Esta Actualización sobre Justicia Internacional ha sido preparada por el Programa de Derecho Internacional y Derechos Humanos y se proporciona únicamente con fines informativos. Las opiniones expresadas en los artículos contenidos en esta Actualización no están necesariamente respaldadas por PGA ni por ninguna persona asociada a PGA; PGA ni ninguna persona asociada a PGA garantiza la exactitud del contenido de estos artículos.
Destacado
Israel
El 16 de febrero de 2025, el Comité Ministerial de Legislación de Israel aprobó un proyecto de ley que prohíbe compartir información sobre las operaciones militares de Israel con la Corte Penal Internacional y castiga a los infractores con hasta cinco años de prisión.
El 20 de febrero de 2025, los líderes talibanes de Afganistán rechazaron la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre su nación, declarando «ilegal» la adhesión al tratado fundacional de la corte en 2003. Esta decisión se produce tras la reciente emisión por parte del fiscal jefe de la CPI de órdenes de detención contra el líder supremo y su asociado, Hibatullah Akhundzada, acusándolos de perseguir a niñas y mujeres afganas.
El 18 de febrero de 2025, la Corte Penal Internacional anunció que había dado a Italia 30 días para responder a su falta de extradición del general libio Osama Najim al-Masri, acusado de crímenes contra la humanidad y maltrato a migrantes.
El 24 de febrero de 2025, Friedrich Merz, el próximo canciller de Alemania, prometió garantizar que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pueda visitar Alemania a pesar de la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional. Su oficina ha invitado a Netanyahu a realizar una visita oficial a Alemania desafiando la decisión de la CPI.
La Fundación Hind Rajab (HRF), una ONG pro palestina, ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante la operación militar que Israel lleva a cabo en Gaza desde el 7 de octubre de 2023.
Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por los recientes cambios en la política de contenido de Meta, citando el potencial de un mayor riesgo de contribuir a la violencia masiva y el genocidio, similar al papel de la empresa en Myanmar en 2017.
Una organización sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos, Democracy for the Arab World Now (Dawn), ha pedido a la Corte Penal Internacional que investigue al expresidente estadounidense Joe Biden y a dos de los miembros de su gabinete por su presunta implicación en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.
El fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, ha respaldado una propuesta del gobierno de Kinshasa para establecer un tribunal especial para la República Democrática del Congo. Khan reconoció el impacto limitado de la CPI a la hora de abordar tres décadas de atrocidades.
El 18 de febrero de 2025, los legisladores camboyanos aprobaron un proyecto de ley para aumentar las penas por negar las atrocidades cometidas a finales de la década de 1970 bajo el régimen comunista de los Jemeres Rojos. El proyecto de ley tiene como objetivo prevenir la repetición y hacer justicia a las víctimas, con una pena de prisión de hasta cinco años y una multa de entre 2500 y 125 000 dólares.
Un tribunal argentino ha emitido órdenes de arresto contra el líder de la junta militar de Myanmar, Min Aung Hlaing, y antiguos funcionarios, incluida la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, por presuntos «genocidio y crímenes contra la humanidad» contra la minoría rohinyá. La sentencia, presentada bajo el principio de «jurisdicción universal», tiene como objetivo procesar los delitos independientemente de su ubicación.
Un tribunal sudafricano ha desestimado las denuncias de genocidio blanco en el país, afirmando que son «claramente imaginarias» y «no reales», lo que contradice los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de su asesor, Elon Musk.
El 26 de febrero de 2025, la UE recordó la necesidad de aplicar plenamente las órdenes de la Corte Internacional de Justicia en relación con la situación en Gaza y la escalada de violencia en Cisjordania, condenó enérgicamente las operaciones militares en curso de Israel e instó a Israel a cooperar con los mecanismos de derechos humanos de la ONU.
El 7 de febrero de 2025, más de 70 países, entre ellos Francia, Alemania, Reino Unido y Países Bajos, emitieron una declaración conjunta en la que reafirmaban su apoyo inquebrantable a la Corte Penal Internacional (CPI). La CPI ha sido sancionada por Estados Unidos por investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en la Franja de Gaza.
Según el ministro de Justicia de Italia, Carlo Nordio, Italia liberó al oficial libio Osama Elmasry Njeem debido a errores e inexactitudes en la orden de arresto de la Corte Penal Internacional.
La Corte Penal Internacional ha iniciado una investigación sobre la decisión de Italia de deportar a Osama Njeem Almasri, jefe de la policía judicial de Libia, a pesar de la existencia de una orden de arresto de la CPI contra Almasri. La deportación está siendo examinada por la Corte por constituir potencialmente una obstrucción a la justicia en virtud del artículo 70 del Estatuto de Roma.
El 4 de febrero de 2025, Amnistía Internacional declaró que la recepción por parte de Estados Unidos del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, buscado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, muestra desprecio por la justicia internacional.
El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, ha acogido con satisfacción los avances en la creación de un Tribunal Especial para el Delito de Agresión contra Ucrania, en el marco del Consejo de Europa.
El 6 de febrero de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impone sanciones a la Corte Penal Internacional, bloquea propiedades y activos, y suspende la entrada a Estados Unidos de funcionarios, empleados y agentes de la CPI y sus familiares directos.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, busca información sobre crímenes de guerra en el este de la República Democrática del Congo en medio de los nuevos combates entre los rebeldes del M23 y las fuerzas congoleñas.
El 7 de febrero de 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concedió a la Liga Árabe autorización para participar en procedimientos consultivos relativos a las obligaciones de Israel en el territorio palestino ocupado.
El 11 de febrero de 2025, el tribunal de distrito de Estocolmo condenó a Lina Ishaq, ciudadana sueca de 52 años, a 12 años de prisión por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra por mantener a mujeres y niños yazidíes como esclavos en su casa de Siria en 2015.
A pesar de las amenazas y los recortes de ayuda emitidos por la administración Trump, el ministro de Asuntos Exteriores, Ronald Lamola, ha declarado que «no hay ninguna posibilidad» de que Sudáfrica retire su demanda por genocidio contra Israel en la Corte Internacional de Justicia.
