La Grave Negligencia Contra La Población Indígena De Brasil Durante La Pandemia Del Covid-19 Puede Constituir Un GenocidioTipo de Amenza:
Ataques al Poder Legislativo
Violaciones al Debido Proceso/Juicios Justos
Discursos de Odio
Cierre del Espacio Público
Ataques a Grupos Marginados
Persecución de MPs/HRDs
Campaña de Desinformación
Limitaciones al Discurso/Prensa
Debilitamento del Poder Judicial
Problemática
En mayo de 2020, los Consejos tradicionales del Pueblo Guaraní y Kaiowá, Aty Guasu (Asamblea General del Pueblo Guaraní y Kaiowá), Kuñangue Aty Guasu (Gran Asamblea de Mujeres Guaraní y Kaiowá), RAJ (Movimiento Juvenil Guaraní y Kaiowá),Aty Jeroky Guasu (Asamblea General de Chamanes Guarani & Kaiowá), emitieron un comunicado de solidaridad ante una situación que amenaza la supervivencia de su pueblo. A pesar de esta petición de supervivencia, alrededor de 1,000 trabajadores de la Secretaria Especial de Salud Indígena (SESAI) del Ministerio de Salud, han dado positivo por coronavirus.
Dado que el colectivo de trabajadores del sector sanitario carece de acceso a las pruebas del COVID-19 y a un equipo de protección adecuado, han puesto en peligro a estas comunidades indígenas que de por sí ya eran vulnerables. El 5 de junio, un informe emitido por la oficina del Fiscal General federal, acusó a un equipo de trabajadores de la salud de “negligencia flagrante” y denunció la probabilidad de que enfermeras y técnicos hayan propagado el virus entre las poblaciones indígenas. Dicho informe, también acusó a otro equipo de “absoluta indiferencia por el riesgo epidemiológico”, ya que, para atender a las tribus de Korubo, ingresaron por el lado noreste de la reserva Javari sin cumplir con los protocolos correspondientes. Además, el informe mencionaba el “deterioro ostensible” de la capacidad de FUNAI (organismo encargado de defender los límites de las tierras indígenas de Brasil) para hacer cumplir las leyes.
Los protocolos actuales descritos en los planes de contingencia del SESAI contra el COVID-19, no se ajustan a las pautas y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En consecuencia, muchos de los procesos adoptados terminan siendo inadecuados, violando así numerosos instrumentos legales nacionales e internacionales como la Constitución de 1988, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Algunos comentaristas han calificado dicha actuación negligente por parte del gobierno brasileño como genocida. De hecho, el 8 de julio, el Presidente Jair Bolsonaro vetó ciertas partes de un proyecto de ley de emergencia que garantizaría a las comunidades indígenas el acceso a agua potable, distribución gratuita de productos de higiene, así como materiales de limpieza y desinfección. Además, frenó una propuesta que aseguraría fondos obligatorios de emergencia para la atención de la salud de los pueblos indígenas argumentando que la ley supondría gastos que tendrán “un impacto en el presupuesto”.
Los trabajadores de la salud del gobierno no son el único vector de infección en los territorios indígenas protegidos. La minería ilegal en estas zonas también está siendo una de las máximas responsables de propagar el nuevo coronavirus. Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, “[l]as tasas de deforestación en la Amazonía brasileña aumentaron casi un 60 por ciento con respecto al año pasado, […] con los esfuerzos de aplicación paralizados por el confinamiento y los edictos oficiales que hacen recortes en las medidas para proteger el medio ambiente y las poblaciones indígenas”. Varios activistas de derechos humanos han expresado su preocupación por el aumento de la minería ilegal y la tala de árboles en tierras indígenas desde que el Presidente Bolsonaro llegó al poder.
El 5 de agosto, la Corte Suprema de Brasil confirmó una decisión anterior adoptada el 8 de julio que establecía que el gobierno de Bolsonaro debía adoptar y hacer cumplir todas las medidas necesarias para detener la propagación del coronavirus en las comunidades indígenas. Sin embargo, la decisión no abordó la principal demanda de los grupos indígenas que pretendía establecer un plazo para que los mineros, constructores y militares abandonasen los territorios indígenas. El mismo día, un destacado líder indígena, el jefe Aritana Yawalapiti del territorio del Alto Xingu, murió a causa del virus. El jefe Yawalapiti fue remitido al hospital en julio mientras padecía de problemas respiratorios severos. Cada vez que muere un líder indígena, es una pérdida devastadora para la comunidad entera ya que son historias vivas de su cultura. Según Tiago Moreira dos Santos, antropólogo del Instituto Socioambiental, “ellos son las enciclopedias vivientes que conservan la cosmovisión de estas poblaciones”.
