PGA hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela para que ponga en libertad de forma inmediata al diputado Juan Requesens, quien el 7 de agosto de 2018 fue detenido a la fuerza por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). El diputado Requenses fue acusado de estar implicado en un presunto ataque con drones atentando contra la vida del presidente de Venezuela, el Sr. Maduro. Este encarcelamiento parece tener motivaciones políticas y ser arbitrario e infundado y, como tal, viola varias disposiciones sobre derechos fundamentales contenidas en la Constitución de Venezuela.
Como legislador de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado Requenses tiene la responsabilidad ante sus electores de legislar para proteger sus derechos humanos fundamentales, derechos que el poder ejecutivo de Venezuela ha violado sistemáticamente para reducir de manera significativa la disidencia civil y política, tal como ha sido reportado por organizaciones internacionales y no gubernamentales pertinentes que han analizado y emitido informes sobre la situación en Venezuela.
Independientemente de los hechos que supuestamente se atribuyen a la responsabilidad del diputado Requenses, debe subrayarse que el artículo 200 de la Constitución venezolana establece que
Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los y las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia.
Adicionalmente, la detención del diputado Requenses no sólo viola la Constitución de Venezuela sino también las normas internacionales aplicables del debido proceso. El arresto fue llevado a cabo sin ninguna base legal ya que se condujo sin una orden de arresto o decisión judicial pertinente.
PGA sostiene que las amenazas contra la integridad física de cualquier líder político, incluyendo parlamentarios electos, y el uso de acusaciones infundadas de motivación política contra legisladores de cualquier partido político son inaceptables y deberán seguir siendo monitoreadas de cerca por instituciones internacionales incluyendo la Organización Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y, según corresponda, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las continuas violaciones de los derechos humanos fundamentales y del principio de separación de poderes erosionan el funcionamiento adecuado de las instituciones democráticas.
PGA hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela para que se abstenga de seguir el camino de la criminalización de la disidencia y la negación a sus ciudadanos de los beneficios de la democracia y el Estado de Derecho. La población de la República Bolivariana de Venezuela merece estar gobernada por principios democráticos de derecho y gobernanza ampliamente aceptados.
PGA insta encarecidamente a todas las partes a que respeten los derechos humanos fundamentales de todos y los principios y normas consagrados en la Constitución Nacional y en el derecho internacional.
