Nueva York/San Salvador, 4 de mayo de 2021.- La recién electa Asamblea Legislativa de El Salvador destituyó a los cinco primeros jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General el 1de mayo, su primer día en el cargo. Nuevas Ideas, el partido político del presidente Nayib Bukele que tiene una mayoría parlamentaria absoluta, casi el 80% de la Asamblea Legislativa de 84 miembros, debe garantizar la representación de todos los sectores de la sociedad y defender los derechos humanos y la participación inclusiva en lugar de llevar a su país hacia el autoritarismo

Las instituciones y principios democráticos deben ser respetados por todos. El Ejecutivo tiene un mandato de asegurar el funcionamiento apropiado de las instituciones y de garantizar su independencia. El poder judicial es esencial para garantizar que no haya impunidad ante violaciones de derechos humanos fundamentales, así como a los derechos políticos y civiles. La violación de su independencia es una fuerte señal del declive democrático, ilustrando el deslice de El Salvador hacia un régimen autoritario. El Parlamento es el cuerpo que representa la voluntad del pueblo, y no un cuerpo que simplemente aparenta una legalidad de acciones al gobierno sin importar la inconstitucionalidad de la ilegalidadDip. Jorge Cálix, Miembro del Comité Ejecutivo de PGA

Al inicio de su mandato, Bukele, el presidente de El Salvador, ya había tomado medidas flagrantes violando la separación de poderes, el orden constitucional, la democracia y el estado de derecho, bajo la excusa de medidas estatales de emergencia para enfrentar la pandemia del Covid-19. Una concentración similar de poder en manos del Ejecutivo se ha observado sólo en unos pocos Estados de América Latina. Estos gobiernos, cada vez más autoritarios, se aprovechan irresponsablemente de la crisis de salud para subvertir los derechos humanos y socavar las instituciones democráticas, al diseñar reglas opresivas que favorecen sus supuestas prioridades ideológicas.

Considerando la destitución inconstitucional de los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, numerosos observadores han expresado su profunda preocupación y condena: al respecto, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y miembros del Congreso de los Estados Unidos, como el Representante Jim McGovern, miembro de PGA, enfatizó en un Tweet que la decisión de la Asamblea Legislativa de destituir a los jueces no es “[...] democracia, esto es la destrucción de un poder judicial independiente y el estado de derecho”.

I am disturbed and angered by President Bukele’s new National Assembly majority voting to remove all judges of the Constitutional Chamber.

Let us be clear: this is not democracy, this is the destruction of an independent judiciary and the rule of law.

— Rep. Jim McGovern (@RepMcGovern) May 2, 2021

El 10 de junio de 2020, la Campaña para la Renovación Democrática y los Derechos Humanos de PGA emitió una Alerta de Acción Urgente sobre El Salvador expresando su grave preocupación por el desprecio del presidente Bukele a los controles y equilibrios que sustentan la democracia y el temor que varios legisladores expresaron sobre su independencia para llevar a cabo sus prerrogativas legislativas.

El gobierno de El Salvador debe respetar la democracia y el estado de derecho, que dependen, entre otras cosas, de la separación de poderes. Los principios democráticos, comenzando por la independencia y autonomía del Poder Judicial, deben ser resguardados contra todo tipo de ataques.

PGA se solidariza con los jueces destituidos inconstitucionalmente y hace un llamado a todos los actores relevantes de la comunidad internacional, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a que tomen todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar que el gobierno de El Salvador restablezca a los Jueces constitucionales de la Corte destituidos ilegalmente por el Parlamento y respete el estado de derecho y el principio de legalidad, en cumplimiento de sus obligaciones legales internacionales en virtud de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y demás tratados aplicables respecto de los cuales El Salvador ha tomado la decisión soberana y libre de convertirse en Estado Parte.