexionó sobre la reciente ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de Belice y la importancia de tomar medidas para una aplicación sólida de este acuerdo regional único. La Sen. Chanona destacó la importancia de garantizar que la sociedad civil tenga acceso a la consulta pública y a la participación, así como los esfuerzos necesarios para revisar la legislación existente con el fin de identificar las medidas que deben adoptarse para la aplicación efectiva del Acuerdo de Escazú.
La Dip. Graciela Camaño (Argentina), Miembro de la Comisiónde Recursos Naturales y Conservación del Medio Humano, destacó la importancia de que los parlamentarios participen en las negociaciones sobre la toma de decisiones medioambientales a escala internacional y su deber como representantes del pueblo de participar en la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú. Continuando el debate, el Hon. Radjendrekoemar Debie, MP (Surinam), Presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de la Comisión de Cambio Climático, y el Sen. Félix Ajpi (Bolivia), Miembro de la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, coincidieron en la relevancia de la colaboración en América Latina y el Caribe en el marco del Acuerdo, destacando la necesidad de incrementar la cooperación entre Gobiernos y Parlamentos.
La Sen. Cecilia Requena (Bolivia), Miembro de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, y Miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonia, Áreas Protegidas y Cambio Climático, enfatizó el vínculo entre el ejercicio de los derechos humanos y el acceso a la justicia, señalando el deterioro de los principios democráticos como uno de los principales obstáculos para la implementación del Acuerdo. Desde Colombia, la Sra. Julia Miranda Londoño, Vicepresidenta de la UICN-CMAP, instó a los países que aún no han ratificado el Acuerdo a que lo hagan señalando la pertinencia de esta sesión multiactoral para informar, difundir y clarificar la importancia del Acuerdo como plataforma común para la región en materia ambiental.
La Sra. Mónica Adame, Secretaria General de PGA, y la Sra. Alisha Todd, Directora General de ParlAmericas, clausuraron conjuntamente la sesión, destacando el renovado entusiasmo demostrado por los parlamentarios y los representantes de las OSC para trabajar juntos en la búsqueda de soluciones concretas para una gobernanza medioambiental más inclusiva y avanzar en la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú para la protección de todos los defensores de los derechos humanos en asuntos medioambientales.
