Quito, Ecuador

El 17 de mayo, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, emitió el decreto ejecutivo 741 con el fin de disolver la Asamblea Nacional liderada por la oposición, invocando el mecanismo constitucional llamado “muerte cruzada”. Es la primera vez que se recurre a este recurso desde que el expresidente Rafael Correa lo introdujo en la nueva Constitución del 2008.

El artículo 148 de la Constitución ecuatoriana otorga al presidente la facultad de disolver la Asamblea Nacional para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo en tres circunstancias: (i) cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, o (ii) si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o (iii) por grave crisis política y conmoción interna. 

En virtud de esta decisión, el presidente Lasso podrá ahora gobernar hasta seis meses por decreto en temas económicos y administrativos bajo la supervisión de la Corte Constitucional. El Consejo Nacional Electoral (CNE) debe fijar la fecha de las elecciones presidenciales y legislativas en un plazo de siete días a partir de la decisión del presidente. El CNE, consecuentemente, fijó el 20 de agosto de 2023 para la convocatoria anticipada de las elecciones generales y, en caso de haber segunda vuelta, determinó que se llevarán a cabo el 15 de octubre.

La disolución de la Asamblea Nacional se produjo en medio de crecientes tensiones políticas, la percepción de una urgente reforma del gobierno y sólo un día después del inicio del juicio político contra el presidente. El presidente Lasso se ha visto salpicado por escándalos de corrupción que lo han llevado a un proceso de destitución en un contexto de creciente descontento socioeconómico reflejado por unos índices de aprobación mínimos. 

El mismo día en que el presidente Lasso disolvió el Legislativo, la oposición presentó varias demandas ante la Corte Constitucional alegando que la medida era ilegal ya que Ecuador no se enfrenta a ninguna convulsión interna urgente. Sin embargo, la Corte rechazó las demandas presentadas - allanando el camino para la celebración de elecciones presidenciales y legislativas anticipadas - y determinó que “no tiene competencia para pronunciarse respecto de la verificación y motivación de la causal de grave crisis política y conmoción interna” y que “tampoco la tiene ninguna otra autoridad judicial en el país”.

La Asambleísta Esther Cuesta Santana, miembro del Comité Ejecutivo de PGA y presidenta del Grupo Nacional en Ecuador, destacó que:

• Hon. Esther Cuesta
  (Ecuador)

Este es un momento crítico para la democracia en mi país. La Asamblea Nacional no solo representa la diversidad del Ecuador y los intereses de los ciudadanos ecuatorianos, sino que también atiende sus preocupaciones. La disolución de este órgano en medio de un juicio político limita el proceso de pesos y contrapesos y obstruye el control político y la rendición de cuentas del gobierno. La disminución del papel de los representantes electos, por lo tanto, erosiona los cimientos democráticos sobre los que se asienta la gobernanza del país y sienta un precedente peligroso que debilita la ya frágil democracia, las instituciones y el Estado de Derecho.

Varios sectores, entre ellos el anterior socio electoral del presidente Lasso, el Partido Conservador Social Cristiano (PSC), el ahora expresidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, Sr. Virgilio Saquicela, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), han cuestionado la legitimidad de la medida de Lasso argumentando que se trata de un acto para evitar el juicio político y considerado su decisión como inconstitucional.

PGA subraya que la disolución de la Asamblea obstaculiza el funcionamiento efectivo de los controles y equilibrios del país: un principio fundamental para la práctica democrática. Una Asamblea Legislativa que funciona correctamente, es un contrapeso del poder ejecutivo que garantiza que las decisiones sean examinadas, debatidas y sometidas a la responsabilidad democrática. Al disolver esta institución democrática de vital importancia, el gobierno corre el riesgo de concentrar el poder, socavando potencialmente la separación de poderes y los principios de rendición de cuentas. La concentración incontrolada de poderes amenaza las libertades civiles y los derechos humanos y puede sentar un precedente peligroso que debilita la institución legislativa, haciéndola menos eficaz en la protección de los derechos y libertades individuales.