En los últimos años, se ha incrementado el número de casos de parlamentarios que están siendo atacados por el mal accionar de su gobierno y que se encuentran en prisión.Tipo de Amenza:
Ataques al Poder Legislativo
Violaciones al Debido Proceso/Juicios Justos
Discursos de Odio
Cierre del Espacio Público
Ataques a Grupos Marginados
Persecución de MPs/HRDs
Campaña de Desinformación
Limitaciones al Discurso/Prensa
Debilitamento del Poder Judicial
Contexto
El rápido deterioro que ha experimentado la democracia en Latinoamérica durante los últimos años, tal como lo refleja el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, viene dado, entre otras cosas, por una serie de medidas autoritarias adoptadas por varios de los gobiernos de la región. En este contexto, el caso de Venezuela es particularmente preocupante.
Desde que el expresidente Hugo Chávez, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ganó las elecciones en 1999 bajo el lema del llamado “socialismo del siglo XXI”, se buscó cerrar la brecha social y reducir los índices de pobreza en el país. No obstante, las políticas opresoras que se han venido implementando a lo largo de las últimas décadas, tanto desde el gobierno de Chávez como el de su sucesor Nicolás Maduro, han exacerbado la desigualdad social, la pobreza, los índices de criminalidad, la represión política y los ataques a la democracia.
De acuerdo con un informe de 2019 elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la grave crisis social, política y económica en Venezuela, no sólo ha generado un éxodo de inmigrantes sin precedentes, sino que también ha provocado fuertes oleadas de protestas que exigen un cambio político; mayor acceso a alimentos y bienes básicos; y mayor seguridad ante la preocupante cifra de asesinatos que se ha disparado en los últimos años.
Así mismo, este informe, al igual que otros elaborados por organizaciones como Human Rights Watch, revelan que dichas protestas han generado serias violaciones de derechos humanos, así como centenares de víctimas mortales, presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y varios presos políticos.
En los últimos años, se ha incrementado el número de casos de parlamentarios que están siendo atacados por el mal accionar de su gobierno y que se encuentran en prisión. Actualmente, una cantidad preocupante de diputados se encuentran encarcelados y en arresto domiciliario. De acuerdo con el Presidente del Grupo Nacional de Parlamentarios para la Acción Global (PGA) en Venezuela, el Dip. Armando Armas, los juicios que se han llevado en contra de legisladores han sido inconstitucionales, pues violan el principio de debido proceso (art. 49 de la Constitución de Venezuela) y otras garantías constitucionales. Recientemente, el 16 de junio de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que es visto como el brazo aliado y ejecutor del gobierno actual, destituyó unilateralmente a los jefes de dos principales partidos opositores. Este acto pretende evitar el colapso del PSUV de cara a las elecciones legislativas que tendrán lugar este diciembre.
Desde que Maduro se posicionó como presidente en el 2013 tras unas votaciones que fueron denunciadas por la oposición por presentar diversas irregularidades, la crisis económica, social e institucional en Venezuela se ha intensificado a pasos estrepitosos.
De igual manera, las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en el 2018, nuevamente estuvieron marcadas por presuntas irregularidades y ataques a las instituciones democráticas. La inhabilitación de varios candidatos a la presidencia, el impedimento de participación de partidos opositores y la falta de competencias constitucionales de la Asamblea Constituyente para convocar las elecciones, han sido prueba del poder autoritario del gobierno de Maduro.
Diversos organismos internacionales y regionales, entre ellos, la ACNUDH, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, rechazaron la convocatoria a estas elecciones por su falta de transparencia y cumplimiento con las normativas nacionales.
Hoy, la dictadura sigue oprimiendo y cooptando los poderes en Venezuela. Más que nunca debemos proteger las prerrogativas de la Asamblea Nacional de Venezuela como último vestigio democrático en el país y debemos rechazar y anular las decisiones espurias de los ilegítimos Tribunal Supremo de Justicia y Comité Nacional Electoral. Luis Leonardo Almagro
Secretario General de la Organización de Estados Americanos
Así mismo, dichas elecciones registraron la mayor abstención en la historia de los comicios venezolanos y causaron un revuelo a nivel nacional e internacional. Tanto la Asamblea Nacional, como varios gobiernos del mundo, emitieron comunicados donde desconocieron el nombramiento de Maduro y declararon la usurpación del cargo de presidente.
Ante la gravedad de la situación, el recientemente elegido Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, lideró en el 2019 una moción pacífica para conformar un gobierno de transición que anhelaba con poner fin a décadas de represión política y social. A pesar del reconocimiento internacional que obtuvo por parte de varios gobiernos latinoamericanos y del mundo entero, su posicionamiento no ha sido suficiente para derrocar el régimen dictatorial impuesto en Venezuela. Maduro continua “liderando” el país bajo condiciones típicas del autoritarismo que ponen de manifiesto las múltiples falencias de esta forma de gobierno. La delicada situación en Venezuela ha encendido la alarma en todos los sectores de la sociedad y la comunidad internacional. En el 2018, la Corte Penal Internacional anunció el inicio de un examen preliminar por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en su territorio, después de que un grupo de países (Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú) remitiera la situación ante dicha institución.
