Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia mundial, PGA decidió cerrar sus oficinas en Nueva York y La Haya con la Secretaría llevando a cabo sus labores desde casa y haciendo un esfuerzo significativo para continuar trabajando en todas nuestras Campañas [por favor, consulte aquí nuestra declaración sobre el coronavirus].

Antes de que se impusieran las restricciones de movimiento a nivel mundial, PGA logró realizar varias actividades importantes hasta mediados de Marzo del 2020. Estas actividades, incluyeron entre otras, dos visitas de vital importancia de legisladores Marroquíes y Zimbabuenses a la CPI y a otras instituciones internacionales con sede en La Haya, que contribuyeron significativamente a avanzar en el camino de sus países hacia la ratificación del Estatuto de Roma. Así mismo, PGA llevó a cabo dos misiones sobre el terreno. La primera, dirigida a promover la ratificación y adopción de la legislación sobre complementariedad en Ucrania, y la segunda, para abogar por la introducción y formalización de políticas que evitaran la retirada de Suráfrica del Estatuto de Roma [Vea el Calendario de PGA con las actividades pasadas y planificadas para el año 2020].

Además de éstas actividades, la función central de PGA de proporcionar asistencia técnica a nuestros miembros parlamentarios, ha continuado sin cesar. Nuestra Secretaria logró brindar apoyo especializado a los miembros de Panamá para incluir los crímenes y principios del Estatuto de Roma en su Código Penal. PGA, ha venido trabajando también una base de datos que espera presentar en breves, donde se recopila la información más importante sobre el estado en el que se encuentra la implementación del Estatuto de Roma a nivel nacional. De igual forma, queremos resaltar que nuestras labores de defensa y promoción permanecen intactas. En Abril del 2020, PGA se unió a más de 100 organizaciones de la sociedad civil (OSC), en un llamado público a los Estados Partes del Estatuto de Roma, para demostrar su apoyo hacia una CPI independiente y una justicia internacional imparcial frente a los sucesivos ataques efectuados por las potencias que no son miembros de la organización.

Si bien la mejora de la integridad, independencia y eficacia del sistema establecido por el Estatuto de Roma ha sido siempre un área central de trabajo para PGA, ésta prioridad ha adquirido mayor relevancia a la luz de las crecientes críticas que se han hecho hacia la Corte y de los esfuerzos dirigidos a la reforma de la institución. En tal sentido, destacamos que, tanto PGA como los miembros de su red global, trabajan junto a los Estados Partes con ideas afines no sólo para denunciar los ataques contra la Corte, sino también para garantizar que dichas críticas sean infundadas en los principios y prácticas de la CPI.

De cara al futuro y en la medida que sea posible, PGA anticipa reanudar las actividades que se tenían previstas para la Campaña en varias de las regiones. El calendario actualizado de PGA refleja dichas actividades que se han propuesto dada la situación global actual: https://www.pgaction.org/es/news/activity-calendars/2020.html. Igualmente, la Junta Directiva de PGA está considerando si puede celebrar en Noviembre del 2020 nuestro 42º Foro Anual y la 11ª Asamblea Consultiva de Parlamentarios para la Corte Penal Internacional (CAP-ICC), que muy generosamente el Congreso de Argentina en Buenos Aires, ofreció celebrar antes del brote del Coronavirus en las Américas. Teniendo en cuenta ésta situación, estamos considerando fechas y lugares alternativos en función del estado de la pandemia en Argentina y el resto del mundo. No obstante, queremos destacar que la 11ª CAP-ICC ofrecerá una oportunidad única para nuestros miembros y socios, así como para los parlamentarios interesados, para debatir cuestiones cruciales sobre el futuro de la lucha contra la impunidad y las reformas urgentes que se lanzarán a nivel nacional e internacional.

Hasta entonces, PGA espera que ustedes se mantengan sanos y salvos, y los felicita igualmente por su compromiso continuo en la lucha contra la impunidad, aún bajo las circunstancias tan apremiantes en las que nos encontramos.

