En este Día Internacional de la Democracia, reflexionamos sobre el potencial de la Inteligencia Artificial (IA) y la gobernanza democrática. Mientras que un uso responsable y transparente de la IA permite una mayor participación pública, igualdad, seguridad y desarrollo humano, los parlamentarios desempeñan un papel fundamental a la hora de regular su uso y hacer frente a las amenazas que puede suponer para la democracia, la paz y la seguridad.
A medida que el mundo avanza hacia la digitalización, el uso y la dependencia de las tecnologías de la información, las redes y las bases de datos han impregnado la sociedad. También se han vuelto cada vez más comunes los ataques y la explotación ilegal de sistemas y datos informáticos. Las actividades ilegales basadas en la cibernética han aumentado tanto en número como en sofisticación. Hemos sido testigos de las capacidades de esta tecnología para producir desinformación y desinformación, que influyen negativamente en la representación democrática, socavan la rendición de cuentas y erosionan la confianza social y política. El impacto se produce tanto a nivel institucional como individual, donde incluso los parlamentarios son víctimas.
Las herramientas de IA están muy extendidas y evolucionan rápidamente, incluso en los procesos parlamentarios. Por lo tanto, es imperativo establecer directrices éticas y operativas para garantizar la responsabilidad y la transparencia, protegiendo al mismo tiempo los derechos humanos, incluida la privacidad.
La naturaleza técnica y evolutiva de la IA y sus aplicaciones plantean un reto a los parlamentos. A pesar de los esfuerzos reguladores a nivel regional e internacional, existe una falta de regulación a nivel nacional. El Parlamento Europeo adoptó la Ley de IA en marzo de 2024, que impone una serie de obligaciones a los desarrolladores. El Consejo de Europa finalizó el Convenio Marco sobre IA, Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, que pronto estará abierto a la ratificación. En marzo de 2024, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución para dirigir el uso de la IA hacia el bien global. El objetivo de la resolución es establecer sistemas de IA seguros y fiables para acelerar la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Senator Kenneth Pugh,
Member of the Defense Committee(Chile)
En el Día Internacional de la Democracia es muy oportuno reflexionar respecto al gran salto que ha dado la humanidad, al incorporar a un porcentaje importante de su población al ciberespacio, este nuevo dominio digital en el habitamos y convivimos.
Si bien la digitalización y el uso lícito de datos provee de una gran oportunidad, también existen los riesgos asociados a toda tecnología, que de por sí son. neutras, pero va a depender de cómo las usemos, el resultado que se obtendrá.
La inteligencia artificial generativa representa hoy un gran desafío, no solo para regular su desarrollo y empleo, sino además por el increíble realismo con el que se pueden reproducir voces, fotos y videos de personas en actitudes totalmente reales, pero creadas artificialmente.
Nuestras democracias se basan en sólidos principios y derechos humanos, que son derechos “de humanos” en el ciberespacio y no de máquinas ni de inteligencias artificiales. Necesitamos de identidades digitales robustas con múltiples factores de autenticación e incluso prueba de vida, para garantizar que sean humanos los que están detrás un perfil de redes sociales, aunque mantengan un pseudónimo o nombre artístico, tal como lo harían en el mundo físico.
Los delitos cometidos por o mediante una Inteligencia Artificial deben ser penalizados con los máximos agravantes, porque al romper la línea de lo ético, pueden incluso destruir a la humanidad.
Los invito a formar la “Bancada Digital de Parlamentarios” para aunar esfuerzos que nos puedan proteger digitalmente ahora y a las futuras generaciones.
Senador Kenneth Pugh de Chile, Miembro de la Comisión de Defensa:
La heterogeneidad de los marcos jurídicos, las limitadas capacidades judiciales para luchar contra la ciberdelincuencia y asegurar las pruebas electrónicas y las escasas infraestructuras de la información han convertido a las sociedades de todo el mundo en objetivos vulnerables de la ciberdelincuencia. Los gobiernos luchan por conciliar respuestas eficaces a la ciberdelincuencia con los derechos humanos y el Estado de Derecho en línea.
Los parlamentarios tienen amplias prerrogativas legislativas y de supervisión y pueden actuar para proteger a las instituciones democráticas y a las personas mediante la:
- Adopción de normas y políticas estrictas de protección de datos;
- Aplicación de directrices éticas y transparentes para enmarcar el uso de la IA;
- Realización de evaluaciones de impacto sobre la privacidad;
- Colaboración con las comunidades marginadas y los grupos de defensa para evitar sesgos discriminatorios o datos de formación desequilibrados;
- Colaboración con organizaciones de la sociedad civil con experiencia en el fortalecimiento de la democracia;
- Garantía de la colaboración con instituciones de investigación y especializadas para apoyar el trabajo parlamentario sobre el impacto de la IA en la justicia, la equidad y la no discriminación.
Además, los parlamentarios pueden abogar por la ratificación de instrumentos internacionales que promuevan la ciberseguridad y su aplicación a nivel nacional. El Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia sirve como directriz para cualquier país que desarrolle una legislación nacional exhaustiva contra la ciberdelincuencia y como marco para la cooperación internacional entre los Estados Parte de este tratado. El Convenio cuenta con un Primer Protocolo Adicional relativo a la penalización de actos de naturaleza racista y xenófoba cometidos a través de sistemas informáticos y un Segundo Protocolo Adicional al Convenio sobre Ciberdelincuencia relativo a la cooperación reforzada y la divulgación de pruebas electrónicas.
Para garantizar la gobernanza democrática, los parlamentarios, como representantes del pueblo, desempeñan un papel fundamental a la hora de comprender la IA y regular su establecimiento y uso, salvaguardando al mismo tiempo los derechos humanos y los principios y valores democráticos.
