Caracas, 22 de junio de 2018
El informe sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela: “Un espiral descendente que no parece tener fin”, presentado este viernes 22 de junio de 2018 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, confirma la veracidad de nuestras denuncias y sirve de sustento a la petición de investigación ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad.
Como diputado a la Asamblea Nacional y Presidente del Grupo Nacional de Parlamentarios para la Acción Global (PGA) en Venezuela, solicitamos todo el respaldo a esta investigación que consideramos fundamental para la toma de acciones por parte de los organismos internacionales, ante la inacción del Estado venezolano.
Son muchas las gestiones que ha realizado por el parlamento nacional para acabar con la impunidad. El 27 de abril de 2017, en calidad de presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Asamblea Nacional, solicitamos ante la Fiscalía del Ministerio Público abrir una investigación contra Nicolás Maduro, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, a propósito de los asesinatos ocurridos durante las manifestaciones pacíficas de 2017. Durante estas acciones de calle, un pueblo desarmado fue brutalmente agredido por funcionarios policiales y de la Guardia Nacional, con balas, metras y bombas lacrimógenas, muchas de ellas vencidas desde 2015, que ni siquiera son utilizadas en situaciones de guerra.
Hoy, el documento emitido por el Alto Comisionado de la ONU pone en evidencia la existencia de suficientes elementos de juicio para iniciar un proceso en la CPI, y además Ra'ad al Hussein manifestó su interés de colaborar para que se activen todos los mecanismos.
Han sido más de 12 mil detenciones arbitrarias cometidas por el régimen contra opositores políticos, entre 2014 y 2018; en la actualidad más de 300 permanecen injustamente tras las rejas. También hay pruebas de cientos de presos víctimas de maltratos y torturas.
A la luz de estos hallazgos de la averiguación, el Alto Comisionado de Naciones Unidas realizó varias recomendaciones a los Estados miembros y al gobierno de Venezuela, entre las que destacan permitir a la comisión investigadora el acceso directo y sin restricciones al país para llevar a cabo una evaluación integral de la situación. También solicitó a los cuerpos de seguridad detener el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y las torturas; mientras que pidió a las autoridades abstenerse de atacar y restringir el espacio democrático; abordar la crisis sanitaria y alimentaria, y conducir reformas institucionales y políticas relativas al sistema de justicia y al estado de derecho.
El informe recoge con precisión el drama alimentario y de salud que ha generado una masiva desnutrición, debido a que 87% de los venezolanos sólo percibe 30% de lo que se requiere para alimentarse. Todo esto ha conducido a un genocidio silencioso, ante el cual las autoridades permanecen premeditadamente indiferentes.
El Grupo Nacional de PGA en Venezuela reitera su compromiso con el esfuerzo de organismos internacionales como la ONU, en la lucha por el respeto de los derechos humanos. Pedimos a todos los estados signatarios del Estatuto de Roma, organizaciones de defensa de los derechos humanos, parlamentos del mundo y en especial a los grupos parlamentarios pertenecientes a PGA, que se aboquen al caso Venezuela y de esta manera combatir el flagelo de la impunidad.
Nunca fue más pertinente recordar al Dr. Martin Luther King cuando dijo: “La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes”.
Diputado Armando Armas
Presidente del Grupo Nacional de PGA
