Quito, La Haya 07 de julio de 2022

Hace más de 25 días, Ecuador atravesó por una crítica situación social y política que causó gran preocupación a varios organismos locales e internacionales que trabajan en la defensa de los derechos humanos.

El 13 de junio de 2022, varias organizaciones sociales e indígenas iniciaron un paro nacional indefinido para protestar contra el gobierno del presidente Guillermo Lasso. En el contexto de una profunda crisis económica y social, donde un alto porcentaje de la población vive en la pobreza o pobreza extrema, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otras organizaciones sociales, exigen al Ejecutivo reformas sociales y económicas urgentes tras la subida de los precios de los combustibles y la ampliación de la frontera minera y petrolera. Durante las semanas del paro, varios colectivos, entre ellos, estudiantes universitarios, asociaciones de trabajadores, campesinos, profesionales de salud, transportistas, se sumaron para reivindicar derechos económicos y sociales.

Las protestas se extendieron por varias provincias del Ecuador, tornándose en ciertos casos violentas por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y agentes militares. Según varios medios de comunicación y organismos de derechos humanos, las jornadas de manifestaciones dejaron al menos 6 muertos y un centenar más de heridos. En medio de las movilizaciones, el gobierno del presidente Lasso decretó el estado de excepción en varias provincias - mediante el Decreto 455 de 17 de junio de 2022,  Decreto 459 de 20 de junio y Decreto 463 del 29 de junio,con el fin de “recuperar el orden público, controlar situaciones de violencia, proteger áreas reservadas, asegurar la provisión de medicamentos, gases medicinales, oxígeno para hospitales y clínicas, combustibles y alimentos, y la integridad de la ciudadanía.”

No obstante, la represión durante las protestas sociales generó una crisis de derechos humanos que causó preocupación a organismos de derechos humanos por las detenciones arbitrarias, criminalización de manifestantes, hostigamientos y persecución a periodistas, legisladores de la oposición y defensores de derechos humanos, agresión a predios universitarios y a la Casa de la Cultura, entre otras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), han manifestado su preocupación y profirieron un llamado urgente a la negociación y al diálogo entre las partes. Así mismo, Naciones Unidas instó al gobierno a proteger las garantías constitucionales y legales para el ejercicio de la protesta social y reglas del debido proceso de todas las personas detenidas.

Ante esta grave crisis, la miembro del Comité Ejecutivo de Parlamentarios para la Acción Global (PGA), la Asambleísta Esther Cuesta Santana (Ecuador), compartió su preocupación con varios miembros de la organización y destacó que:

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[E]cuador está pasando por un momento crítico que debe ser afrontado con la mayor rigurosidad posible. El gobierno del presidente Lasso no solo debe atender las necesidades de los manifestantes, sino también debe asegurarse que los derechos y libertades fundamentales de las comunidades indígenas de nuestro país - y las de todos los ciudadanos -, sean respetadas y garantizadas. Con el fin atender las graves violaciones de los derechos humanos, he presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador una resolución que exhorta a la Defensoría del Pueblo a conformar una Comisión Especial que esclarezca los hechos ocurridos desde el inicio del paro nacional el 13 de junio de 2022.

PGA advierte, no obstante, que el derecho a la manifestación es un derecho fundamental recogido en la Constitución del Ecuador y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que conlleva el ejercicio de la libertad de reunión pacífica, la libertad de expresión y el derecho a la participación en los asuntos públicos. En este sentido, Ecuador, como un Estado democrático, debe garantizar todos los derechos con el fin de velar por la seguridad y procesar adecuadamente y en paz las demandas, reivindicaciones y peticiones sociales. El ejercicio de las manifestaciones pone a prueba la condición democrática de todos los Estados y de su actitud de apertura a la tolerancia, inclusión, pluralidad y disenso.

De igual forma, PGA manifiesta su apoyo a la resolución presentada por la Asambleísta Cuesta y aprobada por la Asamblea Nacional el 5 de julio de 2022 y recuerda que el gobierno no solo debe proporcionar esclarecimiento sobre los hechos derivados de las movilizaciones sino también establecer las responsabilidades individuales y del Estado por aquellas graves violaciones de los derechos humanos en las que haya incurrido. Dicho proceso debe llevarse a cabo con el espíritu de promover la reconciliación nacional y debe estar fundamentado en la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

PGA exhorta al Ejecutivo a respetar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1989 y ratificado por el Estado ecuatoriano en 1998. Finalmente, PGA destaca que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007 - apoyada por Ecuador - enfatiza de igual forma los derechos de los pueblos originarios a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones, y a perseguir libremente su desarrollo de acuerdo con sus propias necesidades y aspiraciones. Aunque dicha declaración no es un instrumento vinculante, sí representa el desarrollo internacional de las normas jurídicas y refleja el compromiso de la ONU y sus estados miembros.