Del 19 al 20 de noviembre de 2020, Parlamentarios para la Acción Global (PGA, por sus siglas en inglés), junto al Grupo Nacional de PGA en los Países Bajos, celebraron la 11ª Asamblea Consultiva de Parlamentarios sobre la Corte Penal Internacional y el Estado de Derecho (CAP-ICC). Dadas las circunstancias actuales que han llevado a una emergencia sanitaria global que imposibilita la organización de reuniones presenciales, por primera vez en la historia de PGA la Asamblea Consultiva se llevó a cabo virtualmente.
Entre los 148 participantes al evento, PGA destaca la asistencia de 85 miembros del Parlamento de 41 regiones de todo el mundo, incluyendo: el Sr. Jan Anthonie Bruijn, presidente del Senado de los Países Bajos, el senador Boris Dittrich, presidente del grupo nacional de PGA en los Países Bajos. Igualmente, la Asamblea contó con la participación de funcionarios de la CPI, como el Excmo. Sr. Juez Chile Eboe-Osuji, presidente de la CPI, el Excmo. Sr. O-Gon Kwon, presidente de la Asamblea de los Estados Parte (AEP), y el Sr. James Stewart, Fiscal Adjunto de la CPI; representantes estatales como el Emb. Paul van den Ijssel, representante permanente de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y la Corte Penal Internacional (CPI), así como miembros de organizaciones internacionales, de la sociedad civil y expertos en el área.
La conferencia internacional que se celebró durante dos días, permitió a los panelistas y al público no sólo discutir sobre aspectos fundamentales del sistema del Estatuto de Roma, como la complementariedad y la cooperación, sino también debatir sobre el futuro de la CPI dado que el 2020 es un año de vital importancia para la composición y gobernanza de la Corte. Uno de los múltiples aspectos que se destacaron del evento, fue la intervención de la Diputada Beatrice Epaye de la República Centroafricana, presidenta del Comité de Asuntos Exteriores y miembro de la Junta Directiva de PGA, que versó sobre el impacto positivo que la CPI ha tenido en el fortalecimiento del Estado de derecho en el país aún cuando está atravesando una grave crisis política y de seguridad. El Sr. Amady Ba, jefe de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía, describió la importante labor que ha desempeñado la Corte en la República Centroafricana y Sudán, que actualmente se encuentran en una coyuntura política transitoria. El Sr. Salih Mahmoud Osman, miembro del Comité Legislativo Parlamentario, de otro lado, explicó cómo se produjo la transición después de la dictadura del expresidente Al-Bashir. A pesar de la fragilidad del aparato judicial en ambos países, se ha avanzado en materia de rendición de cuentas y la creación de capacidad a nivel nacional, gracias a la cooperación de la Corte.
Como es tradición de PGA, tras finalizar el evento, los miembros del Parlamento presentes adoptaron una serie de puntos comunes reflejados en el Plan de Acción, a través del cual se comprometieron a promover la universalidad y eficacia del sistema del Estatuto de Roma de la CPI en sus respectivas jurisdicciones.
La CAP-ICC, es la única reunión mundial de líderes políticos centrada específicamente en la justicia internacional y el Estado de derecho. Desde el 2002, la celebración de esta Asamblea ha representado una gran oportunidad para que los legisladores de todo el mundo debatan y desarrollen estrategias para reforzar la justicia penal a nivel nacional e internacional, y para prevenir la comisión de delitos internacionales a la vez que se promueven los derechos de las víctimas y los acusados. Las deliberaciones que se han llevado a cabo en el pasado, han informado e inspirado iniciativas clave de cientos de legisladores sobre cuestiones de justicia y derechos humanos. Esto se ve reflejado en logros conseguidos por los miembros de PGA que han contribuido a 78 ratificaciones del Estatuto de Roma y han desempeñado un papel fundamental en el proceso de elaboración de leyes para implementar el Estatuto en los ordenamientos jurídicos internos de 37 Estados.
Mientras el mundo se enfrenta a sociedades cada vez más divididas y frágiles, impactadas a su vez por conflictos armados, el “desastre natural” causado por la nueva pandemia del coronavirus ha exacerbado las desigualdades y la comisión de graves violaciones de derechos humanos y crímenes atroces. El uso sin precedentes de las llamadas “sanciones” por parte del gobierno de los Estados Unidos contra funcionarios de la CPI, ha constituido un serio ataque contra la independencia judicial de la Corte. Tales medidas, atrajeron reacciones positivas no sólo de los Estados miembros de la Corte sino también de otras partes interesadas dentro de los EE. UU. De hecho, el congresista estadounidense James P. McGovern, copresidente de la Comisión de Derechos Humanos de Tom Lantos y miembro de PGA, brindó una descripción general sobre la política estadounidense hacia la CPI en los últimos años y explicó igualmente, cómo la próxima administración puede revertir las acciones tomadas por el presidente Trump. El congresista McGovern, a través de sus contundentes comentarios, recordó a la audiencia que rendir cuentas por la comisión de crímenes internacionales y brindar justicia a las víctimas de dichos crímenes no debe ser un tema partidista.