Los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas deben respetarse en todo el mundo, especialmente en Brasil, donde el gobierno está implementando intencionalmente políticas que van en detrimento de su integridad física y psicológica. Las comunidades indígenas son las guardianas de la región con mayor biodiversidad y selva tropical más grande del planeta tierra y si queremos un futuro mejor, debemos proteger a los pueblos indígenas y sus derechos fundamentales. La Unión Europea tiene un papel fundamental a desempeñar en este esfuerzo, asegurándose de que sus acuerdos comerciales incluyan cláusulas sobre el respeto a la sostenibilidad, los derechos humanos y las normas medioambientales internacionalesSra. Petra Bayr, MP (Austria)
Miembro del Comité Ejecutivo de PGA
Presidenta del Comité sobre Igualdad y No Discriminación, Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
Contexto
Si bien la mayoría de los países de todo el mundo impusieron medidas de confinamiento a principios de 2020, el Presidente Bolsonaro ha criticado las medidas de cuarentena y ha instado a las personas a volver al trabajo. Las medidas de distanciamiento social son percibidas por el Ejecutivo como una amenaza para la economía, lo que a su vez conduciría a “miseria, hambre y caos”. A pesar del llamado del Presidente a continuar con la normalidad, los gobernadores estatales y los alcaldes de las ciudades han seguido las recomendaciones de salud y seguridad pública emitidas por la OMS, incluyendo toques de queda y cuarentenas. Ante dichas actuaciones, el Presidente catalogó a los gobernadores de los estados que emitieron bloqueos como “asesinos de empleos”.
El señor Joao Doria, gobernador del Estado de Sao Paulo, dijo que “[a]quí no hay liderazgo. El Presidente Jair Bolsonaro no está liderando Brasil en un momento tan serio y difícil” y está “actuando como un capitán del ejército que no tiene conocimientos, no tiene experiencia científica en salud pública que trabaja sobre supuestos y deseos personales en un tema muy serio porque tiene que ver con la vida de las personas”. También explicó que “ningún gobernador aceptará la recomendación del Presidente Jair Bolsonaro de no aislar o interrumpir el confinamiento.
Todos los gobernadores entienden que las medidas son necesarias y que la crisis del coronavirus es seria”. En definitiva, desde su ceremonia de juramento el 1 de enero de 2019, el Presidente Bolsonaro ha adoptado una retórica populista de extrema derecha que se ha basado en una campaña de desinformación, especialmente sobre el COVID-19, y que desafortunadamente ha tenido consecuencias dramáticas para todo país. Entre las múltiples decisiones polémicas que ha tomado, Bolsonaro recientemente respaldó el uso de la hidroxicloroquina como una cura para el COVID-19, a pesar de que la comunidad científica rechazó su uso y advirtió sobre los riesgos asociados con el medicamento. Los repetidos mensajes positivos del Presidente sobre el uso de este medicamento, han generado consecuencias graves para los profesionales de la salud en Brasil. En una encuesta realizada por la Asociación Médica de São Paulo, que cuenta con aproximadamente 2,000 profesionales de la salud, se encontró que casi el 50% de ellos han sido presionados por pacientes o familiares de COVID-19 para recetar este tratamiento. La Sociedad Brasileña de Enfermedades Infecciosas, de igual forma, se opuso públicamente al uso de cloroquina y, según los informes, su director recibió amenazas de muerte.
Estados Unidos ha donado dos millones de dosis de hidroxicloroquina a Brasil, que en su gran mayoría no han llegado a ser distribuidos. El presidente Bolsonaro y sus aliados han sido objeto de escrutinio por desinformación. En mayo, un juez ordenó a Facebook y a Twitter bloquear 12 cuentas de los aliados de Bolsonaro, acusando a los grupos de difundir noticias falsas contra los jueces. A finales de julio, la Corte Suprema de Brasil multó a Facebook con 1,92 millones de reales (368.000 dólares) por negarse a bloquear el acceso mundial a las cuentas en disputa. No obstante, Facebook solo acordó bloquear el acceso a las cuentas en Brasil. La Corte Suprema, además, multó a Facebook con 100.000 reales diarios de no adoptarse las medidas proferidas por la misma.
