Nueva York / La Haya, 23 de octubre de 2019 – En un momento crítico para la democracia ecuatoriana, Parlamentarios para la Acción Global (PGA, por su sigla en inglés) hace un llamado a las autoridades nacionales ecuatorianas, incluyendo a la Presidencia de la Asamblea Nacional, para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los parlamentarios en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Estos derechos humanos fundamentales están protegidos por el orden jurídico interno, así como por las normas y obligaciones del derecho internacional.
El 2 de octubre de 2019, el presidente de Ecuador publicó el Decreto 883 en el Suplemento al Diario Oficial número 52, que elimina los subsidios a los precios del combustible. El aumento propuesto en los precios del combustible amenazó el sustento de la población indígena y provocó doce días de protestas. El 14 de octubre, el Presidente de Ecuador, Sr. Lenin Moreno, procedió a reestablecer los subsidios a los precios del combustible. La crisis económica ha exacerbado las rivalidades políticas entre Moreno y el ex presidente de la República, Rafael Correa.
Algunos legisladores, que han expresado una línea política más cercana a la del ex presidente Correa, están siendo atacados y privados de sus derechos civiles y políticos como miembros elegidos democráticamente de la Asamblea Nacional.
La Asambleísta Soledad Buendía, presidenta del Grupo Nacional PGA en Ecuador, ha documentado violaciones a sus derechos fundamentales de integridad física y psicológica debido a su línea política. El 14 de octubre, mientras salía de su residencia personal, la Asambleísta Buendía fue seguida por un automóvil desconocido y recibió amenazas de una persona no identificada, lo que la llevó a buscar ayuda y refugio en la cercana Embajada de México. El presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador ha tomado medidas para despojarla de su salario y podría destituirla de su cargo parlamentario, porque buscaba la protección de un país extranjero por temor a su seguridad personal.
La represión política de los legisladores de la oposición es contraria al Estado de Derecho nacional e internacional. PGA insta a todas las instituciones nacionales de Ecuador, un país que ha estado en la vanguardia de la protección de los derechos humanos, a respetar los derechos fundamentales de los representantes electos del pueblo.
