La visión de PGA es contribuir a la creación de un orden internacional basado en el imperio de la ley para un mundo más equitativo, seguro, sostenible y democrático.
Trinidad and Tobago signed the Rome Statute on 23 March 1999 and ratified on 6 April 1999, becoming the 2nd State Party.
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124 países forman parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. De ellos, 33 son Estados africanos, 19 son Estados de Asia y el Pacífico, 19 son de Europa oriental, 28 de 28 de América Latina y el Caribe, y 25 de Europa occidental y otros Estados. |
At the margins of the International Criminal Court’s High-Level Seminar for Fostering Cooperation with the Court in the Caribbean Community region, Dr. David Donat Cattin met with the President of the Republic of T&T Mr. Anthony Thomas Aquinas Carmona
The Honorable Mr. Arthur N.R. Robinson, former President and Prime Minister of Trinidad & Tobago, and esteemed former member of PGA, created PGA’s International Law and Human Rights Program and its Campaign for the International Criminal Court.
Member of Parliament Ms. Petra Bayr and Colleagues to the Federal Minister for European and International Affairs concerning the introduction of the Crime of Aggression, the fifth criminal offense before the International Criminal Court.
Hosted by the Permanent Mission of Ireland to the United Nations, and organized by PGA, a set of informal consultations with MPs on the key issue of Cooperation with the ICC took place in New York on December 6, 2010, opening day of the 9th ASP.
Es imperativo que el Estatuto de Roma sea ratificado universalmente para el buen funcionamiento de la Corte. Los parlamentarios deben garantizar que la CPI sea verdaderamente universal.
Creada por el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional (CPI) es el primer tribunal internacional permanente e independiente capaz de investigar y llevar ante la justicia a las personas que cometen las violaciones más graves del derecho penal internacional, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos.
El Estatuto de Roma define los crímenes de su competencia y establece los principios y procedimientos generales de funcionamiento de la Corte. También esboza las obligaciones de cooperación de sus Estados Parte. Es imperativo que el Estatuto de Roma sea ratificado universalmente para el buen funcionamiento de la Corte. Los parlamentarios deben garantizar que la CPI sea verdaderamente universal.
La CPI es el primer y único tribunal permanente independiente con el mandato de investigar y enjuiciar a los máximos responsables de cometer crímenes internacionales, a saber, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Sus 18 magistrados, procedentes de todo el mundo y elegidos por un mandato de nueve años, desempeñan un papel fundamental a la hora de asegurar que se cumplen estas expectativas mediante la garantía de juicios justos y el dictamen de jurisprudencia autoritativa y de la más alta calidad.
La calidad de los magistrados de la CPI, por lo tanto, tiene una importancia fundamental para el rendimiento, la eficiencia y la eficacia de la Corte puesto que de ello depende el éxito a largo plazo de la CPI y del sistema del Estatuto de Roma en su conjunto. Bajo estos antecedentes, PGA ha elaborado este manual con el fin de establecer criterios y recomendaciones específicas para que los parlamentarios alienten a sus Gobiernos a mejorar los procedimientos nacionales de designación de candidatos a magistrados de la CPI y adopten buenas prácticas y requisitos para garantizar que estos procesos sean justos, transparentes y meritocráticos. El objetivo de un procedimiento de designación sólido es el de garantizar que sólo los candidatos a magistrados o juristas del más alto calibre figuren en la papeleta de votación.
Es para nosotros un honor y un privilegio presentarles el Manual sobre la Ratificación e Implementación de las Enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Este Manual es producto de nuestros esfuerzos colectivos dirigidos a asistir a los Estados en la ratificación de las enmiendas aprobadas por consenso en Kampala—enmiendas que son fundamentales para el proceso de criminalización efectiva del uso ilegal de la fuerza en los asuntos internacionales.