La impunidad es el principal obstáculo para la justicia y la reparación de las víctimas y supervivientes de violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales. A menudo, sólo un pequeño número de responsables rinden cuentas (enlace disponible en inglés).
Cuando la impunidad es generalizada, tiene profundas consecuencias para las sociedades, especialmente para aquellas con gobiernos autoritarios que sufren conflictos y opresión económica. La impunidad alimenta la desigualdad, afecta desproporcionadamente a los más vulnerables y socava la confianza en las instituciones políticas. Tras conflictos violentos, disminuyen las posibilidades de un cambio significativo y pacífico.
La impunidad también tiene un efecto perjudicial sobre la participación de las víctimas, ya que permite a los perpetradores imponer su narrativa, debilitando el derecho de las víctimas a ser reconocidas como tales y a que se escuche su voz. Por eso, es crucial reforzar la capacidad de las víctimas y los supervivientes para luchar contra la impunidad a través de procesos de justicia transicional tanto formales como informales.
Aunque la lucha contra la impunidad puede parecer una tarea imposible, la determinación de los supervivientes y de la sociedad civil para hacer que la justicia funcione, ha demostrado que, uniendo fuerzas, se puede cambiar la narrativa de la lucha contra la impunidad.
Avances en la lucha contra la impunidad
En las últimas décadas se han realizado importantes esfuerzos para hacer frente al aumento de la impunidad ante las violaciones de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional. Así, se ha recurrido al establecimiento de tribunales internacionales e híbridos, a tribunales especiales a nivel nacional y a tribunales nacionales ordinarios con el fin de procesar y castigar a los autores de los crímenes más atroces.
La detención en Londres en 1998 de Augusto Pinochet (enlace disponible en inglés), que presidió un reinado de terror en Chile en el que 40.000 personas fueron torturadas y 3.000 asesinadas o desaparecidas, marcó un momento crucial en la justicia internacional, desatando un interés hacia la búsqueda de justicia internacional. Del mismo modo, el juicio ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia de Ratko Mladić (enlace disponible en inglés), artífice de la masacre de Srebrenica que había eludido su captura durante 16 años, fue una muestra clara de que los autores de atrocidades masivas no escaparían a la justicia.
Las investigaciones, juicios y condenas contra antiguos y actuales jefes de Estado han contribuido a reforzar la noción de que los dirigentes no están por encima de la ley cuando se trata de los crímenes internacionales más atroces. Un ejemplo claro de ello son las condenas de Efraín Ríos Montt (enlace disponible en inglés), ex dirigente de Guatemala, y Hissène Habré (enlace disponible en inglés), ex dictador de Chad. Algunos de estos procesamientos han sido posibles gracias a la derogación de leyes de amnistía, como es el caso de Argentina, que ha permitido procesar y condenar a unos 1.000 miembros del ejército y la policía por abusos contra los derechos humanos durante la dictadura militar.
Más allá de los jefes de Estado, los mecanismos internacionales de justicia han podido proporcionar una medida de rendición de cuentas y reparación en otros casos. Además de la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) en 2002, el resurgimiento de la jurisdicción universal y la aplicación de la jurisdicción extraterritorial, han creado un nuevo impulso para llevar ante los tribunales nacionales casos (enlace disponible en inglés) de crímenes internacionales cometidos en el extranjero, incluso para exigir responsabilidades a agentes económicos que han facilitado la comisión de crímenes internacionales. En el último Informe Anual sobre Jurisdicción Universal (enlace disponible en inglés), se destaca que el número de enjuiciamientos de este tipo sigue aumentando.
También se ha avanzado con mecanismos de justicia transicional como la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (enlace disponible en inglés), que ha tratado de adoptar un enfoque centrado en las víctimas que incorpora medidas restaurativas y reparadoras para hacer efectivo el derecho a la justicia y el reconocimiento de la responsabilidad penal individual.
El papel de los supervivientes y la de sociedad civil
Los sobrevivientes han desempeñado un papel fundamental en estos avances, luchando sin descanso para llevar a los perpetradores ante la justicia, en algunos casos, durante décadas. Un ejemplo es el caso presentado por 36 mujeres Maya Achi (enlace disponible en inglés) de Guatemala contra antiguos paramilitares por violencia sexual durante el conflicto armado interno. El caso fue desestimado inicialmente en 2011 y las víctimas denunciaron que habían sido objeto de racismo durante el proceso. Sin embargo, gracias a su perseverancia, en 2022, un nuevo juez condenó a cinco autores por crímenes de lesa humanidad y confirmó que la violencia sexual se utilizó como arma de guerra.
