El 9 de mayo de 2022, la Sra. Xiomara Castro, Presidenta de Honduras, asumió públicamente la responsabilidad del Estado de Honduras en el asesinato de Vicky Hernández, activista transgénero, acaecido la noche del 28 de junio de 2009 durante el toque de queda resultado del golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya.
En marzo de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declaró que el Estado de Honduras era responsable por la muerte de Vicky Hernández, mujer trans, trabajadora sexual y reconocida activista dentro del Colectivo Unidad Color Rosa, y ordenó el reconocimiento público del crimen y resarcir a su familia.
Entre las medidas de reparación de conformidad con la sentencia de la Corte, la presidenta Castro reconoció la responsabilidad internacional de este crimen, cometido en contra de Vicky Hernández y su familia, como una flagrante violación de los derechos humanos y solicitó públicamente el perdón.
La presidenta también anunció la adopción de un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género y el diseño de un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI, un plan de capacitación permanente para agentes de los cuerpos de seguridad, y la adopción de un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia, entre otras acciones.
En marzo 2020, Parlamentarios para la Acción Global (PGA) entregó a la Corte un Amicus en apoyo al caso presentado por la organización nacional Red Lésbica Cattrachas y el Robert F Kennedy de Derechos Humanos sobre la aplicabilidad de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) en el asesinato de Vicky Hernández.
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