Nueva York/La Haya
Los recientes acontecimientos han suscitado una profunda preocupación por la situación en Guatemala y exigen atención inmediata y una acción decisiva.
Guatemala es una nación que, por décadas, ha luchado por encontrar una estabilidad democrática. No solo se ha enfrentado a lo largo de los años a importantes desafíos relacionados con abusos sistemáticos de los derechos humanos, sino también al debilitamiento de los controles y equilibrios institucionales, altos niveles de corrupción y la falta de rendición de cuentas. El 15 de enero de 2024, el recién elegido presidente del país, Bernardo Arévalo de León, juramento su cargo. Programado para el 14 de enero, el traspaso de poderes se vio ensombrecido por una serie de obstáculos que el Congreso saliente y la Corte Suprema pusieron para retrasar la ceremonia de toma de posesión del Parlamento recién elegido - compuesto por 160 diputados - y obligar a los miembros del partido del presidente a presentarse como independientes.
El presidente denunció los hechos como “un intento de violentar la democracia”; un problema que persiste desde 2023. La elección de Arévalo fue un destello de esperanza no sólo para los guatemaltecos - a quienes prometió combatir la corrupción y la impunidad como una de las principales fuentes de la decadencia de Guatemala - sino también para la propia democracia del país que lleva años en peligro. La erosión de la democracia en Guatemala queda ilustrada por los múltiples informes de varias organizaciones que indican debilidades institucionales, desafíos al Estado de derecho, disminución del espacio para la participación cívica y violaciones generalizadas de los derechos humanos.
Antes, y tras unas intensas elecciones presidenciales, el líder del Partido Movimiento Semilla tuvo que enfrentarse a varios impedimentos. En octubre de 2023, la Fiscalía Especial contra la Impunidad - dependiente del Ministerio Público - confiscó los resultados electorales que certificaban la victoria de Arévalo en la segunda vuelta, alegando irregularidades. La medida, nunca antes utilizada en Guatemala, desató la indignación de organismos e instituciones internacionales, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Durante varios meses, la agenda anticorrupción del presidente le convirtió a él y a los miembros de la oposición en blanco de continuos ataques. El año pasado, la fiscalía general persiguió el levantamiento de la inmunidad de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por la presunta comisión de delitos de fraude, prevaricación y abuso de autoridad. Así mismo, miembros del partido Movimiento Semilla han sido detenidos o se les ha prohibido presentarse a las elecciones presidenciales, se ha perseguido a periodistas independientes en un intento de coaccionar su derecho a informar y, por segunda vez, los fiscales del país han pedido a los tribunales que despojen a Arévalo de sus inmunidades.
La Unión Europea, junto con otras instituciones internacionales, ha manifestado su preocupación por la situación en Guatemala debido al grave peligro al que se enfrenta la democracia en el país. En una declaración reciente, la UE anunció el establecimiento de un marco específico de medidas restrictivas para apoyar la democracia y subrayó las obligaciones del país de defender los valores democráticos, el respeto del Estado de derecho y la protección de los derechos humanos.
El reconocimiento de estos problemas por parte de la comunidad internacional subraya la urgencia con la que PGA, sus miembros, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones nacionales, regionales e internacionales y los Estados, deben actuar para ayudar a Guatemala a abordar los desafíos a sus instituciones democráticas.
A escala mundial, debemos prestar atención a este y otros llamados para apoyar los esfuerzos, facilitar debates transparentes, responsables e inclusivos dentro de Guatemala y recordar la importancia de permitir elecciones libres y justas como piedra angular de la democracia. Además, es importante instar a preservar el trabajo y la integridad de las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, las comunidades indígenas y los medios de comunicación independientes de Guatemala, puesto que desempeñan un papel vital en la defensa de los valores democráticos y están a la vanguardia de esta lucha. Su capacidad para operar libremente y sin temor es esencial para una sociedad democrática próspera.
Las autoridades guatemaltecas deben abordar las causas profundas de los problemas, colaborar con los miembros de la oposición, permitir una amplia participación cívica, incluyendo a las comunidades marginadas y garantizar que la rendición de cuentas está en el centro de cualquier proceso y avance hacia la democratización. La impunidad de los delitos puede generar más violencia y más violaciones de los derechos humanos. PGA alienta a tomar medidas que refuercen la independencia del poder judicial y garanticen el respeto a la separación de poderes.
Como miembro de la OEA, Guatemala está obligada por los compromisos afirmados y compartidos adoptados en virtud de la Carta Democrática Interamericana, que incluye, entre otros, la defensa de la democracia cuando se vea amenazada, el fortalecimiento y la defensa de las instituciones democráticas, la lucha contra la pobreza y la promoción de la cultura democrática y las misiones de observación electoral.
La Campaña de PGA para la Renovación Democrática y los Derechos Humanos es, por lo tanto, clave en este sentido. Nuestros tres enfoques para defender la democracia, el Equipo Parlamentario de Respuesta Rápida (EPRR), el Código Parlamentario Global de Conducta Democrática y la recientemente lanzada Caja de Herramientas Parlamentarias para la Defensa de la Democracia, son instrumentos a disposición de los parlamentarios y otras partes interesadas que pretenden ayudar a revitalizar la democracia.
*Contexto
En el marco de la 22ª Asamblea de los Estados Parte de la Corte Penal Internacional (CPI) celebrada en Nueva York del 4 al 14 de diciembre de 2023, la miembro del Conité Ejecutivo de PGA, Asambleísta Esther Cuesta Santana (Ecuador) y la Secretaría, se reunieron con la Sra. Brisna Caxaj, Coordinadora de Género de Impunity Watch y la Sra. Rosalina Tuyuc, fundadora de la Asociación Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) y destacada activista indígena de derechos humanos, con el objetivo de discutir la situación en Guatemala y tratar perspectivas de colaboración. La reunión fue facilitada por nuestro socio, la Global Action Against Mass Attrocity Crimes (GAAMAC).
