Tegucigalpa/ Nueva York, 19 de octubre de 2019
En el marco de su Campaña del Estatuto de Roma, Parlamentarios para la Acción Global (PGA) convocó a un Seminario parlamentario subregional sobre la universalidad y la implementación del Estatuto de Roma: una herramienta fundamental para fortalecer el Estado de Derecho y el desarrollo sostenible en sociedades inclusivas y pacíficas. Este seminario fue organizado por el Congreso Nacional de Honduras los días 18 y 19 de octubre de 2018, en la ciudad capital de Tegucigalpa.
Este evento es una continuidad de los seminarios y talleres parlamentarios organizados por PGA en Montevideo, Uruguay. Consideramos que un enfoque especial en América Central sobre la universalidad y la implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) fue un paso importante para superar los obstáculos políticos y legales específicos de cada país o subregión.
El seminario tuvo como objetivo proporcionar a los legisladores y legisladoras y otras partes interesadas relevantes de América Latina un foro para discutir y reflexionar sobre el papel de la justicia internacional en la promoción del desarrollo sostenible y la paz. Los participantes también intercambiaron puntos de vista sobre el avance de la implementación de las disposiciones del Estatuto de Roma en sus órdenes legales nacionales, los desafíos pendientes para completar dicha implementación y las diferentes vías regionales de justicia disponibles para las víctimas de delitos internacionales, incluyendo los delitos cometidos antes de la entrada en vigor del Estatuto de la CPI.
Este año es importante para la justicia internacional, ya que el 17 de julio de 2018 marcó el vigésimo aniversario del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI. Es una oportunidad histórica para reflexionar sobre el progreso realizado, así como los desafíos que quedan por delante. El Estatuto de Roma es un sistema de rendición de cuentas basado en los principios de complementariedad y cooperación. La aplicación de las disposiciones del Estatuto en los ordenamientos jurídicos nacionales refuerza el estado de derecho interno, la protección de los derechos humanos fundamentales de las poblaciones civiles y la integridad de los territorios.
En la sesión de apertura, la Dip. Carla Pitiot, miembro de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados argentina y miembro de la Junta de PGA, recordó a la distinguida audiencia que la CPI es un instrumento esencial para acabar con la impunidad de los delitos más graves de interés internacional, a saber, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el genocidio y el crimen de agresión. PGA y sus miembros se mantienen firmes en apoyo de los estándares y principios generales del derecho en el Estatuto a pesar de los recientes ataques a su integridad. La Dip. Gladis Aurora López Calderón, Vicepresidenta del Congreso Nacional de la República de Honduras, dio la bienvenida a los participantes y reiteró el compromiso de su país con el consolidamiento del marco institucional nacional que aseguraría el progreso social. Dicho fortalecimiento del marco normativo no se puede lograr sin contar con normas legales adecuadas y modernas.
El primer día del Seminario dio lugar la conmemoración del vigésimo aniversario del Estatuto de Roma de la CPI al recordar que las víctimas de crímenes internacionales se encuentran en el centro del sistema del Estatuto de Roma. Este sistema de rendición de cuentas por crímenes internacionales se complementa con otros mecanismos que abordan violaciones graves de los derechos humanos.
En este sentido, el Sr. Roberto Herrera Cáceres, Ombudsman del Comisionado Nacional para los Derechos Humanos (CONADEH) ofreció una visión general de los diferentes mecanismos regionales de justicia, incluyendo el del sistema interamericano de derechos humanos. El Sr. Cáceres explicó el mandato del CONADEH, una institución del Estado hondureño que garantiza el respeto y la promoción de la dignidad humana de todos los habitantes y migrantes, asegurándoles la protección adecuada de sus derechos humanos y libertades fundamentales. La CPI y los tribunales nacionales son complementarios en un sistema de justicia global.
De hecho, la Sra. Michelle Reyes, Coordinadora Regional para las Américas de la Coalición por la CPI, enfatizó que este aniversario fue una oportunidad para que todas las partes interesadas relevantes renovaran su compromiso con los valores inherentes a las disposiciones del Estatuto de Roma. La región de América Latina ha avanzado mucho en la implementación del Estatuto en los ordenamientos legales nacionales, pero los Estados deberían hacer más para promover esta implementación y promover el sistema del Estatuto de Roma. Las enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma sobre crímenes de guerra y el crimen de agresión deben ser ratificadas por los Estados para rendir cuentas sobre los crímenes internacionales. El Sr. Daniel Cahen, miembro del Departamento Jurídico de la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en México, habló específicamente sobre los crímenes de guerra y las ventajas de que los Estados los ratifiquen y apliquen, mientras que la Sra. Melissa Verpile, Oficial Jurídica del Programa de Derecho Internacional y Derechos Humanos de PGA, explicó los elementos constitutivos del crimen de agresión, su régimen jurisdiccional a la luz de la activación de la competencia de la CPI sobre este crimen y las razones por las que los Estados deberían ratificarlo.
