Más de 80 organizaciones de la sociedad civil, redes, grupos de reflexión e instituciones, así como numerosas personas de todo el mundo, unidas por su compromiso con los derechos humanos y la democracia, han firmado una declaración en la que piden a las Naciones Unidas que nombre un Relator Especial sobre la Democracia.
Según este documento, publicado el 20 de noviembre de 2023 y aprobado por Parlamentarios para la Acción Global (PGA, por su sigla en inglés), “la democracia está amenazada y el autoritarismo va en aumento". En esta situación, la ONU "debe hacer más para reforzar los derechos humanos y la democracia". El nuevo puesto de relator sería creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y "se encargaría de investigar el estado de la democracia en el mundo".
"Las amenazas a los principios e instituciones democráticos son un problema mundial. La creación de un Relator Especial de la ONU sobre la Democracia apoyará nuestro trabajo legislativo, en particular en el desarrollo de leyes y políticas con base empírica que promuevan la integridad en el discurso político, la transparencia en el gobierno y la protección de los derechos humanos", dijo el Hon. Naveed Qamar, miembro del Parlamento pakistaní y Presidente de Parlamentarios para la Acción Global (PGA).
La declaración subraya que el nuevo mandato puede basarse en las resoluciones de las Naciones Unidas que identifican y apoyan los principios democráticos. Entre ellos figura el "principio democrático fundamental" de que "el poder público debe emanar de la voluntad del pueblo", expresado en el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Los relatores especiales de la ONU desempeñan un papel crucial a la hora de garantizar que se respetan las obligaciones en materia de derechos humanos desde una perspectiva temática o de país. No remunerados e independientes, no representan a ningún Estado, región o grupo partidista. Sus funciones incluyen llevar a cabo misiones de investigación y examinar quejas individuales y colectivas sobre violaciones de los derechos humanos. En función del mandato, puede haber grupos de trabajo. El primer grupo de trabajo se creó en 1980 y el primer mandato de relator especial en 1982. Actualmente existen 45 mandatos temáticos y 13 mandatos por país.
Según el documento, el Relator Especial de la ONU sobre la Democracia, asistido por una junta consultiva independiente, "examinará los retos y oportunidades relacionados con la consecución de la democracia". Esto incluiría examinar "los acuerdos constitucionales e institucionales, como los controles y equilibrios, los parlamentos eficaces, las elecciones libres, justas y competitivas y el entorno electoral, la participación política, incluida la de las minorías y las mujeres, los mecanismos directos y deliberativos, así como el espacio cívico y las libertades".
El nuevo mandato "iría más allá y complementaría" los mandatos existentes del Consejo de Derechos Humanos. La declaración pide a "todos los gobiernos comprometidos con la democracia" que apoyen su establecimiento.
Este llamamiento conjunto se lanza en vísperas del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tendrá lugar el 10 de diciembre de 2023. Se invita a organizaciones, responsables políticos y particulares con ideas afines a firmar la declaración de apoyo.
Muchos grupos han apoyado esta iniciativa, entre ellos: ASEAN Parliamentarians for Human Rights, Asia Democracy Network, Citizens for Global Solutions, CIVICUS : World Alliance for Citizen Participation, Counterpart International, Democracy International, Democracia sin Fronteras, European Partnership for Democracy, Forum 2000, Integrity Initiatives International, Open Society Foundations, PEN America, Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia, Society for Threatened Peoples, The Carter Center, The May 18 Foundation y Varieties of Democracy (V-Dem)].
Además de los representantes de las organizaciones firmantes, la lista de apoyos iniciales incluye a más de 100 personas de 70 países, entre ellos numerosos activistas de los derechos humanos y la democracia y académicos, así como más de 25 parlamentarios de todo el mundo.
A título individual, Thomas Garrett, Secretario General de la Comunidad de Democracias, y Kevin Casas-Zamora, Secretario General del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), han manifestado su apoyo a la declaración. Sus organizaciones son intergubernamentales y cuentan con 30 y 34 Estados miembros respectivamente, algunos de los cuales son actualmente miembros del Consejo de Derechos Humanos. Ambas organizaciones trabajan en estrecha colaboración con la sociedad civil.
