28 de junio de 2021
PGA celebra el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la responsabilidad del Estado de Honduras por el asesinato en 2009 de la mujer transgénero y activista, Vicky Hernández. Se trata de la primera vez que el máximo tribunal regional de derechos humanos, con sede en Costa Rica, responsabiliza a un Estado por la muerte -y la no persecución de los responsables - de una persona trans. En su sentencia del 28 de junio de 2021, la Corte ordenó que Honduras pague una indemnización a la familia de Hernández y que aplique una serie de medidas para proteger a las personas trans. Algunas de esas medidas incluyen el inicio de la capacitación contra la discriminación para las fuerzas militares y de seguridad, así como la recopilación de datos sobre incidentes de violencia contra las comunidades LGBTI+.
Hernández, mujer trans, activista y trabajadora sexual, fue asesinada a tiros durante la primera noche del golpe de Estado de junio de 2009, en el que los militares hondureños derrocaron al presidente Manuel Zelaya e impusieron un toque de queda nocturno en todo el país. Aunque los toques de queda se establecieron para intentar frenar las manifestaciones, también se utilizaron para atacar a las personas LGBTI+. La última vez que se vio a Hernández fue huyendo de un coche de policía en la calle, junto con otras dos trabajadoras sexuales. La encontraron muerta al día siguiente. La policía no investigó el asesinato y afirmó que era un “crimen pasional”. Sin embargo, la sentencia de la Corte Interamericana exigió a Honduras que reiniciara la investigación y encontró “varios indicios de la participación de agentes del Estado”.
Como parte de nuestras acciones para promover los derechos humanos y la inclusión de las personas LGBTI+ en todo el mundo, mediante nuestra Campaña contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género (Campaña SOGI), PGA presentó un Amicus Brief en apoyo del litigio y la aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) en el asesinato de Vicky Hernández.
La sentencia en el caso de Vicky Hernández es un llamado de atención para el estado de Honduras y además es un llamado a la acción. Honduras está en la obligación de convertirse en un lugar donde las personas puedan vivir y trabajar sin preocuparse por ningún tipo de discriminación por su orientación sexual o identidad de género. Esta sentencia también ordena al estado de Honduras a través del Congreso Nacional a realizar reformas en la ley para que las personas trans puedan hacer los cambios correspondientes en su Documento Nacional de Identidad con el fin de que se reconozca su identidad. Cómo diputado me comprometo a impulsar estas reformas con el propósito de convertir a Honduras en pos de más derechos para todos y todas.Dip. Jorge Cálix, miembro de la Junta Directiva de PGA, Honduras
PGA trabaja con la sociedad civil local y los legisladores nacionales de Honduras, como el Dip. Cálix, para avanzar leyes que promuevan la igualdad entre todas las poblaciones vulnerables, protejan la vida de las personas LGBTI+ y combatan su discriminación. Elogiamos a la CIDH por su trascendental fallo a favor de la igualdad y la justicia en Honduras y esperamos que está decisión ayude a fomentar debates que conduzcan a una sociedad más inclusiva.
