Quito/La Haya/New York, 24 de octubre de 2020

Para conmemorar el 18º Día International contra la Pena de Muerte, el Grupo Nacional de PGA, junto con el Grupo Parlamentario de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional del Ecuador, organizaron un seminario virtual sobre “La Pena de Muerte en las Américas: ¿Un Problema del Pasado?.

El evento, moderado por la Presidenta del Grupo Nacional de PGA en el Ecuador, la Asambleísta Soledad Buendía, tuvo como objetivo principal debatir sobre el estado de la pena de muerte en la región y cómo promover su abolición o moratoria considerado los avances positivos que se han logrado a lo largo de los últimos años. En sus palabras de bienvenida, la Asambleísta Doris Solis, Presidenta del Grupo Parlamentario de Derechos Humanos, subrayó que el hecho de que la pena de muerte no exista en la región de América del Sur, no significa que no pueda volver. Por lo que hay que seguir atentos al tema y apoyar a los mecanismos para la prevención y lucha contra la pena de muerte.

La participación de dos expertos en la materia, el Sr. Kevin Miguel Rivera, Presidente de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, y la Sra. Asunta Vivó Cavaller, Directora Ejecutiva de la Comisión International contra la Pena de Muerte., tuvieron la oportunidad de conversar con legisladores de la Asamblea Nacional del Ecuador y algunos miembros de la sociedad civil.

Tras ofrecer un análisis detallado sobre el progreso que se ha venido consiguiendo desde una perspectiva global, el Sr. Rivera destacó que la tendencia en la región se dirige hacia la total abolición de la pena de muerte. Un claro ejemplo de este avance ha sido Barbados, quien en el 2019 eliminó de su constitución la pena de muerte obligatoria. No obstante, el Presidente de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte resaltó que, a pesar de los grandes avances que se han conseguido en la región, por onceava vez consecutiva, Estados Unidos ha sido el único país que actualmente lleva a cabo ejecuciones. Ante esto, el Sr. Rivera afirmó que:

Las cifras en Estados Unidos son preocupantes, pues lo sitúan como uno de los países en el mundo y en las Américas con más personas en el corredor de la muerte y personas ejecutadas. Por lo general, tal y como lo reflejan las cifras, la mayoría de las personas pertenecen a grupos vulnerables, esto es, negros, pobres, marginales, o provenientes de otros países. De hecho, el 15% de las personas en el corredor de la muerte en Estados Unidos son latinoamericanos, lo que denota de por sí un alto grado de racismo.

Adicionalmente, el Sr. Rivera destacó que, aunque la región mantiene una tendencia generalizada hacia la abolición, los países caribeños han tenido un rol crítico en cuanto han formado coaliciones que en repetidas ocasiones han votado en contra del llamamiento de Naciones Unidas para establecer una moratoria del uso de la pena de muerte. Si bien esto se ha mantenido por un largo tiempo, es importante destacar que ciertos países en el Caribe están cambiando la narrativa. Por ejemplo, Dominica votó por primera vez a favor de esta resolución de la Asamblea General y Antigua y Barbuda pasó de oponerse a abstenerse.

La Sra. Cavaller resaltó que Ecuador es un claro ejemplo de un país en las Américas que ha evolucionado positivamente hacia la abolición de la pena de muerte, siendo un pionero en esta materia. Así mismo, hizo especial énfasis en la importancia de ratificar instrumentos internacionales como el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles de 1989 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los dos ratificados por el Ecuador. Al respecto, la Directora Ejecutiva de la Comisión comentó que:

A pesar de que bajo el derecho internacional la pena de muerte no esté prohibida, existen instrumentos internacionales que restringen su uso. Ratificando estos instrumentos regionales e internacionales, adoptando las acciones judiciales estratégicas, reduciendo los crímenes que conllevan a la pena de muerte, así como promoviendo cambios legislativos pertinentes, es la manera como poco a poco se ha venido logrando reducir la pena de muerte en el mundo y en la región.

Finalmente, los panelistas concluyeron que, para continuar en este camino hacia la abolición de la pena de muerte en las Américas, la región debe realizar compromisos generales que influyan a su vez a otros países a unirse a este movimiento. Tanto el Sr. Rivera como la Sra. Cavaller, expresaron que los parlamentos son determinantes para eliminar esta pena que resulta inhumana y degradante y que atenta contra el derecho más fundamental, que es el derecho a la vida.

Por ello, alentaron a que los legisladores, en cooperación con las organizaciones de la sociedad civil, no sólo promuevan la redacción de leyes que eliminen esta práctica, sino que también mantengan conversaciones con homólogos e instituciones en otros países con el fin de fomentar la necesaria voluntad política para su abolición y promover un mayor apoyo a la resolución de Naciones Unidas que pide una moratoria de las ejecuciones. Tal como lo matizó el Secretario General de PGA, el Dr. David Donat Cattin, durante el evento:

Ha sido gracias al liderazgo político y propuestas de los parlamentarios que PGA empezó a tomar una posición más determinante al respecto. En el 2013, PGA lanzó su campaña para la abolición de la pena de muerte con el objetivo de garantizar el respeto del derecho a la vida y promover sistemas de justicia que estén basado en el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos