La visión de PGA es contribuir a la creación de un orden internacional basado en el imperio de la ley para un mundo más equitativo, seguro, sostenible y democrático.
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124 países forman parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. De ellos, 33 son Estados africanos, 19 son Estados de Asia y el Pacífico, 19 son de Europa oriental, 28 de 28 de América Latina y el Caribe, y 25 de Europa occidental y otros Estados. |
PGA organized two critical side events on 8 December, which provided concrete reflections on serious issues faced by the Rome Statute system. Both events gathered high-level participation from the ICC and States representatives, as well as other civil society organizations.
PGA co-sponsored a high-level ministerial event at the UN to celebrate the 20th anniversary of the Rome Statute, International Justice Day, and the entry into force of the Court’s jurisdiction over the crime of aggression.
Parliamentarians around the world celebrate the acceptance by the Czech Republic of both Kampala Amendments to the Rome Statute of the ICC and the Swiss Federal Assembly unanimous approval of the ratification of the Kampala Amendments
In light of the deeply disturbing, prevailing climate of impunity for sexual and gender based crimes in the eastern part of the Democratic Republic of the Congo (DRC), PGA’s Swiss National Group, chaired by Ms Yvonne Gilli, MP, and in cooperation with
Es imperativo que el Estatuto de Roma sea ratificado universalmente para el buen funcionamiento de la Corte. Los parlamentarios deben garantizar que la CPI sea verdaderamente universal.
Creada por el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional (CPI) es el primer tribunal internacional permanente e independiente capaz de investigar y llevar ante la justicia a las personas que cometen las violaciones más graves del derecho penal internacional, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos.
El Estatuto de Roma define los crímenes de su competencia y establece los principios y procedimientos generales de funcionamiento de la Corte. También esboza las obligaciones de cooperación de sus Estados Parte. Es imperativo que el Estatuto de Roma sea ratificado universalmente para el buen funcionamiento de la Corte. Los parlamentarios deben garantizar que la CPI sea verdaderamente universal.
La CPI es el primer y único tribunal permanente independiente con el mandato de investigar y enjuiciar a los máximos responsables de cometer crímenes internacionales, a saber, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Sus 18 magistrados, procedentes de todo el mundo y elegidos por un mandato de nueve años, desempeñan un papel fundamental a la hora de asegurar que se cumplen estas expectativas mediante la garantía de juicios justos y el dictamen de jurisprudencia autoritativa y de la más alta calidad.
La calidad de los magistrados de la CPI, por lo tanto, tiene una importancia fundamental para el rendimiento, la eficiencia y la eficacia de la Corte puesto que de ello depende el éxito a largo plazo de la CPI y del sistema del Estatuto de Roma en su conjunto. Bajo estos antecedentes, PGA ha elaborado este manual con el fin de establecer criterios y recomendaciones específicas para que los parlamentarios alienten a sus Gobiernos a mejorar los procedimientos nacionales de designación de candidatos a magistrados de la CPI y adopten buenas prácticas y requisitos para garantizar que estos procesos sean justos, transparentes y meritocráticos. El objetivo de un procedimiento de designación sólido es el de garantizar que sólo los candidatos a magistrados o juristas del más alto calibre figuren en la papeleta de votación.
Es para nosotros un honor y un privilegio presentarles el Manual sobre la Ratificación e Implementación de las Enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Este Manual es producto de nuestros esfuerzos colectivos dirigidos a asistir a los Estados en la ratificación de las enmiendas aprobadas por consenso en Kampala—enmiendas que son fundamentales para el proceso de criminalización efectiva del uso ilegal de la fuerza en los asuntos internacionales.