El Dr. Felipe Michelini, miembro de la Junta Directiva del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas de la CPI, reiteró en su intervención un aspecto central del sistema del Estatuto de Roma: el régimen de reparación de las víctimas de delitos internacionales. Todavía hay mucho por hacer. La globalización permite el uso del Estatuto de Roma cuando la prevención nacional y las respuestas punitivas no funcionan en el caso de delitos aberrantes, basados en el principio de complementariedad, para que no haya impunidad. También es un instrumento para reivindicar a las víctimas de estos eventos tan graves. En resumen, la diferencia entre civilización y barbarie en el continente latinoamericano es el principio de "Nunca más".
Desde una perspectiva nacional, el Senador Iván Cepeda, miembro de la Segunda Comisión de Constitución del Parlamento colombiano, dio testimonio sobre la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia. El conflicto armado del país que duró más de medio siglo ha dejado a casi diez millones de víctimas, entre ellas muertos, desplazados, desaparecidos y secuestrados. La duración del conflicto, la repetición constante de los ciclos de violencia y el fracaso de varios procesos de diálogo de paz indicaron que una solución consensual requeriría un mínimo de reformas sociales y una respuesta adecuada a la inmensa proporción de sufrimiento e impunidad que la guerra larga y sangrienta ha dejado. Su finalización fue marcada por el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado por el Jefe del Estado colombiano y el comandante de las FARC. El Acuerdo sobre Víctimas del Conflicto incluye la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. A pesar de los innegables avances que se realizaron, como todo proceso de paz en el mundo, los colombianos enfrentan una serie de desafíos y peligros en su fase inicial de implementación. Muchos de estos riesgos y problemas derivan de factores estructurales como, por ejemplo, la posición ultraconservadora del sector político de extrema derecha que aún persiste en la idea de prevenir a toda costa la consolidación del proceso de paz y que ataca la perspectiva de género del Acuerdo, presentándola como una "ideología de género"; la estructura burocrática del Estado o su insuficiente presencia social en los territories; la falta de financiamiento adecuado para el proceso; la persistencia de grupos armados o de disidencia de la antigua guerrilla en los territorios del conflicto armado; y la permanencia del narcotráfico en grandes zonas del país. El apoyo y el acompañamiento internacionales serán indispensables para consolidar la implementación exitosa del Acuerdo Final de Paz en Colombia.
El segundo día, las discusiones se centraron en los avances y desafíos que enfrentan los países de la región en relación con la implementación del Estatuto de Roma y la cooperación con la CPI.
La Dip. Marcela Aguiñaga Vallejo, Presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura Estatal de la Asamblea Nacional de Ecuador y miembro de PGA, informó a la audiencia sobre el progreso de la implementación del Estatuto de Roma en su país. En enero de 2014, los legisladores y legisladoras habían completado su tarea con el Código Penal Orgánico e Integral (COIP), en el cual los delitos se expandieron para incluir, entre otros, el exterminio, la esclavitud, el desplazamiento forzado, la ejecución extrajudicial o la agresión, que ahora han sido penalizados antes de la ratificación de las enmiendas de Kampala. Estas enmiendas ya tienen una opinión favorable de la Corte Constitucional y ahora depende de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional entregar un informe al plenario. A pesar de estos grandes avances, se han detectado algunos errores en la clasificación de algunos comportamientos que se están analizando actualmente en el proceso de reforma del Código Penal Penal Integral, para que nuestra legislación sea compatible con los instrumentos internacionales.
El Dip. Oswaldo Ramos, Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional de Honduras y miembro de PGA, explicó el proceso de implementación de la enmienda de Kampala sobre el crimen de agresión en el código penal hondureño y reiteró el compromiso de su país con la justicia internacional, además de expresar que los legisladores hondureños trabajarán juntos para promover la implementación del Estatuto de Roma y la ratificación de las Enmiendas de Kampala.
