Sierra Leona es un país abolicionista de facto, ya que llevó a cabo su última ejecución en 1998. En mayo de 2014, el Ministro de Justicia Franklyn Bai Kargbo se comprometió ante el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura a abolir la pena capital en la ley y conmutar sentencia de muerte de los últimos presos a cadena perpetua. A pesar de esta declaración pública, el país condenó a muerte a 4 personas en 2018 y 42 personas permanecieron en el corredor de la muerte.

Si bien Sierra Leona ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en 1996, aún tiene que ratificar su Segundo Protocolo Facultativo destinado a abolir la pena de muerte (PIDCP-PF2).

13-14 de enero de 2014: Campaña para la Abolición de la Pena de Muerte fue lanzada durante una Conferencia Regional sobre la Abolición de la Pena de Muerte en Freetown (Sierra Leona).