Nuestra Campaña del Sistema del Estatuto de Roma comenzó el año coorganizando un seminario online con la Asociación de Derecho Internacional (ILA, por sus siglas en inglés) titulado: “Aumentando la legitimidad del Derecho Internacional: El papel de los Parlamentos" (enlace disponible en inglés). El evento, que tuvo lugar el 12 de enero, reunió a parlamentarios, académicos y expertos con el fin de abordar los retos a los que se enfrenta el derecho internacional. Las negociaciones y la redacción de los instrumentos internacionales suelen correr a cargo exclusivamente del poder ejecutivo, lo que limita el papel de los parlamentarios a la ratificación y aplicación de los textos, con el consiguiente riesgo de diluir la intención original del instrumento. Para democratizar y legitimar el derecho internacional, es necesario, de un lado, una colaboración más estrecha que incluya a los parlamentarios y, de otro, mayor formación en la comprensión del derecho internacional para mejorar la legislación y su cumplimiento.

El 9 de febrero, la primera reunión estratégica de 2023 del Comité Asesor de Naciones Unidas (ONU) de PGA(enlace disponible en inglés), generosamente organizada por la Misión Permanente de Liechtenstein ante la ONU, reunió a Embajadores y funcionarios de la ONU para debatir cuestiones globales urgentes. La reunión se centró especialmente en el alarmante deterioro de la situación humanitaria y de los derechos humanos en Afganistán y en las graves amenazas contra la vida a las que se enfrentan los opositores a las autoridades de facto. Dada la profunda crisis multidimensional en la que se encuentra el país, PGA recordó la importancia de seguir las recomendaciones clave (documento disponible en inglés) que reflejan las voces afganas y las directrices de otros expertos, entre las que se incluye la necesidad de mantener la situación en Afganistán como prioridad máxima en la agenda internacional.

El debate también ahondó en el imperativo de la rendición de cuentas en la actual guerra de Ucrania. Los participantes entablaron debates de reflexión sobre las vías para enjuiciar el crimen de agresión, incluida la creación de un Tribunal Especial mediante una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Además, los participantes destacaron la importancia de ratificar las enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma y alinear el régimen jurisdiccional de la CPI sobre el crimen de agresión con los otros crímenes fundamentales en virtud del Estatuto de Roma, como se detalla en la propuesta de PGA. La jurisdicción limitada de la CPI sobre el crimen de agresión (que requiere la aceptación tanto por el Estado agresor como por el Estado víctima, o una remisión del Consejo de Seguridad de la ONU) ha atraído más atención desde el inicio de la guerra a gran escala (enlace disponible en inglés) de Rusia contra Ucrania. Afirmar la responsabilidad penal individual por el crimen de agresión es crucial para cualquier esfuerzo de rendición de cuentas y los líderes implicados en la comisión de este crimen deben ser procesados de manera oportuna. Para complementar otras iniciativas y vías para lograr el enjuiciamiento del crimen de agresión cometido en y contra Ucrania a través de las jurisdicciones nacionales, o mediante el establecimiento de un Tribunal Penal Especial, PGA cree firmemente que la rendición de cuentas a largo plazo y sostenible debe ser abordada por la CPI, el único tribunal permanente con jurisdicción potencialmente universal sobre los crímenes internacionales más graves.

Los debates sobre el enjuiciamiento del crimen de agresión son de suma importancia, especialmente tras la conmemoración del primer año de la agresión contra Ucrania el 24 de febrero. En este día, PGA emitió una declaración (enlace disponible en inglés) para reiterar su condena a esta guerra ilegal y aplaudir la increíble resistencia y valentía de los ucranianos frente al horror y el inmenso sufrimiento causado por esta agresión. La guerra contra Ucrania es ante todo una agresión contra sus civiles que tiene consecuencias globales en el orden internacional, pero también en la economía, el medio ambiente y la seguridad alimentaria (enlaces disponibles en inglés). Dado que en 2023 se cumplió el 25 aniversario de la adopción del Estatuto de Roma de la CPI, PGA reitera su llamado a Ucrania y a otros Estados no Parte de todo el mundo, para que ratifiquen el Estatuto de Roma y todas sus enmiendas, incluida la enmienda de Kampala sobre el crimen de agresión, y lo implementen plenamente a nivel nacional.

PGA también expresó su entusiasmo por la ratificación por parte de Uruguay de todas las enmiendas al Estatuto de Roma sobre crímenes de guerra, completada el 21 de marzo. Estas enmiendas no sólo criminalizan el uso de la inanición como método de guerra en los Conflictos Armados No Internacionales (CANI), sino que también alinean la lista de armas prohibidas en los CANI con la lista aplicable a los Conflictos Armados Internacionales en virtud del Estatuto de Roma. Este logro siguió a una iniciativa lanzada por los miembros de PGA en 2020.