Como PGA ha venido informando a través de su Centro de Recursos para todos los Parlamentarios sobre el Coronavirus, la crisis del COVID-19 está teniendo un impacto notable en la lucha contra la impunidad. Mientras algunos sistemas judiciales alrededor del mundo están luchando por mantener sus funciones esenciales durante la pandemia, algunas personas que ya han sido condenadas por crímenes internacionales están siendo liberadas de forma controvertida por algunas jurisdicciones. Esto, desafortunadamente, pone de manifiesto las dificultades que enfrentan los tribunales para salvaguardar los derechos humanos y garantizar el debido proceso [vea aquí la Guía sobre los Tribunales y el COVID-19 elaborado por la Comisión International de Juristas (CIJ)]. Sobre éste cuestión, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Promoción de la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, advirtió que “las medidas urgentes de protección contra la COVID-19 en cárceles superpobladas no deben conducir a la impunidad de las personas condenadas en muchos países por graves violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra…Medidas tales como amnistías, indultos, eximentes de responsabilidad y beneficios en la ejecución de la pena, son nulas y carecen de efecto legales.”

Dicho esto, aunque con un funcionalidad limitada, la Corte Penal Internacional continua operando y adaptándose a las nuevas rutinas en su esfuerzo por contener el virus y continua ajustando su compromiso operacional en interés de su personal, socios y víctimas, entre otros. Desde que se implementaron las medidas contra el COVID-19 en los Países Bajos el 15 de Marzo del 2020, los viajes dentro, y hacia otros países, han sido severamente restringidos. En consecuencia, todas las misiones de la Corte se han suspendido hasta nuevo aviso y, solo aquellas misiones que sean consideradas como esenciales, podrán llevarse a cabo con la aprobación del Equipo de Gestión de Crisis y el Jefe del Órgano correspondiente.

De igual manera, las reuniones diarias entre los diferentes equipos y órganos de la Corte, se están llevando a cabo vía telemática. Bajo estas circunstancias, se espera que la presentación y entrega de documentos para los casos que están en curso requieran de una posible extensión. Por otro lado, y con cierta preocupación, se prevé que las audiencias sufran retrasos significativos. Aunque la Corte contemple su celebración mediante el uso de las nuevas tecnologías; de momento no lo ha hecho, éstos nuevos procedimientos que se intentan ajustar a la realidad, no sólo pueden generar otras preocupaciones con respecto al grado de imparcialidad, privacidad y confidencialidad de los juicios, sino también puede poner de manifiesto problemas de carácter logístico y operativo. Así mismo, las medidas adoptadas desde el 16 de Marzo de 2020 por la Corte y el Gobierno de los Países Bajos para abordar la pandemia, han supuesto, entre otras, la suspensión total de todas las visitas al centro de detención de la Corte y las visitas privilegiadas. Aunque la CPI puede adoptar varias medidas para mitigar dicho impacto, como por ejemplo, facilitando la comunicación por vía telefónica o por videoconferencia, la prolongación de éstas medidas pueden generar, en particular, conversaciones inadecuadas entre el acusado y su equipo de defensa en cuanto a la provisión de asesoramiento legal y estratégico.

Finalmente, como resultado del cierre de las instalaciones de la Corte desde el 17 de Marzo del 2020 hasta la fecha, al personal del Fondo Fiduciario para las Víctimas (FFV) con sede en La Haya involucrado en el caso de Bosco Ntaganda, se le exigió trabajar desde casa. Dadas estas circunstancias, el 9 de Abril del 2020, el Juez Chang-ho Chung, actuando en calidad de Magistrado único en representación de la Sala de Primera Instancia VI, emitió una orden solicitando a los Representantes Legales de las Víctimas, la Defensa, la Secretaría y al Fondo Fiduciario para Víctimas, proporcionar información detallada a la Sala sobre el impacto de las medidas adoptadas contra el COVID-19 en lo relativo a su capacidad operacional en el caso.

Sin embargo, a pesar de los desafíos que afronta la Corte, la crisis ha acentuado el rol fundamental que deberá seguir desempeñando la institución, pues la pandemia ha afectado severamente a las poblaciones más vulnerables, dentro de las que se encuentran las personas que ya corren el riesgo de ser víctimas de crímenes que están bajo la jurisdicción de la Corte. Con miras al futuro, y ahora más que nunca, la CPI habrá de continuar su lucha en la investigación y enjuiciamiento de aquellos crimines más atroces que se comentan durante la pandemia.

