PGA expresa su profunda preocupación por la actual escalada de violencia en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y su efecto devastador sobre la población civil, que ha estado expuesta a atrocidades durante un período de tiempo excesivo. En particular, extiende sus deseos de solidaridad con sus miembros parlamentarios en el país, así como a las organizaciones de la sociedad civil asociadas, que realizan una labor esencial para defender los derechos humanos a pesar de las graves amenazas a sus vidas y su trabajo, ya que se enfrentan a un aumento de ataques selectivos.
La violencia armada y los conflictos han causado un profundo sufrimiento durante más de 30 años en la República Democrática del Congo, y en particular en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur , así como en la región de Ituri, donde alrededor de un centenar de grupos armados siembran el terror. En noviembre de 2021, los combates entre el Movimiento 23 de Marzo (23) y las Fuerzas Armadas de la RDC se reanudaron tras ocho años de inactividad, lo que dio lugar a episodios de supuestas atrocidades cometidas contra civiles, entre las que se incluyen presuntas ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias, malos tratos, secuestros, reclutamiento forzoso (incluidos niños soldados), desplazamientos forzosos y el uso de la violación como . Las mujeres y las niñas se han visto afectadas de manera desproporcionada, y han sido objeto de actos de violencia que deja traumas físicos y psicológicos duraderos. PGA condena estas presuntas atrocidades en los términos más enérgicos y pide una acción urgente para garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las supervivientes.
Todas las respuestas deben garantizar que las voces de las víctimas y supervivientes de estos graves crímenes estén en el centro de cualquier responsabilidad y esfuerzo humanitario. Deben tomarse medidas urgentes para proteger a la población civil, proporcionar ayuda humanitaria esencial, así como apoyo y protección a los defensores de los derechos humanos derechos humanos. También hacemos hincapié en la necesidad de acciones sensibles al género, dando prioridad a las necesidades específicas de las mujeres y las niñas, incluido el acceso a la atención médica, el apoyo psicosocial y la asistencia jurídica.
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- Hon. Christelle Vuanga, miembro de PGA (República Democrática del Congo)
La población de la República Democrática del Congo ha soportado un sufrimiento inimaginable durante demasiado tiempo. Debemos romper el ciclo de impunidad y garantizar que los responsables de crímenes de guerra y violencia sexual rindan cuentas. Las mujeres y las niñas, que han sido las más afectadas por este conflicto, no deben quedarse atrás: deben formar parte de cualquier proceso de paz y reconstrucción posterior al conflicto. La comunidad internacional debe ir más allá de las declaraciones y brindar apoyo y solidaridad a la República Democrática del Congo, actuando con decisión para proteger a los civiles, apoyar a los supervivientes y trabajar por una paz justa y duradera. No podemos permitir que esta crisis se agrave aún más: hay vidas en juego y es necesario actuar urgentemente.
- Hon. Christelle Vuanga, miembro de PGA (República Democrática del Congo)
La rendición de cuentas sigue siendo un pilar fundamental para abordar las causas profundas de este conflicto. La lucha contra la impunidad en el país ha recorrido un largo camino, con el primer paso ya dado en 2004, cuando la Fiscalía de la CPI abrió una investigación tras una primera remisión por parte de las autoridades de la República Democrática del Congo por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el contexto del conflicto armado desde el 1 de julio de 2002. Desde entonces, se emitieron siete órdenes de arresto públicas y se pronunciaron tres condenas (contra el Sr. Thomas Lubanga Dyilo, Sr. Germain Katanga, y Sr. Bosco Ntaganda). En 2023, la República Democrática del Congo presentó una remisión, relativa a presuntos delitos cometidos en Kivu del Norte desde el 1 de enero de 2022, que dio lugar a la reanudación de las investigaciones de la Fiscalía en el país, centrándose específicamente en los delitos presuntamente cometidos en Kivu del Norte desde enero de 2022.
Paralelamente, el 7 de febrero, tras la carta conjunta de las organizaciones de la sociedad civil a la que se unió PGA, el Consejo de Derechos Humanos anunció el establecimiento de una Misión de Investigación sobre los abusos y violaciones de los derechos humanos en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, y el establecimiento de una Comisión de Investigación Independiente para continuar el trabajo de la Misión de Investigación.
Aunque PGA acoge con satisfacción este avance, también pide a la comunidad internacional que adopte medidas concretas para apoyar cualquier mecanismo de rendición de cuentas, incluida la recopilación, consolidación, conservación y análisis de pruebas de violaciones, y para garantizar que los supervivientes tengan acceso a la justicia.
PGA también insta a todas las partes en conflicto a que cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. No se debe permitir que la violencia en curso se intensifique aún más, agravando el sufrimiento de la población congoleña y desestabilizando la región. Instamos a todas las partes interesadas a entablar un diálogo significativo para lograr una solución sostenible y pacífica a la crisis.
PGA se solidariza firmemente con el pueblo de la República Democrática del Congo y sigue comprometida a apoyar todos los esfuerzos encaminados a lograr la justicia, rendición de cuentas y paz sostenible en la región.
