Roma. 9- 10 de julio 2015:
El ex teniente Uruguayo Troccoli, único residente y acusado en Italia, debe ser detenido y sometido a mediada cautelares
Roma. 9- 10 de julio 2015 – El Secretario general de Parlamentarios por la Acción Global (PGA) David Donat-Cattin, asistirá a la audición pública del juicio ‘Operación Cóndor” que se celebra los 9 y 10 de Julio, en la Sala Bunker de la Corte Penal Suprema de Roma en Rebibbia. El Dr. Donat-Cattin representará la voluntad política de la gran red transnacional de Parlamentarios que están comprometidos a proteger los derechos humanos y apoyar la lucha contra la impunidad contra uno de los planes criminales más graves que fueron perpetrados en la segunda mitad del siglo pasado.
La Operación Cóndor permitió que autoridades de muchos regímenes dictatoriales en América Latina persiguieran y eliminaran de forma sistemática a sectores enteros de la población civil, por ser considerados como partidarios de la democracia o de la oposición parlamentaria a los regímenes autoritarios. Tras los golpes de Estados que sacudieron los sistemas institucionales de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, la Operación Cóndor pone en relieve la multitud y magnitud de casos que de forma sistemática y extremadamente grave entran dentro de la definición de crímenes de lesa humanidad, acerca de los cuales existe la obligación de (i) enjuiciar, o (ii) extraditar a otro Estado, o (iii) o entregar el acusado a la Corte Penal Internacional (CPI) si los crímenes fueron cometidos en su totalidad después del 1 de Julio del 2002 (fecha de entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional).
“Con base al criterio jurisdiccional del principio de personalidad pasiva, o de la nacionalidad de algunas de las víctimas, la Fiscalía de Roma ha sido capaz de preparar un juicio de trascendencia histórica, el cual ofrece esperanza de verdad y justicia para las víctimas, que están protegidas no solo por la ley nacional, sino también por el derecho internacional en referencia a las normas de los derechos fundamentales en materia de acceso a la justicia, la verdad, las reparaciones y las garantías de no repetición” subrayo el Dr. Donat-Cattin en los márgenes de las audiencias judiciales del 9 y 10 de julio. “Si bien hay que reconocer el valor y determinación mostradas por los supervivientes de aquellas atrocidades perpetradas en la Operación Cóndor, que han viajado desde América Latina a Italia para este juicio, nuestra organización está alarmada por el hecho de que el tiempo y la atención que son necesarios para oír estos testimonios únicos sean sacrificados en el nombre de las necesidades abstractas de economía procesal: la dignidad y el respeto que se les debe a las víctimas y testigos en derecho internacional no puede sufrir ninguna excepción. Estos son derechos inalienables de la persona humana”, afirmo el Secretario General de PGA quien enseña Derecho Internacional en la Universidad de Nueva York, en el Centro pasa Asuntos Mundiales[1].
Parlamentarios por la Acción Global también desea expresar su profunda preocupación sobre la situación del único acusado que reside en territorio italiano, el ex teniente uruguayo Troccoli, un nacional italiano contra quien existen procedimientos judiciales que han sido llevados a cabo a petición del Estado de Uruguay por los crímenes cometidos contra ciudadanos uruguayos. Mientras que los principales acusados identificados en Argentina, Chile y Uruguay han sido llevados ante la justicia en sus respectivos países y en terceros países, el ex teniente Troccoli no está sujeto a ninguna medida cautelar debido a una inercia de las autoridades italianas competentes, que es difícil de entender. “La nueva evidencia recogida por Avv. Fabio Maria Galiani, represéntante legal de la República Oriental del Uruguay, puede proporcionar una base sustancial para establecer la responsabilidad penal del Sr. Troccoli. Es asombroso que en Italia ha surgido una noción del juicio justo a sentido único, el cual solo beneficia a los sospechosos y los acusados y, no reconoce los derechos de las víctimas, que han sido reducidas al papel de ‘las personas ofendidas’ por una Ley de Procedimiento Penal que puede colocar a Italia fuera del ámbito de los estándares y garantías internacionles”, concluyo David Donat-Cattin. Varios actores, incluidas las víctimas uruguayas han pedido la detención inmediata del Sr. Troccoli a modo de asegurarse que sea llevado ante la justicia en caso de que decidiera huir.
La participación de Italia y Uruguay en el juicio en curso como ‘Parti Civili’ deberá servir como ejemplo a otros países que aún se niegan a cooperar con la justicia italiana en este caso relativo a los desaparecidos y también a los presuntos autores con doble nacionalidad.
Declaración por la Diputada Bertha Sanseverino (Uruguay), Miembro del Comité Ejecutivo de PGA: “Los 1.200 parlamentarios de 142 países de todo el mundo que forman parte de PGA expresan su solidaridad y se unen a las víctimas del proceso del 'Plan Cóndor' en Roma con el fin de apoyar la causa de la verdad y la justicia, y para reafirmar la condena jurídica – que acompaña la condena histórica, moral y política – de los crímenes de lesa humanidad cometidos en América Latina. "Nunca Más" no debe ser un eslogan, pero tiene que vivir a diario en nuestro compromiso personal y social para prevenir las violaciones más graves de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario".
Declaración por la Diputada Lia Quartapelle (Italia), Miembro de PGA en el Consejo Internacional: “Italia debe desempeñar su papel como protagonista en la Comunidad Internacional y contribuir a la lucha contra la impunidad de los crímenes del Derecho internacional, los cuales fueron codificados expresamente en el Estatuto de Roma de la Corte penal Internacional, el 17 de julio de 1998. Si bien el juicio de Roma contra algunos de los líderes militares del plan Cóndor es un paso en la dirección correcta por el Poder Judicial italiano, el poder legislativo aún tiene que llenar un vacío importante en nuestro orden jurídico nacional, que todavía tiene que incorporar los crímenes de lesa humanidad, como tal, y varios otros tipos de los crimenes contenidos en el Estatuto de Roma de 1998, así como las enmiendas de la Conferencia de Revisión de Kampala en 2010. Ha llegado el momento para discutir la adopción de un código de crímenes internacionales, hacer un balance de una investigación reciente sobre este tema crucial realizada por la Universidad de Milán”.
[1] En relación a otros asuntos, La Resolución 40/34 DE 29 de Noviembre de 1985, que fue aprobada por unanimidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró los Principios Fundamentales de Justica para las Víctimas de Crimenes y de Abuso de Poder del derecho a las víctimas a ser tratadas con respeto y consideración, y el derecho a estar presente y expresar sus opiniones y preocupaciones en relación a las cuestiones pertinentes que deban resolverse en el marco de un proceso penal. Estos mismos principios se han incorporado en varios instrumentos jurídicos sucesivos, como es el caso del artículo 68, apartado 3, de Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
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