En las últimas elecciones presidenciales de 2018, el entonces candidato presidencial Bolsonaro se vio empañado en un escándalo en el que se enviaron mensajes masivos a través de WhatsApp difundiendo contenido falso con el objetivo de atacar a sus oponentes. El propio Tribunal Supremo Electoral también fue blanco de falsa información y reconoció la dificultad para lidiar con la abrumadora ola de noticias engañosas que circulaban en el país. Las campañas de desinformación llevadas a cabo en los más altos niveles del Estado brasileño han socavado las instituciones y los principios democráticos, y así mismo, han debilitado el respeto de los derechos civiles y políticos.
En un intento por abordar la difusión de información falsa, el 13 de mayo de 2020 se presentó en el Senado un proyecto de ley 2630/2020 sobre “noticias falsas”. A fines de junio, la Cámara Alta de Brasil aprobó la “Ley de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet de Brasil”. Las disposiciones contenidas en dicha ley desafortunadamente son difusas, amplias y peligrosas ya que permiten, entre otras cosas, infringir la libertad de expresión y la privacidad de los ciudadanos. Actualmente, el proyecto de ley ha sido enviado a la Cámara Baja del Congreso para su posterior revisión y aprobación.
PERSPECTIVA DE PGA
Los países de todo el mundo están luchando por contener con la pandemia del COVID-19 y los efectos devastadores que ha causado en la salud, la economía y el entramado social. Ahora, más que nunca, es fundamental fortalecer las instituciones democráticas en una coyuntura histórica tan delicada como la que afrontamos actualmente.
Después de la dictadura militar en Brasil de 1964 a 1985, la nueva Constitución del país se convirtió en Ley en 1989, estableciendo la República Federativa de Brasil. Desde entonces, los brasileños han disfrutado de una democracia plena. En 2002, la elección de Lula da Silva fue percibida por muchos observadores como la culminación del retorno a la democracia en el país. Brasil estaba lleno de promesas, hasta que los escándalos de corrupción empañaron la presidencia y los mandatos de los altos funcionarios del gobierno. Una tormenta perfecta provocó no sólo una crisis de confianza en las instituciones democráticas, sino también una profunda insatisfacción de los brasileños en su gobierno, entre otras cosas, por la recesión económica y el rápido aumento de la tasa de criminalidad. En consecuencia, se produjo un cambio radical en 2018 cuando, el hijo populista de militares y capitán retirado del Ejército, quien abiertamente dijo que la dictadura militar fue un buen periodo para Brasil, fue elegido como el 38° presidente de Brasil. Desde el inicio de su campaña por la presidencia, Bolsonaro demostró desprecio por los principios democráticos fundamentales como la soberanía popular, la separación de poderes, los principios de control y equilibrio, el respeto por los derechos humanos y el estado de derecho.
Igualmente, la crisis de salud causada por el COVID-19 reveló y afianzó aún más las desigualdades sociales y, poblaciones vulnerables como las comunidades indígenas, se han visto expuestas a una mayor tasa de mortalidad como consecuencia del virus.
Con la pandemia del COVID-19, el gobierno brasileño ha debilitado los sistemas de protección de la selva amazónica y de las comunidades indígenas. Bolsonaro se ha proclamado un escéptico del cambio climático, motivo por el cual ha sido objeto de muchas críticas por parte de la sociedad civil y activistas ambientales. En este sentido, PGA insta al gobierno brasileño a defender por igual los derechos humanos fundamentales de sus ciudadanos, incluidas las poblaciones vulnerables, de acuerdo con sus leyes nacionales y convenciones internacionales de las que Brasil forma parte. El retroceso democrático en Brasil se ilustra en la concentración de poder en manos del presidente Bolsonaro “con continuos ataques al poder judicial y llamadas a cerrar el Congreso. [...] Aunque cada vez más aislados políticamente, el presidente y sus tres hijos mayores, todos políticos, siguen disfrutando de un sólido apoyo del 30% de la población brasileña”.
PGA cree en la separación de poderes y el estado de derecho como piedras angulares de las democracias liberales. Todos tenemos un papel que desempeñar para garantizar que nuestros países no caigan en la trampa del autoritarismo. Los gobiernos deben trabajar juntos para superar los desafíos actuales y las secuelas del COVID-19. “La cooperación transfronteriza es la clave para proteger los bienes públicos mundiales”.