El Dip. Juan Sebastián Villarejo Velilla, Vicepresidente de la Comisión de Legislación y Codificación de la Cámara de Diputados de Paraguay, reiteró el compromiso de su país con el sistema del Estatuto de Roma, ilustrado por la adopción de una legislación de implementación completa de las disposiciones del Estatuto de Roma. El Diputado también compartió la idea de que, desde la creación del Estatuto de Roma de la CPI, el contexto tecnológico, político y socioeconómico y las herramientas utilizadas para cometer delitos han evolucionado. El Estatuto de Roma es una herramienta importante para luchar contra la impunidad que los Estados deben garantizar que siga siendo relevante y adaptada a las realidades que enfrenta el mundo hoy en día.
El Dip. Gabriel Ascencio, ex Presidente de la Cámara de Diputados de Chile y antiguo miembro de PGA, compartió la experiencia de su país. En 2014, el Ejecutivo informó que se había creado un grupo de trabajo, con representantes del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Relaciones Exteriores, para preparar un proyecto de ley sobre cooperación con la Corte Penal Internacional. A partir de mayo de 2018, se informó que dicho proyecto estaba en estudio y en revisión final. El Parlamento ha insistido por medio de dos resoluciones a través de la Cámara de Diputados, solicitando al Gobierno que cumpla con su compromiso de enviar el proyecto de ley de cooperación con la CPI al Parlamento.
La Dip. Karine Niño, Presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados de Costa Rica y miembro de PGA, reiteró el compromiso de Costa Rica con el sistema del Estatuto de Roma. De hecho, la Asamblea Legislativa aprobó el 4 de abril de 2018 la Ley para la Promoción de la Cooperación y las Relaciones con la Corte Penal Internacional, compuesta por más de cien artículos que regulan aspectos tales como los procedimientos generales y diferentes medidas de cooperación, asistencia y canales judiciales entre instituciones costarricenses como la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
El Dip. Henry Merán, Presidente del Comité de Justicia de la República Dominicanaa y miembro de PGA, reconoció que los países latinoamericanos entienden la importancia de promover y participar en el fortalecimiento de los mecanismos e instrumentos que buscan garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas. En respuesta a ese compromiso, se han desarrollado una serie de instrumentos internacionales que se han convertido en la base de un sistema regional de promoción y protección de los derechos humanos, conocido como el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. La nueva Ley Dominicana de Cooperación y Relación con la CPI consta de 164 artículos, divididos en XVI capítulos y secciones basadas en la ley de referencia de Cooperación de PGA y el marco de los acuerdos de cooperación con la CPI. Este resultado es la consecuencia de la promoción y el trabajo del Grupo Nacional Dominicano de PGA: sensibilizar a los colegas parlamentarios, a otros actores nacionales relevantes y al público en general sobre los valores humanos, la importancia de las instituciones democráticas y la necesidad de legislar y domesticar disposiciones de instrumentos internacionales que el país ha ratificado.
La Sra. Antônia Pereira de Sousa, Oficial de Relaciones Externas y Cooperación de la Secretaría de la CPI, habló sobre lo que implica la cooperación con la CPI y la firma y conclusión de acuerdos de cooperación bilateral entre los Estados y la Corte sobre la reubicación de testigos, la ejecución de penas, la libertad provisional y la puesta en libertad de personas. Los países latinoamericanos pueden desempeñar un papel importante para garantizar que el sistema del Estatuto de Roma funcione de manera eficiente. En este sentido, la Dip. Carla Pitiot dio el ejemplo de Argentina, el único país de la región que ha firmado los cuatro acuerdos de cooperación bilateral mencionados anteriormente.
América Latina ha contribuido sustancialmente a la consolidación de un sistema internacional de justicia penal basado en el sistema del Estatuto de Roma. Muchos parlamentarios de la región han desempeñado un papel fundamental en la promoción de la universalidad del Estatuto de Roma, que llevó a su ratificación en todos los países de la región, excepto Nicaragua en la subregión. A pesar de todos estos esfuerzos, aún quedan muchos desafíos para la implementación efectiva del Estatuto. Los Estados se han comprometido a promover legislaciónes que definan y castiguen los crímenes internacionales más graves, a saber, crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y el crimen de agresión, así como el establecimiento de los mecanismos necesarios para la cooperación con la CPI. Hoy continuamos siendo testigos de estos crímenes atroces y de los intentos de los presuntos autores de dichos crímenes de permanecer inmunes. Hay mucho por hacer en la región y en el mundo. PGA continuará trabajando con sus miembros y todas las partes interesadas pertinentes para que se mantengan informados y tomen medidas para construir juntos un orden internacional basado en normas para un mundo más seguro, más democrático e inclusivo.