El 17 de abril, PGA vio con gran preocupación que el activista de la oposición y periodista ruso Vladimir Kara-Murza (enlace disponible en inglés), un crítico vocal del régimen del presidente Putin, recibió una sentencia de 25 años en una colonia penal de alta seguridad. Los jueces del tribunal de Moscú le consideraron culpable de traición, difusión de información “falsa” sobre el ejército ruso y asociación con una “organización indeseable”. PGA expresó su inquebrantable solidaridad y apoyo al Sr. Kara-Murza y su familia y condenó vehementemente el juicio político basado en cargos inventados y la injusta sentencia por sus críticas a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. En reconocimiento a su inquebrantable dedicación a la defensa de los derechos humanos, la crítica sin miedo de las políticas represivas, la corrupción y la guerra de agresión contra Ucrania, así como por su defensa de la libertad, el Sr. Kara-Murza fue galardonado por el Comité Directivo de PGA con el Premio al Defensor de la Democracia 2022, el 4 de noviembre del mismo año.

Una parte esencial del trabajo que PGA lleva a cabo bajo el paraguas de la Campaña del Sistema del Estatuto de Roma, es fomentar la cooperación, la complementariedad y la universalidad del mismo. En este sentido, PGA celebró la adopción del Convenio de Asistencia Judicial Recíproca (enlace disponible en inglés) el 26 de mayo de 2023, también conocido como el Convenio de Liubliana-La Haya. Este importante tratado internacional es una herramienta crucial para hacer justicia a las víctimas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otros crímenes internacionales. Su adopción supone una oportunidad histórica para reforzar la cooperación jurídica mundial, mejorar los procedimientos nacionales y alinear los esfuerzos con el principio de complementariedad. La Convención de Liubliana-La Haya, fue adoptada por unanimidad durante la 18ª Sesión Plenaria de la Conferencia Diplomática en Liubliana, Eslovenia, durante la cual más de 70 Estados, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil, incluyendo PGA, participaron en el proceso independiente iniciado originalmente por Argentina, Bélgica, Países Bajos, Eslovenia, Mongolia y Senegal en 2011. PGA aprovechó esta ocasión vital para pedir a todos los Estados que firmen y ratifiquen la Convención sin reservas. Para las reflexiones críticas de PGA sobre la Convención, véase la contribución al blog (enlace disponible en inglés) de la directora del Programa, Sra. Frederika Schweighoferova.

Este primer semestre culminó con una reunión de parlamentarios del Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico y de la Unión Europea (ACP-UE) con ocasión de la 43ª sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE (enlaces disponibles en inglés).  El 27 de junio, el Grupo PGA del Parlamento Europeo organizó un almuerzo de trabajo con el fin de desmitificar la CPI. Distinguidos expertos, representantes de la sociedad civil y parlamentarios de la República Centroafricana, el Parlamento Europeo, Ghana, Italia, Malawi, Namibia, Níger y Surinam, entablaron un diálogo abierto en el que se detallaron aspectos cruciales relacionados con la CPI y se hizo hincapié en la importancia de la rendición de cuentas para la búsqueda de la justicia y la paz sostenible a nivel mundial. El debate permitió a los participantes solicitar a los líderes a “predicar con el ejemplo”, e instar a los países de todo el mundo a tener una mayor coherencia entre las palabras y los hechos.

Durante su 22ª sesión en diciembre de 2023, la Asamblea de Estados Parte (AEP) de la CPI elegirá a seis magistrados (enlaces disponibles en inglés y francés) para ocupar un tercio de los 18 puestos judiciales por un mandato no renovable de 9 años (2024-2033).

Desde el inicio de su Campaña, PGA ha hecho hincapié en la importancia de designar a jueces altamente cualificados puesto que no solo desempeñan un papel crucial en la defensa de la rendición de cuentas por los crímenes más graves, tal como se indica en el Estatuto de Roma, sino también garantizan el rendimiento, la eficiencia y la eficacia de la CPI.

Según el marco jurídico del Estatuto de Roma, los candidatos a magistrados de la CPI “serán elegidos entre personas de alta consideración moral, imparcialidad e integridad que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países”. Sin embargo, las consideraciones políticas que surgen durante la fase de designación nacional, en la que los procesos formales son a menudo inadecuados, han comprometido la transparencia del proceso. Para garantizar que los magistrados de la CPI sean del más alto calibre, es, por lo tanto, crucial que los Estados Parte establezcan procedimientos nacionales de designación transparentes y basados en los méritos. Esto significa garantizar que sólo los candidatos más cualificados sean propuestos por los Estados para las elecciones judiciales de la CPI.

Para abordar estas cuestiones, PGA creó un manual para parlamentarios, a través del cual se presentan criterios y recomendaciones específicas sobre el tema. El objetivo es sensibilizar y comprometer a los parlamentarios de todo el mundo para que aboguen por que los gobiernos mejoren los procedimientos nacionales de designación de candidatos judiciales a la CPI, adopten prácticas justas y transparentes y establezcan requisitos que prioricen los méritos. Unos procedimientos de designación sólidos, son esenciales para garantizar que sólo los magistrados y juristas del más alto calibre sean tenidos en cuenta para la votación.