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Asamblea Nacional de Ecuador trabaja para prevenir el genocidio

Asamblea Nacional de Ecuador trabaja para prevenir el genocidio

Quito, 29 de enero de 2019

Los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) se reunieron este martes, 29 de enero de 2019 con el fin de calificar a trámite varios proyectos de ley. Como resultado, se decidió que el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, de autoría de la Asambleísta Soledad Buendía, Presidenta del Grupo Nacional de PGA en Ecuador, será analizado por la Comisión de Educación.

Las reformas específicas planteadas en este proyecto intentan establecer de manera efectiva el Mecanismo Nacional de Prevención del Genocidio dentro del ámbito de competencia de la Defensoría del Pueblo, como una estructura interinstitucional destinada a proponer políticas públicas en esta materia, fomentar la cooperación, y brindar asistencia técnica a nivel nacional, regional e internacional.

El fin último es promover los derechos y garantías fundamentales de las personas; la adopción de formas pacíficas y alternativas de resolución de conflictos; la protección de personas en situación de vulnerabilidad; el combate a la impunidad mediante la acción judicial en los tribunales nacionales e internacionales; la construcción de espacios de rescate de la memoria colectiva y sensibilización a la población civil y a las organizaciones del Estado; la recopilación de información para establecer un sistema de alertas tempranas; y la elaboración de informes, recomendaciones y peticiones dirigidas a las autoridades competentes.

El Preámbulo de la Constitución de la República del Ecuador presenta la idea de prevención, protección y promoción de nuestros derechos fundamentales, indicando que debemos construir una sociedad “que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades”. Con este propósito, la Asambleísta Soledad Buendía ha presentado este proyecto de ley que tiene por finalidad garantizar el derecho humano a la libertad y seguridad de las personas y el derecho constitucional a una cultura de paz; y dotar al Estado de mecanismos para prevenir la comisión de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímen de agresión.

 

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