New York, 10 de mayo 2019
Parlamentarios para la Acción Global (PGA) pide a las autoridades nacionales relevantes que pongan en libertad de inmediato al Sr. Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, quien fue detenido arbitrariamente el miércoles 8 de mayo de 2019 por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas.
El 30 de abril de 2019, el presidente de la Asamblea Nacional y líder de la oposición, Juan Guaidó, intentó sin éxito organizar un levantamiento no violento contra la administración de Maduro, pidiendo a las fuerzas armadas que dejaran de brindarle apoyo. Maduro fue reelegido en mayo de 2018 tras un proceso severamente cuestionado y considerado ilegítimo. Ninguna Organización Internacional de la cual Venezuela es miembro o con la cual Venezuela tiene un acuerdo de cooperación validó ese proceso. La detención ilegal del Sr. Zambrano es parte de la represalia del gobierno a este intento.
La persecución de los opositores políticos ha sido una herramienta utilizada por el régimen de Maduro para silenciar la disidencia. A principios de abril de 2019, la Asamblea Constituyente despojó al Sr. Guaidó de su inmunidad parlamentaria en contravención del artículo 200 de la Constitución, que dice lo siguiente: “[l] os diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los y las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia."
Además, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que carece de independencia judicial como lo han sentenciado diversas organizaciones internacionales, ha ordenado el retiro de la inmunidad parlamentaria de 3 parlamentarios, a saber, Sergio Vergara, Freddy Superlano y Juan Andrés Mejía. En este sentido, el 8 de mayo de 2019, el Presidente de la Comisión parlamentaria de Política Exterior, Soberanía e Integración, Sr. Francisco Sucre, miembro de PGA, denunció esta decisión como inconstitucional.
El aparato represivo del régimen ha afectado gravemente a 24 diputados y 5 suplentes, quienes se han visto obligados a exiliarse o han sido detenidos arbitrariamente.
Los ataques llevados a cabo por el régimen venezolano contra sus oponentes civiles han sido generalizados y sistemáticos: tales ataques pueden calificarse como crimen de lesa humanidad de persecución según el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que define “[p]ersecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género (…) u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte” como crimen de lesa humanidad. Estos ataques, que ocurren sobre la base de discriminación en razón de la orientación política, van desde la no distribucion de alimentos, hasta ataques fisicos y ejecuciones judiciales de diputados ejecutados por bandas criminales afiliadas con el régimen, tal como ha sido detallado en el informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en la ONU.
La membresía global de PGA reitera que las amenazas contra la integridad física de cualquier líder político, incluyendo los parlamentarios electos, y el uso de cargos infundados por motivos políticos contra legisladores de cualquier partido político son inaceptables. Tales violaciones persistentes de los derechos humanos fundamentales y del principio de separación de poderes erosionan el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas.
Todas las partes deben respetar los derechos humanos fundamentales de todos los miembros de la sociedad y los principios y normas consagrados en la Constitución Nacional y en el derecho internacional.
PGA representa los derechos humanos de los parlamentarios dondequiera que se violen. La escalada de violencia en Venezuela no es nueva, pero ahora está alcanzando un nivel que puede abrir las puertas a una guerra civil desastrosa. Hacemos un llamado al cumplimiento del Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobado por la Asamblea Nacional, para llevar a cabo elecciones presidenciales libres, transparentes y competitivas correspondientes al término del período presidencial 2019-2025. Declaración de la Sra. Margareta Cederfelt, MP (Suecia), Presidenta de PGA
El inmenso sufrimiento del pueblo venezolano deben llegar a su fin y la comunidad internacional apoyará sin reservas los esfuerzos de los líderes no violentos de la Asamblea Nacional para lograr una transición institucional en Venezuela. Instamos a las autoridades fiscales y penitenciarias de Venezuela a restablecer el orden legal constitucional y liberar de inmediato a todos los presos políticos, incluyendo el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, y todos los parlamentarios detenidos arbitrariamente. Declaración del Dip. Victor Bisono (República Dominicana), Presidente del Consejo Internacional de PGA
La Asamblea Nacional de Venezuela está obligada a respetar la Constitución Nacional y las normas y principios internacionales de derechos humanos que nuestro Estado ha aceptado libremente: por lo tanto, nuestra búsqueda de justicia, democracia y derechos humanos es pacífica y no violenta. Como autoridad legítima confiada por la Constitución para servir a nuestro pueblo, los miembros de la Asamblea Nacional piden a todos los funcionarios gubernamentales de Venezuela, a todas las organizaciones internacionales y a todos los Estados que apoyen una transición pacífica hacia la democracia y el Estado de derecho. La actual catástrofe humanitaria que llevó a millones de venezolanos a verse obligados a elegir entre refugiarse en otros Estados o resistir las graves violaciones de sus derechos fundamentales en su propio país debe desencadenar nuestra responsabilidad común de proteger los derechos humanos. Declaración del Dip. Armando Armas (Venezuela), Presidente del Grupo Nacional de PGA en Venezuela
PGA recibe el apoyo de:
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca
La Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (Sida)
La Fundación Stewart R. Mott