Nosotros, los legisladores de todo el mundo que suscribimos esta declaración en nuestra capacidad individual, nos mantenemos unidos en apoyo inquebrantable a la Corte Penal Internacional (CPI). Como representantes de nuestros respectivos ciudadanos, estamos investidos con la responsabilidad fundamental de defender los principios de la democracia, la justicia, la rendición de cuentas y el estado de derecho, una responsabilidad que trasciende fronteras y nos une a un objetivo común.
La CPI, establecida por el Estatuto de Roma - adoptado el 17 de julio de 1998 y en vigor desde el 1 de julio de 2002 - continúa el legado de Nuremberg y el llamado colectivo de “nunca más”. En un mundo amenazado por crímenes atroces, sirve como la única corte penal internacional permanente con el mandato de enjuiciar a individuos responsables de los crímenes más graves de preocupación para la comunidad internacional, es decir, el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.
El principio de complementariedad es el eje fundamental que sustenta el funcionamiento la de la Corte. Este mecanismo jurídico complementa los sistemas judiciales nacionales, interviniendo solo cuando los Estados son incapaces o no están dispuestos a investigar y enjuiciar genuinamente crímenes najo la competencia de la CPI. Bajo este precepto, la Corte no está destinada a reemplazar las investigaciones judiciales nacionales, sino que sirve como una red de seguridad para impartir justicia que no se habría logrado de otra manera, asegura la rendición de cuentas de los perpetradores y justicia para las víctimas, disuade futuras atrocidades y fomenta una paz duradera y el estado de derecho.
Desafortunadamente, la CPI continúa enfrentando desafíos sin precedentes. Cualquier amenaza, presión política o sanción impuesta contra la Corte y sus funcionarios, representa un ataque directo a los mismos principios de la justicia internacional y sus fundamentos, incluida su integridad. Nosotros, los parlamentarios de todo el mudo, independientemente de nuestra afiliación política, tenemos un papel crítico que desempeñar en este momento y debemos mantenernos firmes en nuestra defensa colectiva para garantizar la independencia e imparcialidad de la CPI y asegurar que tenga la capacidad de llevar a cabo sus funciones dentro del marco de su mandato, impartiendo justicia donde los sistemas nacionales no lo hacen.
La independencia, integridad e imparcialidad de la CPI, por lo tanto, son primordiales. Cualquier intento de intimidar a la Corte e interferir con la independencia de sus investigaciones y enjuiciamientos basados en consideraciones políticas o de otra índole, socavan su legitimidad y pone en peligro la eficiencia y efectividad de su mandato. La justicia debe ser justa, construida sobre la igualdad y el pleno respeto del estado de derecho y los estándares de la justicia penal internacional. La CPI debe tener la libertad de llevar a cabo investigaciones de manera independiente, imparcial y concienzuda dondequiera que lleven las pruebas. Ningún individuo, independientemente de su poder o posición, está por encima de la ley.
Por lo tanto, nosotros, legisladores de todas las regiones del mundo, instamos a otros colegas a:
- Firmar esta declaración en una poderosa demostración de solidaridad global con la CPI.
- Abogar dentro de sus parlamentos nacionales por un apoyo inquebrantable a la CPI, incluyendo asegurar que su gobierno cumpla con sus obligaciones financieras, continúe cooperando con la Corte e implemente plenamente el Estatuto de Roma.
- Apoyen y promuevan la ratificación del Estatuto de Roma y todas sus enmiendas por parte de aquellos Estados que aún no lo han hecho. Cuanto más grande sea el sistema del Estatuto de Roma, más eficaz y eficiente se hará.
Las recientes amenazas contra la CPI resaltan la urgencia de nuestra acción. Unámonos en acción colectiva, como parlamentarios y representantes de nuestros ciudadanos, a luchar por un mundo donde los perpetradores de los crímenes más graves sean responsables y prevalezca el estado de derecho y la justicia internacional. La Corte Penal Internacional encarna la conciencia colectiva de la humanidad. Asegurémonos de que siga siendo un poderoso símbolo de esperanza y un pilar de un orden mundial justo y pacífico.