Hoy, en un momento en el que la democracia, la paz, la justicia y el Estado de derecho están bajo presión desde múltiples frentes, la Corte Penal Internacional es más necesaria que nunca para promover la protección de los derechos humanos y prevenir futuras atrocidades. La CPI, representa por lo tanto parte de un sistema global, junto con otros mecanismos regionales y tribunales nacionales, que tiene como objetivo responsabilizar a los perpetradores de estos crímenes y defender la justicia internacional y el Estado de derecho. Este sistema global no es perfecto, pero se puede mejorar. Al respecto, el juez Richard Goldstone, presidente del Grupo de Expertos Independientes de la CPI, se refirió precisamente a algunos de los desafíos que enfrenta la Corte. Por otro lado, la Sra. Petra Bayr, Diputada de Austria, hizo un análisis más detallado respecto a las recomendaciones que los legisladores deberían adoptar a nivel nacional para que, en los esfuerzos para reformar la Corte, sus respectivos gobiernos participen respetando la independencia de la misma. El Emb. Christian Wenaweser, Representante Permanente de Liechtenstein ante la ONU, mencionó algunos de los desafíos que conlleva la comunicación entre la Corte y la Asamblea de los Estados Parte y argumentó que, sólo a través del diálogo y el respeto a la competencia e independencia de los órganos de la CPI, se podrá avanzar hacia los cambios deseados.
Las comunidades vulnerables de todo el mundo se han visto también afectadas por la pandemia que ha acarreado a su vez graves consecuencias a nivel de los delitos de violencia de género. Estos crímenes, que en muchas ocasiones se utilizan como herramientas de guerra, es el motivo por el que la Fiscalía de la CPI ha elaborado políticas específicas en esta materia. Así como lo explicó la profesora Patricia Viseur Sellers, asesora especial y experta en género de la Fiscalía de la Corte, “tener un modo de responsabilidad específico que criminalice a los perpetradores de violencia sexual y de género, es tan importante como los delitos subyacentes que acompañan dicho crimen”. Además, insistió en que ese tipo de violencia tiene que ver en parte con la cultura y la sociedad. Por su parte, la Sra. Shandana Gulzar, parlamentaria de Pakistán y presidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias de la Commonwealth, enfatizó que, si bien se alienta a las mujeres y las niñas a hablar sobre este tema, los hombres, en especial los niños, tienen prohibido hacerlo. Una cultura de impunidad solo fomenta un terreno fértil para la comisión de más atrocidades.
El sistema del Estatuto de Roma, en este sentido, juega un papel importante al funcionar como un mecanismo de prevención. Lo que hace que las atrocidades sean indescriptibles no son solo los crímenes en sí, sino que estos también pueden ser evitables. El profesor Irwin Cotler, presidente del Centro Raoul Wallenberg de Derechos Humanos, en una enérgica súplica, animó a todos los participantes a actuar conjuntamente para hacer realidad el principio de “nunca más” (never again). El Sr. Fabio Massimo Castaldo, eurodiputado de Italia, vicepresidente del Parlamento Europeo y miembro de PGA, recordó a la audiencia que, con los crímenes de guerra y otras atrocidades masivas no reportadas, la violencia y la corrupción seguirán prevaleciendo, lo que termina socavando a su vez la justicia y la paz internacional.
A pesar de los desafíos que enfrenta la Corte y el sistema del Estatuto de Roma, la búsqueda de justicia para los crímenes más atroces debe continuar. La 11ª CAP-ICC, por lo tanto, sirvió como un foro para discutir dichos obstáculos y las nuevas oportunidades para lograr, a través del Estatuto de Roma, un sistema de justicia universal. Como se comentó previamente, el 2020 será un año crucial para la CPI puesto que la Asamblea de los Estados Parte elegirá a un/a nuevo/a Fiscal, seis nuevos/as jueces y seguirá considerando las recomendaciones contenidas en el informe elaborado por el Grupo de Expertos Independientes (disponible sólo en inglés).
PGA quiere destacar que los Parlamentarios necesitan el apoyo de sus pares para no sólo compartir estrategias que fortalezcan colectivamente las instituciones democráticas, sino también para coordinar respuestas efectivas nacionales, regionales e internacionales ante las serias violaciones de derechos humanos. Los Estados Parte, las organizaciones de la sociedad civil y todos aquellos involucrados en la preservación de esta noble causa deben unirse para reiterar su compromiso de defender los principios y valores consagrados en el Estatuto de Roma y mantener su integridad ante cualquier amenaza contra la Corte y sus funcionarios. La visión de la CAP-ICC, que consiste en crear y mantener una circunscripción parlamentaria global para el sistema del Estatuto de Roma, es compartida y se hace posible gracias al apoyo del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos de la Unión Europea (UE), a los gobiernos de los Países Bajos, Suiza, Liechtenstein, y a la Fundación OAK. Así mismo, PGA recibe un apoyo fundamental de la Fundación Stewart R. Mott, de SIDA (Suecia) y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca.