Las víctimas sirias y sus familias también han desempeñado un papel decisivo en el proceso de búsqueda de justicia para miles de personas desaparecidas forzosamente durante el conflicto. En 2021, organizaciones de víctimas y sus familiares crearon la Carta por la Verdad y la Justicia (enlace disponible en inglés) que reflejaba su visión común sobre cómo promover los derechos de las víctimas, la justicia y la verdad en Siria. En 2023, sus esfuerzos de incidencia dieron lugar a una resolución pionera de la ONU (enlace disponible en inglés) para establecer una nueva institución internacional que determinara el destino de más de 100.000 desaparecidos en Siria.
Fadwa Mahmoud, miembro fundador de la Carta por la Verdad y Justicia y de Familias por la Libertad de Siria (enlace disponible en inglés), explica:
Justicia es pedir cuentas a los tiranos en mi país y en cualquier parte del mundo para que sirvan de ejemplo a las generaciones futuras. Justicia para las personas que salieron a exigir libertad, es tener derecho a permanecer en su país de origen, si así lo desean. Justicia es escuchar, que el mundo escuche a los supervivientes y familiares de detenidos y desaparecidos forzosos y respetar sus deseos a pesar de su diversidad.
Fadwa Mahmoud (SY) by Ars Electronica is licensed under CC BY-NC-ND 2.0
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La sociedad civil, de igual forma, ha estado a la vanguardia de la justicia internacional; desde el seguimiento de los autores y la presentación de denuncias ante tribunales de todo el mundo, hasta el apoyo a los esfuerzos de las víctimas y los supervivientes. Sin el poder de incidencia y movilización de las organizaciones de la sociedad civil, la CPI no existiría. En la actualidad, la CPI investiga (enlace disponible en inglés) crímenes en 17 países; desde crímenes de guerra en el contexto de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, hasta crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la situación del Estado de Palestina.
Retos pendientes en la lucha contra la impunidad
A pesar de estos avances, siguen existiendo muchos retos. La impunidad se ha visto favorecida por la erosión de los mecanismos nacionales e internacionales de rendición de cuentas, la persecución o criminalización de los agentes de justicia y los defensores de los derechos humanos, así como por la escasa voluntad política y leyes inadecuadas. Así mismo, no se han dedicado suficientes esfuerzos para permitir la participación significativa de los supervivientes, ni a comprender y abordar las causas profundas de la impunidad necesarias para desafiar las estructuras políticas, sociales y económicas que oprimen a quienes son fundamentales para que se produzca el cambio.
A estos retos, se ha sumado en los últimos años un contexto global de disminución del espacio cívico para las víctimas y los defensores de los derechos humanos y el aumento de los riesgos a los que se enfrentan.
El cambio de gobierno en Sri Lanka (enlace disponible en inglés) provocó un retroceso en la investigación de las violaciones cometidas durante el conflicto. En Myanmar, aunque la Corte Internacional de Justicia tiene constancia de los ataques, asesinatos de miles de personas y desplazamientos masivos de más de 700.000 Rohingya y la misión internacional independiente (enlace disponible en inglés) de investigación sobre el país los ha condenado, no se ha hecho ningún esfuerzo por investigar o procesar a los responsables.
La falta de voluntad política también ha quedado demostrada, por ejemplo, en la resistencia de grandes potencias militares, como China, Estados Unidos y la Federación Rusa, para ratificar el Estatuto de Roma. Además, el doble rasero practicado por algunos Estados occidentales es evidente cuando se trata de llevar a sus propios nacionales ante la justicia, tal como lo han demostrado los esfuerzos iniciales de Estados Unidos (enlace disponible en inglés) por desbaratar la investigación de la CPI sobre la posible comisión de crímenes de guerra por parte de las fuerzas estadounidenses en Afganistán.
La falta de rendición de cuentas perpetúa una cultura de impunidad y violencia, como es el caso de Sudán (enlace disponible en inglés), sumido desde hace 20 años en un ciclo de sangrientos conflictos armados, siendo el actual uno de los que enfrenta a dos partes beligerantes responsables de atrocidades pasadas por las que nunca han rendido cuentas.