Tras la resolución adoptada por los Estados durante la última Asamblea de los Estados Partes (AEP) celebrada en Diciembre de 2019, se ha venido adelantando durante los últimos meses, incluso bajo la actual emergencia global, un proceso de revisión sin precedentes sobre funcionamiento de la CPI.

Dicho proceso, presenta una oportunidad única no sólo para evaluar las lecciones aprendidas sobre el trabajo desempañado por la Corte hasta la fecha, sino también para contribuir a su evolución. Particularmente, en su papel como miembro del Comité Directivo de la Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI), PGA ha estado, hasta la fecha, estrechamente comprometida con la iniciativa desde los eventos celebrados en el 2018 que conmemoraban el vigésimo aniversario de la adopción del Estatuto de Roma. Sin embargo, como éste proceso puede no ser conocido fuera de núcleo de La Haya y Nueva York, PGA aprovecha esta oportunidad para actualizar a nuestros miembros y socios sobre dicha revisión que actualmente se está llevando a cabo.

En las casi dos décadas de actividades que ha venido ejecutando la Corte, se han puesto de manifiesto una serie de desafíos que han sido fuente de varias críticas. Con el fin de que la CPI continúe cumpliendo su mandato de proporcionar y garantizar justicia de la manera más efectiva, imparcial y eficiente, la AEP inició un proceso de revisión de la institución donde se identificaban varias formas no sólo para fortalecerla, sino también para mejorar sus prácticas, el sistema del Estatuto de Roma y sus políticas de funcionamiento. A través de éste proceso de revisión, se le ha encomendado a un Grupo de Expertos Independientes (GEI), conformado por nueve individuos, llevar a cabo una evaluación minuciosa del funcionamiento de la Corte con el fin de proveer recomendaciones principalmente en tres grandes “áreas” de trabajo: Gobernanza, Sistema Judicial e Investigaciones y Procesamientos.

El GEI, por su parte, invitó a varios grupos de la sociedad civil y a otras partes interesadas a presentar opiniones sobre el proceso de revisión de la Corte. Varias organizaciones transmitieron sus respectivos informes, donde detallaban una serie de recomendaciones específicas destinadas a reformar y a fortalecer la CPI. Por ejemplo, en el marco del área de trabajo sobre las Investigaciones y Procesamientos, la Corte ha enfrentado críticas debido al sesgo percibido con respecto a la selección y priorización de casos, pero sobre todo, con respecto a la falta de resultados en cuanto al número reducido de condenas pronunciadas por la misma. De esta manera, para garantizar que la Oficina de la Fiscal esté equipada para enfrentar dichas críticas y consiga perseguir la responsabilidad penal individual de los más poderosos, las contrapartes de PGA en Human Rights Watch han recomendado que el GEI evalúe los factores específicos que afectan la capacidad de la Fiscalía para presentar los casos más solidos, e identifique los pasos que ésta podría o debería adoptar hacia tal fin. Dichas recomendaciones, tiene por objeto profundizar el conocimiento de sus oficinas e investigadores en el terreno, incluyendo el posible establecimiento de dependencias en el país al inicio de las investigaciones y el desarrollo de estrategias específicas para cada una de éstas. De ésta manera, se espera maximizar su compromiso con las comunidades afectadas y evaluar el grado de satisfacción de éstas con respecto a los procedimientos, la baja tasas de condenas, el ritmo de las investigaciones y la opacidad en la selección y priorización de casos.

La International Bar Association (IBA), de otro lado, ha hecho énfasis en las medidas que se deberían tomar para mejorar la realidad y la percepción que se tiene sobre juicios imparciales en el seno de la CPI, destacando a su vez, una mejora tanto en la igualdad de “armas” o medios, como en los derechos de los acusados durante los mismos procesos legales. Finalmente, la Iniciativa de Mujeres por una Justicia de Género (WIGJ por sus siglas en inglés), ofrece varias recomendaciones que se enfocan en cómo la CPI puede mejorar su aproximamiento en lo concerniente a las dimensiones de genero del derecho internacional. En tal sentido, la WIGJ propone el desarrollo de estrategias que tienen en cuenta los problemas de género y la creación de oportunidades de aprendizaje dentro de los diferentes órganos de la Corte. Para lograr dicho objetivo, proponen el establecimiento de un Coordinador de cuestiones de Género y un Asesor Jurídico Senior dentro de la Sala de Primera Instancia, para que proporcionen experiencia en delitos sexuales y otros temas relacionados, y así mismo, aborden el desequilibrio de género que existe dentro de la Corte usando como referente la Estrategia establecida por Naciones unidas sobre la Paridad de Género.