Así, sin tan siquiera lograr reducir el déficit, ni la crisis humanitaria y política en el país, Maduro ha adoptado una posición negacionista, culpando a la guerra económica que supuestamente se inició en su contra por parte del los Estados Unidos y otros países capitalistas por los problemas que sufre Venezuela. Su gobierno no sólo refuta una realidad que es evidente, sino que también incrementa el control sobre la población, transgrediendo así varios derechos humanos fundamentales.
Junto con el gigante chino de telecomunicaciones, ZTE Corp, Maduro ha decidido implementar el llamado “Carné de la Patria” a través del cual se revelan datos confidenciales que además de facilitar el seguimiento sobre el comportamiento económico de los ciudadanos, digitaliza y organiza información de carácter privado con fines puramente políticos. Ejemplos de los datos recopilados incluyen empleo e ingresos, propiedades, historial médico, beneficios estatales recibidos, presencia en redes sociales, afiliación a partidos políticos y si una persona votó o no.
De ésta manera, el gobierno de Maduro y las instituciones que ha venido moldeando a su gusto, han puesto en marcha una estrategia que está orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición y a todos aquellos que vayan en su contra. El conjunto de leyes, políticas y prácticas represivas que durante el gobierno de Chávez se han venido implantando, y que con Maduro se han intensificado, han reducido notablemente el espacio democrático en Venezuela y ha permitido la reiteración de graves violaciones del Estado de Derecho y los derechos humanos.
PERSPECTIVA DE PGA
En Venezuela no existe independencia del poder judicial y hoy, un grupo de diputados elegidos para representar al pueblo, buscan la manera de bloquear reformas que pretenden garantizar mayor transparencia y democracia. El régimen oprime a la oposición y a todos aquellos que van en su contra.
Actualmente hay más de 400 presos políticos, de los cuales cinco son diputados: Ismael León, Tony Geara, Juan Requesens, Renzo Prieto y Gilber Caro. Estos dos últimos ya han pasado cuatro y dos años encarcelados anteriormente. En Venezuela hay más de 30 diputados electos por el voto popular que se encuentran en el exilio por la persecución del régimen. Además, han asesinado a 273 venezolanos por defender los principios de libertad y democracia.
El sistema de justicia que acompaña al régimen no está a favor de los ciudadanos sino de los más poderosos. Hay que tomar medidas legales oportunas y preventivas que reviertan la situación y vuelvan a garantizar los valores democráticos. Como legisladores tenemos la capacidad y responsabilidad de liderar e influir en nuestros colegas y ciudadanos para evitar tragedias como las que vive Venezuela. Diputado Armando Armas
Presidente del Grupo Nacional de PGA en Venezuela
Diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela,
Circuito 4 del Estado de Anzoátegui.
A pesar de que Hugo Chávez llegó al poder de manera democrática bajo la estela del famoso “Caracazo”, poco a poco fue asentando las bases para el establecimiento de sistema de gobierno dictatorial que ha deslegitimizado los principios y valores de la democracia y el Estado de Derecho. Tanto el expresidente Chávez como Maduro, han encontrado la forma de eliminar la independencia de los poderes del Estado.
El poder judicial en Venezuela se ha rendido a su autoritarismo; el poder de la oposición ha sido neutralizado a lo largo de los últimos años; la libertad de prensa y de expresión se han visto restringidas; y las fuentes económicas productivas, en un país que goza de una gran riqueza de recursos naturales, se han ido destruyendo poco a poco. Además, la pandemia del COVID-19 ha agravado considerablemente la emergencia sanitaria preexistente como consecuencia de la falta de acceso a medicamentos básicos y a agua potable y ha favorecido de igual forma una mayor concentración del poder en la rama ejecutiva del Estado.
Bajo estas circunstancias tan apremiantes, PGA advierte de la importancia de reestablecer el orden democrático y de robustecer las diferentes instituciones y poderes del Estado con el fin de que se respeten y garanticen los principios más fundamentales del Estado de Derecho. Debe haber una clara separación de poderes para garantizar que las diferentes instituciones puedan funcionar correctamente de manera que los derechos y libertades de los ciudadanos y parlamentarios estén siempre protegidos. Así mismo, PGA considera que es de vital importancia que se facilite la diversidad política, pues esta puede suponer mayor riqueza de conocimiento, mayor representación ciudadana y mayor posibilidad de recoger las ideologías políticas de toda la población. Es preciso, por lo tanto, que se sancionen adecuadamente los ataques hacia la democracia y hacia los legisladores, ya que son ellos la expresión máxima de la voluntad del pueblo.
