El 7 de julio de 2016, Parlamentarios para la Acción Global (PGA, por sus siglas en inglés) organizó Consultas sobre la Implementación del Estatuto de Roma y apoyo a la Corte Penal Internacional, en la Cámara de Diputados de Paraguay, con la participación de representantes de la Coalición por la Corte Penal Internacional y Amnistía Internacional. Este evento, realizado en el marco de la Campaña Parlamentaria para la Eficacia y Universalidad del Estatuto de Roma de PGA, contó con la participación de muchos legisladores Paraguayos y sus asesores y asesoras parlamentarios/as de las comisiones pertinentes, incluyendo la Comisión de Asuntos Exteriores, Justicia, Asuntos Constitucionales y Defensa. Representantes del gobierno, miembros del cuerpo diplomático, así como representantes de la sociedad civil local e internacional y parlamentarios de la región participaron también activamente de las consultas.

Debido a su participación en esta actividad, la Sen. Emilia Patricia Alfaro, dado la importancia del tema, así como el hecho de que la legislación de implementación ya cuenta con decisiones favorables de 3 comisiones y ha estado en el Senado para su análisis desde finales de 2013, presentó una moción en el pleno del Senado, el 7 de julio de 2016, para el tratamiento urgente de la legislación de implementación; dicha moción fue aceptada por unanimidad. El proyecto de ley está programado para ser considerado el 14 de julio de 2016 en el pleno del Senado.

En las palabras de apertura, el Presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay, Dip. Hugo Velázquez Moreno, el Viceministro de Justicia, Dr. Raúl Caballero y el Director de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Paraguay acogieron favorablemente a las consultas y se comprometieron a seguir apoyando el proceso de implementación del Estatuto de Roma.

Las discusiones fueron dinámicas y enriquecedoras, gracias a, entre otras cosas, las contribuciones de la Jueza Silvia Fernández de Gurmendi, Presidenta de la Corte Penal Internacional. La jueza recordó a la distinguida audiencia, a través de un video mensaje, que la CPI es una herramienta fundamental para la Comunidad Internacional que contribuye a la prevención y el procesamiento de crímenes internacionales, a saber, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. De manera análoga a la CPI, las jurisdicciones nacionales tienen la responsabilidad primordial de juzgar dichos crímenes y, en virtud del principio de la responsabilidad penal individual, llevar a los responsables ante la justicia. La CPI es, por lo tanto, un Tribunal de "último recurso" que complementa a las jurisdicciones nacionales, la que sólo interviene en el caso de que los Estados no pueden o no quieren procesar a los autores de crímenes internacionales. Los legisladores tienen un papel fundamental en el fortalecimiento del Estado de Derecho en su país a través de la plena implementación del Estatuto de Roma de la CPI. La Presidenta Fernández también hizo hincapié en el papel decisivo que desempeñan los Estados cuando se necesita cooperación para que la CPI pueda cumplir con su mandato.

En su presentación, el Dr. Felipe Michelini, miembro de la Junta Directiva del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas (TFV, por sus siglas en ingles), resaltó la importancia del sistema de la reparación en beneficio de las víctimas creado por el Estatuto de Roma y describió los mandatos principales de la TFV.

Los paneles contaron con la experiencia de expertos que explicaron el sistema del Estatuto de Roma, en particular, los crímenes y los principios incluidos en el Estatuto de Roma así como el mecanismo de cooperación incluido en la parte 9 de ese instrumento y las enmiendas adoptadas en Kampala, Uganda, en 2010. Los paneles también incluyeron a los parlamentarios internacionales e nacionales que compartieron las experiencias de sus países.

En este sentido, Dip. Margarita Stolbizer (Argentina) compartió la experiencia de su país con respecto a la implementación del Estatuto de Roma así como los retos a los cuales se enfrentan en relación con la ratificación de las enmiendas de Kampala, comprometiéndose a consultar con el gobierno para el pronto envío de las mismas al parlamento. En el mismo panel, Dip. Bogado Tatter (Paraguay) describió el proceso de implementación en Paraguay y destacó la importancia de esta legislación como un compromiso de Paraguay en relación a la no repetición de su historia reciente de violaciones graves de los derechos humanos.

Durante el panel sobre la cooperación del Paraguay con la CPI, Dip. Fernando Nicora (Paraguay) puso de relieve la importancia de la cooperación para el funcionamiento de la CPI, así como alentó la aprobación de la legislación de implementación en el Senado considerando que el proyecto de ley incluye un capítulo entero dedicado a la cooperación con el Tribunal Internacional.

Las consultas también fueron el marco para discutir la ratificación de las enmiendas de Kampala  del Estatuto de Roma. En este contexto, Dip. Daniel Radío (Uruguay) compartió con sus colegas de Paraguay el proceso de ratificación en su país y los animó a ratificar las enmiendas tan pronto como el Gobierno envié el proyecto de ley al Parlamento comprometiéndose a presentar un proyecto sobre implementación de las enmiendas de Kampala en el Parlamento de Uruguay.

Las consultas cerraron con las palabras de clausura del Dip. Barrios Monges (Paraguay), quien agradeció a los panelistas y participantes y se comprometió, en nombre del Parlamento, de impulsar el proceso de implementación del Estatuto de Roma y la ratificación de las Enmiendas de Kampala.

Junto con Amnistía Internacional Paraguay y la Coalición por la CPI, PGA organizó sesiones especiales sobre la CPI en la Corte Suprema de Paraguay, donde más de 30 jueces y fiscales participaron, así como en la Universidad de Columbia, donde más de 150 estudiantes, profesores y abogados interactuaron con los panelistas sobre las cuestiones y preocupaciones con respecto al sistema del Estatuto de Roma y el funcionamiento de la CPI.

Acerca de PGA

Parlamentarios para la Acción Global (PGA, por sus siglas en inglés) es la red más grande de parlamentarios, de todas las regiones al rededor del mundo que, en su capacidad individual, apoyan el funcionamiento efectivo de la CPI y de las jurisdicciones nacionales para poner fin a la impunidad de los delitos del derecho internacional. La red de PGA está asistida por una Secretaría que facilita la cooperación entre los parlamentarios miembros, con miras a lograr la realización de la visión de la Organización, a saber, "para contribuir a la creación de un orden internacional basado en reglas para un mundo más equitativo, seguro y democrático". La Secretaría también proporciona asistencia técnica y asesoramiento normativo y jurídico a los miembros.

Los miembros de PGA han contribuido a 77 de las 124 ratificaciones o adhesiones al Estatuto de Roma hasta hoy.

PGA es un miembro del Comité Directivo de la Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI).

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