Finalmente, con el fin de no sólo mejorar la calidad de los procesos de nominación de magistrados de la CPI, sino también garantizar que las personas designadas para éstas posiciones se haga en base a competencias de mérito y no meras consideraciones políticas, PGA fue la única ONG que redactó una resolución donde hacía un llamado a los Estados a emitir convocatorias públicas que estén cimentadas en criterios meritocráticos preestablecidos. Hacia tal fin, y en vistas de las reiteradas extensiones en el plazo para nominar a los nuevos magistrados de la CPI, PGA continuará abogando para que los Estados adopten voluntariamente tales prácticas.

En conclusión, a la vez que éstas recomendaciones deberían suponer un mayor estímulo para que los Estados realicen un mayor esfuerzo a través de su legislación interna para combatir la impunidad, el proceso de revisión de la CPI ofrece de igual forma una oportunidad única para mejorar su propio desempeño y el de cada uno de sus órganos. Si bien se espera que los ataques externos hacia la Corte persistan, las personas que están involucradas dentro y fuera de la institución deberán continuar trabajando conjuntamente para seguir impartiendo justicia por la comisión de los crímenes más atroces. La participación en este proceso, ciertamente puede ayudar a moldear el futuro de la Corte y del derecho penal internacional. Teniendo en cuenta esto, alentamos a todos nuestros miembros parlamentarios de los países que forman parte del Estatuto de Roma, para que ayuden a fortalecer la única Corte con carácter permanente dedicada a impartir justicia para toda la humanidad.

Si desea obtener más información sobre cómo puede contribuir al futuro de la CPI, por favor póngase en contacto con la Secretaría de PGA.

El fragmento completo en memoria de Felipe Michelini se publicó originalmente en la página web de PGA el 20 de Abril del 2020. Para obtener más información sobre la vida y el legado del Dr. Michelini, por favor consulte la versión original.

El 19 de Abril del 2020, el Dr. Felipe Michelini falleció en su ciudad natal, Montevideo, Uruguay, debido a graves complicaciones después de sufrir un trágico accidente doméstico el 7 de Abril.

Felipe Michelini, era un extraordinario defensor de los derechos humanos, un gran líder en Uruguay y en la comunidad internacional, y un político erudito increíblemente generoso a quien extrañarán todos aquellos que tuvieron el privilegio de trabajar con él. Felipe, con un liderazgo único, buscó empoderar a sus colegas y compañeros llenándolos de confianza y optimismo. Como resultado, logró formar equipos sólidos y motivados cuyos esfuerzos, en la gran mayoría de ocasiones, reflejaron la consecución de un objetivo común: la justicia, rendición de cuentas y la verdad.

El Dr. Michelini, no sólo fue un inestimable apoyo para Parlamentarios para la Acción Global, sino también una de las voces más instrumentales y creíbles de las últimas dos décadas dentro de la importante campaña para poner fin a la impunidad de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional.

Su repentino fallecimiento, que se produjo en medio de proyectos importantes, privó a Uruguay, y al mundo entero, de seguir escuchando una voz poderosa y persuasiva en apoyo a las víctimas. No obstante, su ejemplo, más no su ausencia, deberá continuar determinando el resultado de sus proyectos de vida a largo plazo. Aquellos que tuvimos el honor de trabajar con él, debemos seguir impartiendo su legado con determinación.

Felipe Michelini deja la imagen de “gigante de la época”. Su humilde y modesto enfoque hacia los problemas, fue la mejor guía que pudo brindar para quienes se atrevían a resolverlos. Sus ideas y sus acciones siempre estuvieron respaldadas por su gran sentido de humanidad, empatía y generosidad que nos será difícil olvidar. Nuestros pensamientos permanecerán siempre con su esposa Matilde, su hijo Nacho, su hermana Cecilia, quien dirige la Fundación Zelmar Michelini, y con todos sus hermanos y hermanas, quienes han perdido un ser humano extraordinario. Felipe, será recordado por siempre y continuará estando presente en todos nuestros corazones.