Loading...









Movilizando parlamentarios como defensores y defensoras de los derechos humanos, la democracia y un mundo sostenible.

Ecuador debe garantizar la verdad, justicia y reparación a las víctimas de violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el paro nacional iniciado el 13 de junio de 2022


[E]cuador está pasando por un momento crítico que debe ser afrontado con la mayor rigurosidad posible. El gobierno del presidente Lasso no solo debe atender las necesidades de los manifestantes, sino también debe asegurarse que los derechos y libertades fundamentales de las comunidades indígenas de nuestro país - y las de todos los ciudadanos -, sean respetadas y garantizadas. Con el fin atender las graves violaciones de los derechos humanos, he presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador una resolución que exhorta a la Defensoría del Pueblo a conformar una Comisión Especial que esclarezca los hechos ocurridos desde el inicio del paro nacional el 13 de junio de 2022.

PGA advierte, no obstante, que el derecho a la manifestación es un derecho fundamental recogido en la Constitución del Ecuador y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que conlleva el ejercicio de la libertad de reunión pacífica, la libertad de expresión y el derecho a la participación en los asuntos públicos. En este sentido, Ecuador, como un Estado democrático, debe garantizar todos los derechos con el fin de velar por la seguridad y procesar adecuadamente y en paz las demandas, reivindicaciones y peticiones sociales. El ejercicio de las manifestaciones pone a prueba la condición democrática de todos los Estados y de su actitud de apertura a la tolerancia, inclusión, pluralidad y disenso.

De igual forma, PGA manifiesta su apoyo a la resolución presentada por la Asambleísta Cuesta y aprobada por la Asamblea Nacional el 5 de julio de 2022 y recuerda que el gobierno no solo debe proporcionar esclarecimiento sobre los hechos derivados de las movilizaciones sino también establecer las responsabilidades individuales y del Estado por aquellas graves violaciones de los derechos humanos en las que haya incurrido. Dicho proceso debe llevarse a cabo con el espíritu de promover la reconciliación nacional y debe estar fundamentado en la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

PGA exhorta al Ejecutivo a respetar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1989 y ratificado por el Estado ecuatoriano en 1998. Finalmente, PGA destaca que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007 - apoyada por Ecuador - enfatiza de igual forma los derechos de los pueblos originarios a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones, y a perseguir libremente su desarrollo de acuerdo con sus propias necesidades y aspiraciones. Aunque dicha declaración no es un instrumento vinculante, sí representa el desarrollo internacional de las normas jurídicas y refleja el compromiso de la ONU y sus estados miembros.