Sara Mekki, hija del destacado defensor de los derechos humanos Dr. Amin Mekki Medani, torturado en Sudán en 2014 en el marco de la represión del gobierno contra los disidentes, explica:
La impunidad es como un cáncer, una enfermedad que solo permite a los autores cometer más crímenes y violaciones de derechos humanos sin afrontar ninguna consecuencia, dejando a las víctimas más vulnerables destrozadas. La única forma de garantizar la justicia es que la comunidad internacional se esfuerce por acabar con la impunidad, especialmente hoy en día, donde el derecho internacional no se respeta y se cuestiona a diario.
La sociedad civil se alza contra la impunidad
Para hacer frente a este creciente clima de impunidad, nueve organizaciones de la sociedad civil y dos organizaciones asociadas han unido sus fuerzas para liderar la “Iniciativa Global contra la Impunidad de los Crímenes Internacionales y los Graves Atentados contra los Derechos Humanos: Haciendo que la Justicia Funcione”.
Cada una de las organizaciones, en colaboración con sus amplias redes de socios regionales y nacionales de todo el mundo, aportará su experiencia en la promoción de la justicia y la rendición de cuentas por violaciones graves de los derechos humanos como la tortura, las desapariciones forzadas y otros crímenes internacionales, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.
Esta asociación estratégica está formada por los siguientes miembros del consorcio: Civil Rights Defenders, Coalition for the International Criminal Court, European Center for Constitutional and Human Rights, Impunity Watch, International Federation for Human Rights, Parliamentarians for Global Action, REDRESS, TRIAL International y Women's Initiatives for Gender Justice. Cuentan, de igual forma, con el apoyo de dos organizaciones asociadas: el Auschwitz Institute for the Prevention of Genocide and Mass Atrocities y la International Commission of Jurists.
La Iniciativa de cuatro años de duración y cofinanciada por la Unión Europea, se centrará, en 2024, especialmente en 27 países de África, América, Asia, Europa y Oriente Medio, pero también tratará de mejorar el Estado de derecho, las normas de rendición de cuentas y la prevención de atrocidades en otros países de estas regiones.
Hacer frente a la impunidad no es tarea fácil. Los perpetradores no renuncian al poder fácilmente y los esfuerzos por hacerles rendir cuentas suelen encontrar resistencia. Sin embargo, la sociedad civil puede impulsar un cambio significativo mediante una acción coordinada, estratégica y centrada en los supervivientes.
Con este fin, la Iniciativa Global contra la Impunidad ha desarrollado un enfoque integral que pretende garantizar una justicia y una rendición de cuentas de gran alcance para los supervivientes y las víctimas trabajando en dos frentes principales:
- Aumentar la capacidad de acción y participación de las víctimas y la sociedad civil en la configuración de procesos inclusivos de justicia y rendición de cuentas, ya que su exclusión socava las perspectivas de lograr una justicia significativa y un cambio sostenible; y
- Reforzar la eficacia de los marcos y sistemas de rendición de cuentas para luchar contra la impunidad mediante el diálogo, la promoción y la sensibilización entre los proveedores de justicia y los titulares de obligaciones con los supervivientes y las organizaciones de la sociedad civil.
Todas las acciones se guiarán por un enfoque centrado en los supervivientes y promoverán una estrategia que tenga en cuenta el trauma y la perspectiva de género en la que las víctimas participen como actores y defensores. Este enfoque se basa en una amplia comprensión de la impunidad, sus causas profundas y los factores sistémicos que la hacen posible.
La participación de los supervivientes en los procesos de justicia no sólo es una oportunidad para curar los traumas y facilitar el empoderamiento individual, sino que también es esencial para combatir el aumento desproporcionado de la impunidad. Situar a los supervivientes en el centro de los esfuerzos de justicia y rendición de cuentas garantizará que los mecanismos establecidos sean significativos y puedan lograr un cambio sostenible a largo plazo. El consorcio también fomentará la coordinación y el intercambio de conocimientos y experiencias con otras iniciativas y actores clave implicados en la lucha global contra la impunidad.
La amenaza de la impunidad es demasiado grande para afrontarla en solitario, pero a través de la colaboración, la Iniciativa Global contra la Impunidad pretende ayudar a que la justicia funcione para quienes más la necesitan.
