Dakar, Senegal, 14 de diciembre de 2016 – Los 9 y 10 de diciembre de 2016, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Asamblea Nacional de Senegal acogió la 9ª Asamblea Consultiva de Parlamentarios para la Corte Penal Internacional y el Estado de Derecho (CAP-ICC) y el 38º Foro Anual de Parlamentarios para la Acción Global (PGA). Dicho evento es el único encuentro internacional de legisladores, enfocado en evaluar las necesidades de la comunidad internacional y actuar eficazmente para prevenir las atrocidades y los crímenes internacionales más graves: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.
En un momento en que tres Estados Africanos han iniciado formalmente el proceso de retirada del Estatuto de Roma, más de 100 parlamentarios de 51 países de todas las regiones del mundo manifestaron su firme apoyo al sistema del Estatuto de Roma, cuyo objetivo es poner fin a la impunidad. Los panelistas de alto nivel incluyeron al Presidente de la República de Senegal, S.E. Macky Sall (quien dió su mensaje a través del Primer Ministro de Senegal, Sr. Mohammed Dionne); la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Sra. Fatou Bensouda; el Ministro de Justicia y Garde des Sceaux, S.E. Sidiki Kaba; la Presidenta de la Corte Penal Internacional, Jueza Silvia Fernandez de Gurmendi y expertos de alto nivel de la sociedad civil, del sector judicial, de otras profesiones jurídicas y de la academia.
Significados Legisladores de varios países, que no son Estados Partes al Estatuto de Roma, se comprometieron a lanzar una campaña nacional por la adhesión al Estatuto de Roma en Guinea Bissau y a continuar y reforzar la acción de PGA para la ratificación del Estatuto en Togo, Marruecos, Iraq, Ucrania y Malaysia. El significado miembro de PGA de Namibia expresó su apoyo a la CPI y exhortó a todos los Estados a abordar las críticas y las preocupaciones existentes acerca del funcionamiento de la CPI, mientras permaneciendo en el sistema de la Corte y rechazando la idea de retirarse del tratado.
Legisladores de muchos Estados Partes y de un Estado no-Parte, Zimbabue, se comprometieron a lanzar o incrementar los esfuerzos para incorporar las disposiciones y los estándares del Estatuto de Roma en sus legislaciones nacionales y así asegurar el cumplimiento efectivo del deber de cooperar con la Corte y de dar efecto al principio de complementariedad. A este respecto, parlamentarios de la República Democrática del Congo informaron sobre la adopción histórica de la legislación exhaustiva para la implementación del Estatuto de Roma, mientras que parlamentarios de Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Guinea, Ecuador, El Salvador, Mali, Marruecos, Sierra Leone, Túnez y Ucrania presentaron iniciativas legislativas o esfuerzos políticos para avanzar la implementación nacional del Estatuto de Roma y de las enmiendas de Kampala, así que para promover los acuerdos voluntarios ad hoc relativos a la cooperación con la Corte en sus países.
La Asamblea Consultiva culminó con la adopción de la Resolución final y el Plan de Acción de Dakar para Prevenir y Poner Fin a la Impunidad por las Atrocidades Masivas, mediante los cuales los parlamentarios expresaron su aprecio por el trabajo realizado por la CPI e hicieron un llamado a sus gobiernos respectivos a: i) eliminar los obstáculos a la ratificación del Estatuto de Roma y de las enmiendas de Kampala, ii) adoptar legislación de implementación sobre la cooperación con la Corte y iii) adoptar legislación nacional, que incorpore las definiciones de los crímenes y de los principios generales contenidos en el Estatuto de Roma.
Declaraciones seleccionadas:
En sus observaciones, la Presidenta de la CPI, S.E. Jueza Silvia Fernandez de Gurmendi, vigorosamente declaró:
El movimiento mundial para la justicia, los derechos humanos y el Estado de derecho está atravesando por tiempos difíciles. Se han hecho avances importantes, sin embargo, estamos enfrentando muy serios retos. Es esencial proteger los logros, que hemos conseguido a lo largo de las últimas décadas, a través de esfuerzos constantes a nivel nacional, regional e internacional. Como legisladores, como representantes elegidos del pueblo, ustedes tienen el poder de apoyar y reforzar la justicia penal internacional de maneras muy concretas.
Dip. Margarita Stolbizer (Argentina), Presidenta de PGA:
Senegal fue el primer país en ratificar el Estatuto de Roma en 1999. Nosotros estamos honorados de haber sido acogidos por el Parlamento de Senegal, con el objetivo de reconocer que muchos de los parlamentarios presentes representan regiones afectadas por conflictos, en las cuales la Corte Penal Internacional está investigando y enjuiciando crímenes.
Sr. Kula Segaran, Parlamentario, Secretario del Grupo Nacional PGA en Malasia, Miembro del Consejo de PGA:
Muchas atrocidades masivas han sido cometidas en el pasado y debido al hecho que numerosos Estados no son partes a la CPI, dichas atrocidades se están cometiendo todavía y muchas veces sin consecuencias. (…) Tengo la visión de que dentro de 10 años muchas más víctimas recibirán reparaciones, rehabilitación y restituciones. Que el centro de toda nuestra labor será la protección de las víctimas y la disuasión de los crímenes internacionales y las violaciones de los derechos humanos. Que la gente entenderá que somos una humanidad y cada uno de nosotros se preocupará por el bien estar de los demás seres humanos. Que lograremos la universalidad del sistema de la CPI y que las legislaciones nacionales eficaces junto con la ratificación universal protegerán las poblaciones más vulnerables y lucharán contra la impunidad por los crímenes más graves.
Sra. Barbara Lochbihler, Miembra del Parlamento Europeo (Alemania), Coordinadora del Programa de Derecho Internacional y Derechos Humanos de PGA, Vice Presidenta de la Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo:
El Sistema del Estatuto de Roma es una comunidad, en la cual el respeto por los derechos humanos, la justicia y el Estado de derecho tiene un papel primordial. El habilita a la CPI a intervenir cuando las instituciones nacionales competentes no sean capaces o no estén dispuestos a cumplir con su obligación de enjuiciar a los perpetradores de los crímenes internacionales más graves. Por esta razón, hago un llamamiento a todos los Estados, que todavía no han adherido a la CPI, a demostrar su compromiso por la justicia y a proceder con la ratificación y la implementación del Estatuto de Roma. Y a los Estados que han decidido de retirarse, les propongo reconsiderar su decisión. La retirada de la CPI constituye un paso atrás en la protección de los derechos humanos, en la lucha contra la impunidad y en la rendición de cuentas por los crímenes más graves.
