Sri Lanka es un país abolicionista de facto, ya que llevó a cabo su última ejecución en 1976. El país condenó a muerte a al menos 17 personas, pero no llevó a cabo ninguna ejecución en 2018. Al menos 1.299 personas siguen condenadas a muerte.

Si bien Sri Lanka ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en 1980, aún tiene que ratificar su Segundo Protocolo Facultativo destinado a abolir la pena de muerte (PIDCP-OP2).

8 de agosto de 2018: reunidos para discutir las prioridades del Grupo Nacional de PGA en Sri Lanka, los miembros de PGA concluyeron que no estaban de acuerdo con la pena de muerte y decidieron trabajar en este tema.